La reforma ha salido adelante en tercera lectura por 68 votos a favor y 51 en contra, por lo que para su entrada en vigor solo resta la firma de la gobernadora general, Patsy Reddy, considerada un mero trámite.
A partir de ahora las mujeres que quieran abortar en Nueva Zelanda no tendrán que argumentar ninguna razón para hacerlo. Tendrán libertad plena hasta la semana 20 para decidir sobre si quieren continuar con el embarazo o no.
Una vez pasadas esas 20 semanas, el aborto también será posible, si dan luz verde dos médicos. La reforma establece unas condiciones tan favorables para el aborto que puede considerarse como la legislación más abortista del mundo actualmente:
El aborto se realizará a petición de la embarazada, en cualquier momento hasta el nacimiento.
Se legaliza también el aborto para seleccionar el sexo.
Se suprime el límite actual de 20 semanas para el aborto por discapacidad detectada en el feto, de modo que podrá abortarse hasta momento de nacer por causas como labio leporino, pie zambo y síndrome Down.
No se requerirá que un médico tenga que intervenir para que se facilite la realización de un aborto.
No se requerirá legalmente que a los bebés que nazcan vivos después de un aborto «fallido» se les faciliten cuidados médicos.
No se requerirá legalmente que se alivie el dolor fetal que puedan padecer los bebés que sean abortados entre las 20 semanas y el nacimiento.
No habrá restricciones legales respecto a métodos controvertidos de aborto, como el llamado «por nacimiento parcial.
Varias enmiendas en contra del aborto para selección del sexo, en defensa de la objeción de conciencia y para pedir el alivio del dolor de los bebés abortados fueron rechazadas.
El cambio supone una victoria para la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardem, del partido laborista, que actualmente gobierna en coalición con el partido NZ (nacionalista) y el partido de los verdes.
La ley derogada de 1977 despenalizó el aborto cuando la salud física o mental de la madre pudiera verse afectada por el embarazo. Aunque nunca se aplicaron las sanciones penales que establecía la Ley, el Gobierno liderado por la actual primera ministra Jacinda Ardem tuvo desde su asunción el objetivo de revocarla.
Ha tardado unos años en poder cumplir su promesa, que supone un empujón para su coalición de centro-izquierda de cara a las próximas elecciones de septiembre.
InfoCatólica
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