El expediente quedó listo para ser tratado en el recinto de la cámara alta.
El proyecto modifica la Ley Nº 23.592, Antidiscriminatoria, para incorporar entre los supuestos discriminatorios la orientación sexual y la identidad de género. Eleva las escalas penales para los delitos cometidos por “persecución u odio” por estos supuestos. Actualiza el valor de las multas para los propietarios, organizadores o responsables de locales bailables, de recreación, salas de espectáculos u otros de acceso público, donde se cometan actos discriminatorios.
Según se lee en los fundamentos, con la propuesta se busca “que la identidad de género o la orientación sexual sea sólo una característica, que no tenga ninguna otra connotación o valoración”.
De convertirse en ley podrían ser sancionados los padres que se opongan a que a su hijo le digan en el colegio que puede elegir su orientación sexual, los docentes que enseñen que el matrimonio tiene una estructura natural, los que prediquen Romanos 1: 26-27, las congregaciones religiosas que no admitan homosexuales, los colegios que no acepten travestis entre sus docentes, etc
Durante el debate en comisión los legisladores de Juntos por el Cambio pidieron que el proyecto vuelva a asesores porque a último momento se habían introducido modificaciones no consensuadas respecto al monto de las multas y ellos entienden que éstas no deben expresarse en sumas fijas. Por esta razón no firmaron el dictamen, aunque manifestaron su total acuerdo con el espíritu de la iniciativa.
El dictamen producido esta semana (OD. 271/2022), lleva la firma de los presidentes de ambas comisiones Maria Eugenia Catalfamo (Banca de la Mujer) y Oscar Parrilli (Justicia), a los que acompañaron los senadores oficialistas: Silvia Sapag, Sandra Mendoza, Juliana Di Tullio, Guillermo Snopek, Ma. Eugenia Duré, Edgardo Kueider, María Teresa González, Carlos Linares, Ana María Ianni, Cristina López Valverde y Ricardo Guerra. También se sumaron María Clara Vega (Fuerza Cívica Riojana) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba).
NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río
El proyecto modifica la Ley Nº 23.592, Antidiscriminatoria, para incorporar entre los supuestos discriminatorios la orientación sexual y la identidad de género. Eleva las escalas penales para los delitos cometidos por “persecución u odio” por estos supuestos. Actualiza el valor de las multas para los propietarios, organizadores o responsables de locales bailables, de recreación, salas de espectáculos u otros de acceso público, donde se cometan actos discriminatorios.
Según se lee en los fundamentos, con la propuesta se busca “que la identidad de género o la orientación sexual sea sólo una característica, que no tenga ninguna otra connotación o valoración”.
De convertirse en ley podrían ser sancionados los padres que se opongan a que a su hijo le digan en el colegio que puede elegir su orientación sexual, los docentes que enseñen que el matrimonio tiene una estructura natural, los que prediquen Romanos 1: 26-27, las congregaciones religiosas que no admitan homosexuales, los colegios que no acepten travestis entre sus docentes, etc
Durante el debate en comisión los legisladores de Juntos por el Cambio pidieron que el proyecto vuelva a asesores porque a último momento se habían introducido modificaciones no consensuadas respecto al monto de las multas y ellos entienden que éstas no deben expresarse en sumas fijas. Por esta razón no firmaron el dictamen, aunque manifestaron su total acuerdo con el espíritu de la iniciativa.
El dictamen producido esta semana (OD. 271/2022), lleva la firma de los presidentes de ambas comisiones Maria Eugenia Catalfamo (Banca de la Mujer) y Oscar Parrilli (Justicia), a los que acompañaron los senadores oficialistas: Silvia Sapag, Sandra Mendoza, Juliana Di Tullio, Guillermo Snopek, Ma. Eugenia Duré, Edgardo Kueider, María Teresa González, Carlos Linares, Ana María Ianni, Cristina López Valverde y Ricardo Guerra. También se sumaron María Clara Vega (Fuerza Cívica Riojana) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba).
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