¿Qué dice el Derecho Canónico sobre dar la comunión a los políticos abortistas?
Por Tommaso Scandroglio
Volvamos a la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) que tenía como tema la comunión de los políticos abortistas. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico al respecto?
El Canon 915 dice: "Las personas excomulgadas e interdictadas no pueden ser admitidas a la Sagrada Comunión después de la imposición o declaración de la pena y otras que perseveren obstinadamente en un pecado grave manifiesto". Por ahora, centremos nuestra atención en la categoría de los excomulgados.
El canon 1398 a su vez dice: "Quien recurre al aborto, logrando su efecto, incurre en la excomunión latae sententiae".
En principio, parecería que el excomulgado sólo puede ser el médico, que provoca materialmente el aborto, y la mujer, que elige el aborto por sí misma. Por lo tanto, el político que públicamente está a favor del aborto parecería excluido del grupo de sujetos que recurren al aborto y que, por tanto, se ven afectados por la excomunión. Pero no es así porque la excomunión también puede afectar a los colaboradores, tanto materiales como morales.
De hecho, el canon 1329 § 2 establece: «Incurren en la pena latae sententiae al delito los cómplices no nombrados por la ley o por el precepto [como ocurre en el canon 1398 en el que no se nombra a los cómplices], ya que sin su asistencia no se hubiera cometido el delito [...]». En general, la doctrina señala estas figuras de colaboradores que pueden contribuir de manera necesaria al delito de aborto: padres, enfermeras, trabajadores sociales, personal de los centros de consejería, etc. ¿Qué pasa con los políticos pro-aborto?
Tomemos el ejemplo de Biden. El presidente, entre otras iniciativas, aprobó la asignación de fondos pro aborto. Sin ese dinero no habría sido posible practicar y no será posible practicar algunos (pocos o muchos, no importa) abortos. En resumen, la financiación es una condición sine qua non para permitir que algunas mujeres aborten. Sin ese dinero, algunas madres habrían tenido un aborto de todos modos, pero otras no. Así que estas iniciativas del presidente, como otras de otros políticos, se encuadran en la condición de necesidad que señala el canon 1329: "si sin su asistencia no se hubiera cometido el delito".
Pero no se puede excluir que una forma de asistencia necesaria es también la del político que, sin firmar ninguna ley que facilite el aborto y sin destinar fondos pro-aborto, se pronuncia a favor del aborto. Sus palabras podrían ser ese aliciente, necesario aunque no suficiente, para motivar a algunas mujeres -uno es suficiente- a recurrir al aborto. En definitiva, la gota imprescindible para desbordar el vaso.
Volvamos al canon 915 que prohíbe dar la comunión no solo a los excomulgados -y entre ellos hemos visto que también hay quienes colaboran material y moralmente en el aborto haciendo una asistencia necesaria- pero también todos aquellos "que perseveran obstinadamente en el pecado grave manifiesto". ¿El político que se pronuncia a favor del aborto persevera en un pecado grave manifiesto? Empecemos con una reflexión. El aborto es un pecado grave. Aconsejar tener un aborto es igualmente un pecado grave. El político que pública y continuamente apoya las prácticas de aborto no solo las aprueba, sino que las difunde ampliamente: en definitiva, es como si las recomendara a un número indefinido de personas. Aprobar y, más aún, querer difundir el aborto es un pecado grave. Siempre que se cumplan las otras dos condiciones: advertencia total y consentimiento deliberado, el político estaría en un estado de pecado mortal, una condición que le impediría comulgar si no se hubiera confesado y arrepentido primero.
Sin embargo, si el político fue al altar para recibir la Sagrada Comunión, ¿cómo debería comportarse el sacerdote? Debería prohibirle la comunión precisamente porque su apoyo público al aborto lo coloca legítimamente entre los "que perseveran obstinadamente en un pecado grave manifiesto", como se recuerda en la Nota del año 2004 del entonces cardenal Ratzinger enviada a los obispos estadounidenses (aquí el texto original en español). La doctrina generalmente incluye convivientes, católicos casados sólo civilmente, divorciados y vueltos a casar, entre otros. Si se niega la comunión al conviviente soltero, a fortiori debe negarse a los políticos que están públicamente a favor del aborto, así como debe negarse a los que son conocidos partidarios de ideologías ateas y materialistas: ¿no se incluye legítimamente la ideología pro-aborto entre las ideologías materialistas?
Una buena nota: Se debe negar la comunión porque el pecado es grave y manifiesto, sin señalar que el político es consciente de esta gravedad o que ha elegido libremente apoyar el aborto. Aunque falten estas dos condiciones, conciencia y libertad, que afectan mucho la responsabilidad individual, disminuyéndola mucho o incluso anulándola (más en la teoría que en la práctica), en todo caso el sacerdote debe negar la comunión porque el apoyo público al aborto configura una situación objetivamente desordenada en contraste con la santidad de la Eucaristía, así como con la dignidad personal, y que puede causar escándalo: constituiría una suerte de bendición eucarística al aborto. Así se expresó el entonces Cardenal Ratzinger en la Nota de 2004, citada en la reciente carta de la CDF pero desatendida por la misma en las indicaciones pastorales: “El ministro de la Sagrada Comunión debe negarse a distribuirla” (cf. Declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos “Sagrada Comunión y católicos divorciados vueltos a casar civilmente” [2002], núms. 3-4). Esta decisión, propiamente hablando, no es una sanción ni una penalización. El ministro de la Sagrada Comunión tampoco está juzgando la culpa subjetiva de la persona, sino que está reaccionando a la indignidad pública de la persona para recibir la Sagrada Comunión debido a una situación objetiva de pecado”.
¿Y si el político cambia de opinión sobre el aborto? En primer lugar, tendría el deber, por espíritu compensatorio, de hacer pública su conversión. Si no lo ha hecho y, sin embargo, se ha confesado y ha prometido hacerlo en el futuro y el sacerdote desconoce estas condiciones, con razón, el mismo sacerdote debería negar la comunión, considerándolo un pecador grave manifiesto. Si el sacerdote, en cambio, tuviera conocimiento de la presencia de estas condiciones, aún sería recomendable, para evitar escándalos, que la comunión tuviera lugar en privado, siempre y cuando el político no hubiera comunicado públicamente su aversión a cualquier forma de aborto.
En definitiva, la comunión debe ser negada al político abortista, tanto porque está excomulgado por ser cómplice del aborto al aportar un aporte necesario, como porque persevera en un pecado grave manifiesto. Esto debería haber enfatizado la carta de la CDF para proteger en primer lugar la santidad infinita de la Eucaristía, en segundo lugar, la fe de todos y en tercer lugar, la seguridad espiritual e incluso física del propio político, como recuerda San Pablo: "Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, que cada uno se examine a sí mismo y luego coma de este pan y beba de esta copa; porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación". Y preste atención a cómo concluye: "Por eso hay muchos enfermos y débiles entre ustedes, y muchos han muerto" (1, Cor. 11, 27-30). Pablo está hablando no solo de la muerte espiritual, sino también de la muerte física.
La Brújula Cotidiana
Tomemos el ejemplo de Biden. El presidente, entre otras iniciativas, aprobó la asignación de fondos pro aborto. Sin ese dinero no habría sido posible practicar y no será posible practicar algunos (pocos o muchos, no importa) abortos. En resumen, la financiación es una condición sine qua non para permitir que algunas mujeres aborten. Sin ese dinero, algunas madres habrían tenido un aborto de todos modos, pero otras no. Así que estas iniciativas del presidente, como otras de otros políticos, se encuadran en la condición de necesidad que señala el canon 1329: "si sin su asistencia no se hubiera cometido el delito".
Pero no se puede excluir que una forma de asistencia necesaria es también la del político que, sin firmar ninguna ley que facilite el aborto y sin destinar fondos pro-aborto, se pronuncia a favor del aborto. Sus palabras podrían ser ese aliciente, necesario aunque no suficiente, para motivar a algunas mujeres -uno es suficiente- a recurrir al aborto. En definitiva, la gota imprescindible para desbordar el vaso.
Volvamos al canon 915 que prohíbe dar la comunión no solo a los excomulgados -y entre ellos hemos visto que también hay quienes colaboran material y moralmente en el aborto haciendo una asistencia necesaria- pero también todos aquellos "que perseveran obstinadamente en el pecado grave manifiesto". ¿El político que se pronuncia a favor del aborto persevera en un pecado grave manifiesto? Empecemos con una reflexión. El aborto es un pecado grave. Aconsejar tener un aborto es igualmente un pecado grave. El político que pública y continuamente apoya las prácticas de aborto no solo las aprueba, sino que las difunde ampliamente: en definitiva, es como si las recomendara a un número indefinido de personas. Aprobar y, más aún, querer difundir el aborto es un pecado grave. Siempre que se cumplan las otras dos condiciones: advertencia total y consentimiento deliberado, el político estaría en un estado de pecado mortal, una condición que le impediría comulgar si no se hubiera confesado y arrepentido primero.
Sin embargo, si el político fue al altar para recibir la Sagrada Comunión, ¿cómo debería comportarse el sacerdote? Debería prohibirle la comunión precisamente porque su apoyo público al aborto lo coloca legítimamente entre los "que perseveran obstinadamente en un pecado grave manifiesto", como se recuerda en la Nota del año 2004 del entonces cardenal Ratzinger enviada a los obispos estadounidenses (aquí el texto original en español). La doctrina generalmente incluye convivientes, católicos casados sólo civilmente, divorciados y vueltos a casar, entre otros. Si se niega la comunión al conviviente soltero, a fortiori debe negarse a los políticos que están públicamente a favor del aborto, así como debe negarse a los que son conocidos partidarios de ideologías ateas y materialistas: ¿no se incluye legítimamente la ideología pro-aborto entre las ideologías materialistas?
Una buena nota: Se debe negar la comunión porque el pecado es grave y manifiesto, sin señalar que el político es consciente de esta gravedad o que ha elegido libremente apoyar el aborto. Aunque falten estas dos condiciones, conciencia y libertad, que afectan mucho la responsabilidad individual, disminuyéndola mucho o incluso anulándola (más en la teoría que en la práctica), en todo caso el sacerdote debe negar la comunión porque el apoyo público al aborto configura una situación objetivamente desordenada en contraste con la santidad de la Eucaristía, así como con la dignidad personal, y que puede causar escándalo: constituiría una suerte de bendición eucarística al aborto. Así se expresó el entonces Cardenal Ratzinger en la Nota de 2004, citada en la reciente carta de la CDF pero desatendida por la misma en las indicaciones pastorales: “El ministro de la Sagrada Comunión debe negarse a distribuirla” (cf. Declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos “Sagrada Comunión y católicos divorciados vueltos a casar civilmente” [2002], núms. 3-4). Esta decisión, propiamente hablando, no es una sanción ni una penalización. El ministro de la Sagrada Comunión tampoco está juzgando la culpa subjetiva de la persona, sino que está reaccionando a la indignidad pública de la persona para recibir la Sagrada Comunión debido a una situación objetiva de pecado”.
¿Y si el político cambia de opinión sobre el aborto? En primer lugar, tendría el deber, por espíritu compensatorio, de hacer pública su conversión. Si no lo ha hecho y, sin embargo, se ha confesado y ha prometido hacerlo en el futuro y el sacerdote desconoce estas condiciones, con razón, el mismo sacerdote debería negar la comunión, considerándolo un pecador grave manifiesto. Si el sacerdote, en cambio, tuviera conocimiento de la presencia de estas condiciones, aún sería recomendable, para evitar escándalos, que la comunión tuviera lugar en privado, siempre y cuando el político no hubiera comunicado públicamente su aversión a cualquier forma de aborto.
En definitiva, la comunión debe ser negada al político abortista, tanto porque está excomulgado por ser cómplice del aborto al aportar un aporte necesario, como porque persevera en un pecado grave manifiesto. Esto debería haber enfatizado la carta de la CDF para proteger en primer lugar la santidad infinita de la Eucaristía, en segundo lugar, la fe de todos y en tercer lugar, la seguridad espiritual e incluso física del propio político, como recuerda San Pablo: "Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, que cada uno se examine a sí mismo y luego coma de este pan y beba de esta copa; porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación". Y preste atención a cómo concluye: "Por eso hay muchos enfermos y débiles entre ustedes, y muchos han muerto" (1, Cor. 11, 27-30). Pablo está hablando no solo de la muerte espiritual, sino también de la muerte física.
La Brújula Cotidiana
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