MENORES, DELITOS Y PENALIDADES

Otra vez se instala en la opinión pública el tema de la responsabilidad de los menores en los delitos y, muy en particular, en los llamados delitos de sangre. En la ocasión, el asesinato de un vecino de la localidad bonaerense de Valentín Alsina por un menor de catorce años provocó la indignación de la gente que salió a la calle a reclamar que se ponga punto final a la impunidad. Funcionarios judiciales y políticos aseguraron que, por razones de seguridad, el menor no recuperará la libertad, pero que tampoco será procesado porque la ley en este punto es terminante.

El debate está abierto y su resolución no es sencilla. Componentes emocionales y en más de un caso irracionales se incluyen en la polémica y dificultan la posibilidad de pensar soluciones acordes con el derecho y la convivencia civilizada. En principio es correcto y legítimo que se respete el principio legal y no se actúe al margen de las normas, pero no es admisible que los jueces impartan justicia de acuerdo con los estados emocionales de la población. Desde ese punto de vista a nadie escapa que no se puede legislar sobre la base del dolor de las víctimas o dejándose dominar por pulsiones atávicas.

Sin embargo, las crecientes manifestaciones de las sociedad reclamando que se haga algo al respecto, no puede subestimarse o ser reducida simplemente a una suerte de “peste emocional” que pronto será superada. Lo sucedido en Valentín Alsina es un síntoma que el sistema político debe atender. No se trata de que las leyes vayan corriendo detrás de los acontecimientos. Nadie en su sano juicio defendería un sistema con esas modalidades, pero tampoco es válido atarse a los dictados de la letra y perder de vista el entorno social.

El tema es complejo y, por supuesto, su resolución no es sencilla. Los jueces tienen razón cuando defienden la primacía de la ley, pero tienen fundamento las protestas de los vecinos y familiares que contemplan cómo valiéndose de los vericuetos legales los asesinos recuperan la libertad. Si bien hay motivos para creer que la reducción de la edad de imputabilidad de los menores no resolvería los problemas, son atendibles los argumentos de quienes sostienen que el criterio de “menor” establecido por una legislación escrita hace un siglo no se corresponde con la vivencia y realidad de los menores actuales. La información, los contextos culturales se han modificado y es también el sentido común el que indica que no se pueden sostener normas escritas para una sociedad que se ha transformado.

Por último, y más allá de las opiniones que sostengamos a favor de las garantías, no será sencillo satisfacer a una sociedad que se considera agredida por diferentes conductas delictivas a las que el sistema se muestra impotente para poner límites. Se trata de entender, en definitiva, que a los sistemas legales con garantías avanzadas y humanistas hay que merecerlos. Cuando ello no ocurre y la gente sospecha que el crimen se adueña de las calles, episodios como los sucedidos en Valentín Alsina empiezan a dejar de ser anecdóticos para transformarse en el síntoma alarmante de una sociedad divorciada del Estado.

Editorial del Diario El Litoral de Santa Fe

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