El acuerdo de 880 millones de dólares de la Archidiócesis de Los Ángeles, anunciado el 16 de octubre, eleva el total de pagos de las diócesis católicas de EE.UU. por demandas de abusos desde 2004 a más de 5.000 millones de dólares - y posiblemente más de 6.000 millones de dólares - según ha descubierto OSV News.
Un total agregado de dos décadas de informes emitidos por la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. muestra que las diócesis y eparquías del país pagaron unos 4.384 millones de dólares para resolver las demandas entre 2004 y 2023.
Los datos para el año fiscal 2024 aún están pendientes; sin embargo, el acuerdo de 880 millones de dólares de la Archidiócesis de Los Ángeles y un acuerdo de 323 millones de dólares anunciado el 26 de septiembre por la Diócesis de Rockville Centre, Nueva York, suman 1.200 millones de dólares en el lapso de menos de un mes.
Esos dos acuerdos, más el total de la USCCB para 2004-2023, suman 5.590 millones de dólares.
El total de la USCCB 2004-2023 no parece incluir un acuerdo de 660 millones de dólares anunciado en 2007 por la archidiócesis de Los Ángeles que, junto con el acuerdo del 16 de octubre, eleva el total de esa archidiócesis a al menos 1.540 millones de dólares en costes relacionados con abusos en las últimas dos décadas.
Para calcular los pagos agregados en las últimas dos décadas, OSV News examinó los datos del informe anual de la USCCB sobre la aplicación de la “Carta para la Protección de Niños y Jóvenes”, también conocida como la “Carta de Dallas”. Desde la adopción de la Carta en 2002, la USCCB ha informado sobre los gastos totales realizados por las diócesis y eparquías del país para hacer frente a las demandas por abusos sexuales.
Esos datos son recogidos y preparados por el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado (Center for Applied Research in the Apostolate, CARA por su nombre en inglés) de la Universidad de Georgetown, utilizando encuestas por Internet y por correo. La tasa de respuesta de las diócesis del país para el período 2004-2023 ha sido normalmente del 99% al 100%. (CARA también incluye en el informe anual los mismos datos para los institutos religiosos clericales y mixtos; sin embargo, la tasa de respuesta de esas congregaciones suele ser del 68% al 72%).
Los costes representan los fondos “gastados u obligados de otro modo” durante un año determinado como resultado de acusaciones de abusos sexuales a menores. En las cifras se incluyen los acuerdos extrajudiciales, los pagos de terapias tanto a los supervivientes (si no están incluidos en un acuerdo extrajudicial) como a los agresores, y los honorarios de los abogados.
Desde 2004 (año en que se publicó el primer informe de este tipo) hasta 2013, CARA totalizó los datos por años naturales. En 2014, el Secretariado de Protección de la Infancia y la Juventud de la USCCB cambió el período de presentación de informes para que coincidiera con los ejercicios fiscales del 1 de julio al 30 de junio utilizados por muchas diócesis y eparquías para sus auditorías anuales.
Aparte de las cifras del CARA sobre indemnizaciones por abusos, están las cantidades totales que las diócesis han pagado para establecer y mantener la protección de “un entorno seguro”. Esas cifras, incluidas en la encuesta CARA para la USCCB, suman al menos 628,8 millones de dólares para los años 2004-2023.
Los datos de USCCB-CARA no incluyen los acuerdos alcanzados por las diócesis con las víctimas antes de 2004. Dichas cantidades varían, y muchas de ellas no han sido reveladas por las diócesis.
Por ejemplo, la diócesis de Superior, Wisconsin, llegó a un acuerdo con dos víctimas en 1989 por un importe de 3 millones de dólares. En enero de 2002, la diócesis de Tucson (Arizona) resolvió 11 demandas en nombre de 16 demandantes por unos 14 millones de dólares. Al año siguiente, la misma diócesis llegó a un acuerdo con cinco víctimas por 1,8 millones de dólares.
Se desconocen otros acuerdos diocesanos anteriores a la adopción de la Carta de Dallas, como el alcanzado por la diócesis de Pueblo (Colorado) con un demandante por abusos del padre John Beno, que también fue senador del estado de Colorado entre 1981 y 1986.
Según un informe del gran jurado de Pensilvania de 2016, el difunto obispo Joseph V. Adamec, que dirigió la diócesis de Altoona-Johnstown desde 1987 hasta su jubilación en 2011, mantuvo una “tabla de pagos” que especificaba una cantidad de compensación directa de la diócesis a una víctima, dependiendo de la naturaleza de un caso determinado de abuso sexual clerical. La tabla especificaba pagos de entre 10.000 y 175.000 dólares a cambio de acuerdos de confidencialidad o exenciones de responsabilidad.
Los datos de la USCCB y la CARA no especifican la cobertura de los costes frecuentemente asociados a las consecuencias de los abusos sexuales, como los salarios perdidos y el tratamiento de recuperación de adicciones, que pueden o no estar totalmente cubiertos en una cantidad determinada del acuerdo.
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