Por primera vez en México, cientos de ex testigos de Jehová levantan la voz para delatar los abusos, violaciones a derechos humanos, injusticias y encubrimientos.
Por Gloria Piña
El 26 de julio presentaron un exhorto a la CNDH, Conapred y Secretaría de Gobernación para que se analicen las acciones de esta congregación y se imparta justicia.
Abusos y encubrimiento
Cuando apenas tenía 3 años, Mitqa fue agredida sexualmente dentro de los testigos de Jehová. La pequeña fue abusada por un “anciano” de la congregación en La Cruz de Huanacaxtle (Nayarit).
Su madre, Magda Lazo, que presenció la agresión, presentó denuncias que fueron encubiertas por la institución religiosa. Tras 21 años del hecho, la justicia jamás llegó.
“Al hablar con la congregación me dijeron que ya lo sabían y le habían dicho (al agresor) que dejara de hacerlo. Me dijeron que tenía que perdonar y, preferentemente, que no hablara de esto con las autoridades para no manchar el nombre de Jehová”, cuenta la ahora ex creyente.
Afirma que en ese tiempo, el “Cuerpo Gobernante” de la secta le impidió delatar los abusos. Ella renunció y levantó una denuncia penal; pero eso le costó el ostracismo de toda la comunidad e incluso de su propia familia.
Areli Jiménez perteneció a los testigos de Jehová durante 17 años, hasta 2007. Cuando se dio cuenta de las limitaciones que había significado la secta en su vida y los abusos que se solapaban dentro, decidió renunciar.
Le impidieron continuar sus estudios universitarios porque eso significaba “hacer proselitismo al diablo”, además de que fue acosada sexualmente por dos compañeros de congregación.
Ella y sus dos hermanas quedaron huérfanas a los 13 años. Su padre, un ex integrante de las fuerzas armadas, falleció en 1996, y fueron abandonadas por su madre, que nunca se encargó del cuidado. Por su estado vulnerable, fueron fácilmente captadas por los testigos de Jehová.
“Mi padre muere y llegaron a predicarnos. Nos dijeron que si hacíamos todo lo que la Biblia decía supuestamente Jehová en el futuro iba a resucitar a nuestro papá y con eso nos engancharon”, cuenta en entrevista.
Afirma que durante más de 10 años se encargaron de captar a otras personas hacia la secta con la venta de libros y predicando de casa en casa. Eso las dejó sin posibilidades de ingresos, ya que no tenían actividades productivas y estaban económicamente abandonadas.
El abandono de los estudios, impedirles continuar un proyecto de vida alejado de la religión, o la prohibición de socializar con personas fuera de la congregación son algunas de las exigencias más comunes y coercitivas para los adeptos de este grupo.
Esto ha llevado a suicidios o afectaciones emocionales muy difíciles de sanar con los años. Pese a dejar el culto religioso, las afectaciones continúan porque los desertores son violentados después de renunciar.
Tras dejar a los testigos de Jehová, que llaman “una organización extremista y destructiva”, los ex adeptos se enfrentan al exilio social. Les cierran las puertas en trabajos, familias, grupos sociales e incluso, en la mayoría de los casos, tienen que desplazarse de manera forzada de sus estados de origen.
“Hemos encontrado que empiezan a sufrir acoso, hostigamiento por la propia congregación. Tienes que desplazarte, casi ninguno de nosotros vive en sus lugares de origen por el grado de violencia y acoso que empezamos a vivir en la vida cotidiana”, explica Gicelle Barajas, miembro del movimiento de ex testigos de Jehová.
En México se desconoce una cifra oficial de denuncias por abusos cometidos en instituciones religiosas. A diferencia de otras creencias como la católica o evangélica, donde son conocidos o denunciados los casos de agresiones sexuales, principalmente cometidos por sacerdotes y pastores, en el caso de los testigos de Jehová se han callado durante años.
Como otro de ejemplo de agravios está el acceso a la salud, ya que a los testigos se les impide recibir transfusiones sanguíneas, lo que, de acuerdo con los ex adeptos, ha terminado con la vida de cientos de ellos.
De 1990 a 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el registro de 24 expedientes por presunta violación de los derechos humanos en el sector salud de personas provenientes de los testigos de Jehová.
De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, los hechos violatorios más frecuentes son discriminación por motivos religiosos, negativa de prestación de servicios y realización deficiente de trámites médicos. Siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social la dependencia más denunciada.
Mientras que los abusos y violación de derechos humanos de las instituciones religiosas no se sancionan, el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI) ha detectado una disminución de adeptos al pasar los años.
De acuerdo con el censo 2020 del INEGI, en México cerca de 1.530.909 personas son testigos de Jehová, mientras que hace 10 años se registraron 1.561.086 miembros. Lo que representa una disminución de más de 60.000 adeptos en una década.
Los ex adeptos afirman que si las autoridades no ponen freno a la coacción religiosa de los testigos de Jehová, cientos de personas seguirán siendo víctimas sin denunciar los abusos por miedo a represalias.
Afirma que en ese tiempo, el “Cuerpo Gobernante” de la secta le impidió delatar los abusos. Ella renunció y levantó una denuncia penal; pero eso le costó el ostracismo de toda la comunidad e incluso de su propia familia.
“Podemos resucitar a tu padre”
Areli Jiménez perteneció a los testigos de Jehová durante 17 años, hasta 2007. Cuando se dio cuenta de las limitaciones que había significado la secta en su vida y los abusos que se solapaban dentro, decidió renunciar.
Le impidieron continuar sus estudios universitarios porque eso significaba “hacer proselitismo al diablo”, además de que fue acosada sexualmente por dos compañeros de congregación.
Ella y sus dos hermanas quedaron huérfanas a los 13 años. Su padre, un ex integrante de las fuerzas armadas, falleció en 1996, y fueron abandonadas por su madre, que nunca se encargó del cuidado. Por su estado vulnerable, fueron fácilmente captadas por los testigos de Jehová.
“Mi padre muere y llegaron a predicarnos. Nos dijeron que si hacíamos todo lo que la Biblia decía supuestamente Jehová en el futuro iba a resucitar a nuestro papá y con eso nos engancharon”, cuenta en entrevista.
Afirma que durante más de 10 años se encargaron de captar a otras personas hacia la secta con la venta de libros y predicando de casa en casa. Eso las dejó sin posibilidades de ingresos, ya que no tenían actividades productivas y estaban económicamente abandonadas.
El abandono de los estudios, impedirles continuar un proyecto de vida alejado de la religión, o la prohibición de socializar con personas fuera de la congregación son algunas de las exigencias más comunes y coercitivas para los adeptos de este grupo.
Esto ha llevado a suicidios o afectaciones emocionales muy difíciles de sanar con los años. Pese a dejar el culto religioso, las afectaciones continúan porque los desertores son violentados después de renunciar.
Fe que decae: Desplazamiento forzado e injusticias pendientes
Tras dejar a los testigos de Jehová, que llaman “una organización extremista y destructiva”, los ex adeptos se enfrentan al exilio social. Les cierran las puertas en trabajos, familias, grupos sociales e incluso, en la mayoría de los casos, tienen que desplazarse de manera forzada de sus estados de origen.
“Hemos encontrado que empiezan a sufrir acoso, hostigamiento por la propia congregación. Tienes que desplazarte, casi ninguno de nosotros vive en sus lugares de origen por el grado de violencia y acoso que empezamos a vivir en la vida cotidiana”, explica Gicelle Barajas, miembro del movimiento de ex testigos de Jehová.
En México se desconoce una cifra oficial de denuncias por abusos cometidos en instituciones religiosas. A diferencia de otras creencias como la católica o evangélica, donde son conocidos o denunciados los casos de agresiones sexuales, principalmente cometidos por sacerdotes y pastores, en el caso de los testigos de Jehová se han callado durante años.
De 1990 a 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el registro de 24 expedientes por presunta violación de los derechos humanos en el sector salud de personas provenientes de los testigos de Jehová.
De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, los hechos violatorios más frecuentes son discriminación por motivos religiosos, negativa de prestación de servicios y realización deficiente de trámites médicos. Siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social la dependencia más denunciada.
Mientras que los abusos y violación de derechos humanos de las instituciones religiosas no se sancionan, el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI) ha detectado una disminución de adeptos al pasar los años.
De acuerdo con el censo 2020 del INEGI, en México cerca de 1.530.909 personas son testigos de Jehová, mientras que hace 10 años se registraron 1.561.086 miembros. Lo que representa una disminución de más de 60.000 adeptos en una década.
Los ex adeptos afirman que si las autoridades no ponen freno a la coacción religiosa de los testigos de Jehová, cientos de personas seguirán siendo víctimas sin denunciar los abusos por miedo a represalias.
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