El crimen de Tartagal conmovió a la opinión pública en los últimos días. Recordemos que una joven de 21 años con un embarazo de casi 6 meses solicitó un aborto en el hospital de esa ciudad salteña, pero se arrepintió luego de comenzar el proceso y lo comunicó. “Yo quería que mi hija Milagros esté con vida”, dice la joven en la denuncia que realizó contra la médica Miranda Ruiz porque “mató a su bebé”.
Diputados de la oposición presentaron un proyecto de declaración (expte 3761/2021) en el que repudian enérgicamente “el aborto forzado” realizado a la joven y advierten sobre las graves inconsistencias de la Ley de aborto, reglamentada recientemente.
Destacan en los fundamentos que la Ley “avasalla gravemente el derecho humano fundamental a la vida consagrado en nuestro ordenamiento jurídíco (.) pero también hoy está suscitando nada más ni nada menos que abortos forzados, conocidos como una nueva forma de violencia contra la mujer”.
Enfatizan que la joven salteña fue obligada a abortar y que su beba -de 22 semanas y dos días de gestación- “fue dejada morir asfixiada y tirada en un tacho de basura”.
“Lo sucedido es repudiable y abre un camino para replantear posiciones respecto de una ley que no protege a nadie, ni a los niños por nacer, ni a las mujeres”.
El expediente es de la autoría de la diputada Dina Rezinovsky y fue cofirmado por sus compañeros del PRO: Victoria Morales Gorleri, Hernán Berisso, Pablo Torello, Carla Piccolomini, Gustavo Hein, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Alberto Asseff, Federico Angelini, Gisela Scaglia, Jorge Enríquez, Soher El Sukaria y Martín Grande, a los que se sumó la diputada de la Coalición Cívica Carolina Castets (CC). Además adhirieron los diputados: Rubén Manzi (CC), Héctor Stefani (PRO) y Adriana Ruarte (PRO).
Los mismos legisladores impulsan un proyecto de resolución (expte 3760/2021) por el que piden citar a la Ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, “para que explique qué medidas se impulsarán desde su ministerio para prevenir y erradicar el aborto forzado”.
Desde el oficialismo, por el contrario, expresaron “solidaridad” con Miranda Ruiz, la médica de la “Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir” que -según dice el proyecto- garantizó “una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el marco de la Ley 27.610”.
El expediente (3714/2021) es de la autoría de Lía Caliva (FdT, Salta) y lleva además las firmas de sus compañeras de bloque: Mónica Macha, Jimena López, Ayelén Spósito, Ma. Rosa Martínez, Alicia Aparicio, Mabel Caparrós, Estela Hernández, Mara Brawer, Fernanda Vallejos, Susana Landriscini, Alcira Figueroa, Gabriela Cerruti y Cecilia Moreau. Cuenta además con la adhesión de las diputadas Carolina Yutrovic y Gisela Marziotta.
Consideran “repudiable y de extrema gravedad” que la Dra. Miranda Ruiz haya sido detenida por la justicia salteña el 3 de septiembre y liberada horas más tarde. “Esta actuación sólo viene a seguir obstaculizando el acceso a los ‘derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva’ y a vivir una vida libre de violencias en Salta y Argentina”, afirman en los fundamentos.
El proyecto de Caliva no menciona detalles de la práctica, ni a la pequeña salteña que perdió la vida en ella.
NOTIVIDA
Diputados de la oposición presentaron un proyecto de declaración (expte 3761/2021) en el que repudian enérgicamente “el aborto forzado” realizado a la joven y advierten sobre las graves inconsistencias de la Ley de aborto, reglamentada recientemente.
Destacan en los fundamentos que la Ley “avasalla gravemente el derecho humano fundamental a la vida consagrado en nuestro ordenamiento jurídíco (.) pero también hoy está suscitando nada más ni nada menos que abortos forzados, conocidos como una nueva forma de violencia contra la mujer”.
Enfatizan que la joven salteña fue obligada a abortar y que su beba -de 22 semanas y dos días de gestación- “fue dejada morir asfixiada y tirada en un tacho de basura”.
“Lo sucedido es repudiable y abre un camino para replantear posiciones respecto de una ley que no protege a nadie, ni a los niños por nacer, ni a las mujeres”.
El expediente es de la autoría de la diputada Dina Rezinovsky y fue cofirmado por sus compañeros del PRO: Victoria Morales Gorleri, Hernán Berisso, Pablo Torello, Carla Piccolomini, Gustavo Hein, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Alberto Asseff, Federico Angelini, Gisela Scaglia, Jorge Enríquez, Soher El Sukaria y Martín Grande, a los que se sumó la diputada de la Coalición Cívica Carolina Castets (CC). Además adhirieron los diputados: Rubén Manzi (CC), Héctor Stefani (PRO) y Adriana Ruarte (PRO).
Los mismos legisladores impulsan un proyecto de resolución (expte 3760/2021) por el que piden citar a la Ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, “para que explique qué medidas se impulsarán desde su ministerio para prevenir y erradicar el aborto forzado”.
Desde el oficialismo, por el contrario, expresaron “solidaridad” con Miranda Ruiz, la médica de la “Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir” que -según dice el proyecto- garantizó “una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el marco de la Ley 27.610”.
El expediente (3714/2021) es de la autoría de Lía Caliva (FdT, Salta) y lleva además las firmas de sus compañeras de bloque: Mónica Macha, Jimena López, Ayelén Spósito, Ma. Rosa Martínez, Alicia Aparicio, Mabel Caparrós, Estela Hernández, Mara Brawer, Fernanda Vallejos, Susana Landriscini, Alcira Figueroa, Gabriela Cerruti y Cecilia Moreau. Cuenta además con la adhesión de las diputadas Carolina Yutrovic y Gisela Marziotta.
Consideran “repudiable y de extrema gravedad” que la Dra. Miranda Ruiz haya sido detenida por la justicia salteña el 3 de septiembre y liberada horas más tarde. “Esta actuación sólo viene a seguir obstaculizando el acceso a los ‘derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva’ y a vivir una vida libre de violencias en Salta y Argentina”, afirman en los fundamentos.
El proyecto de Caliva no menciona detalles de la práctica, ni a la pequeña salteña que perdió la vida en ella.
NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río
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