Entre tanto, el Tribunal declaró al menor imputable a la fecha de la comisión del hecho, Vito Luciano Panza, autor material y responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante en calidad de autor” y resolvió remitir los testimonios al Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes competente a los efectos de que se proceda a la integración de sentencia.
Asimismo, el Tribunal no hizo lugar al pedido de prisión preventiva de Vargas solicitado por la fiscalía, y dispuso que la privación de libertad del mismo se haga efectiva una vez que se encuentre firme la sentencia (considerando que siempre estuvo ajustado a derecho y a disposición de la justicia y nunca molestó a las víctimas de autos); y le ordenó las siguientes medidas cautelares: mantener domicilio que no podrá mudar sin autorización judicial; prohibición de acercamiento en el radio de 300 metros a los domicilios de las víctimas; prohibición de realizar actos molestos por cualquier medio o por interpósita persona; obligación de retirarse de todo lugar público donde se encuentran las víctimas; prohibición de la salida del país y concurrir todos los viernes a la comisaría más cercana a su domicilio.
El tribunal hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía de establecer al menor imputable, Vito Panza, las medidas cautelares de mantener un domicilio que no podrá mudar sin autorización judicial, prohibición de acercarse en un radio de 300 metros a los domicilios de las víctimas y de actos molestos hacia ellas.
Las jornadas del juicio se realizaron en el salón de debates del edificio de Tribunales de la ciudad de La Paz, y hoy, 26 de marzo a las 13, se dará lectura íntegra de la sentencia.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representando por el fiscal Facundo Barbosa; la querella particular la ejerció la abogada Valeria Burkhardt; en tanto que el abogado Roberto Alsina defendió a los imputados. Vale remarcar que, por las características de los tres hechos, denunciados en 2017, el debate fue a puertas cerradas.
Resumen del caso
La causa se abrió en abril de 2017, cuando una adolescente de 18 años denunció en Facebook a los acusados, señalándolos como abusadores. El escrito motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.
Vargas era “siervo ministerial”, es decir, un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los ancianos (nombre que reciben los líderes de la congregación). Ese cargo o “privilegio” –como se lo denomina entre los testigos de Jehová– se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representando por el fiscal Facundo Barbosa; la querella particular la ejerció la abogada Valeria Burkhardt; en tanto que el abogado Roberto Alsina defendió a los imputados. Vale remarcar que, por las características de los tres hechos, denunciados en 2017, el debate fue a puertas cerradas.
Resumen del caso
La causa se abrió en abril de 2017, cuando una adolescente de 18 años denunció en Facebook a los acusados, señalándolos como abusadores. El escrito motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.
Vargas era “siervo ministerial”, es decir, un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los ancianos (nombre que reciben los líderes de la congregación). Ese cargo o “privilegio” –como se lo denomina entre los testigos de Jehová– se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza.
FUENTE: Diario Junio/InfoRies
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