Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Salud que aprueba el Protocolo de aborto
La matanza de personas inocentes e indefensas no mereció un “nunca más” de Alberto Fernández, al contrario, la primera disposición de su Ministro de salud fue aprobar y publicar en el Boletín Oficial un mecanismo sistemático para eliminarlas (Resolución 1/2019). Una acción inmoral, ilegítima e inconstitucional.
El Protocolo, en la práctica, se traduce en aborto a demanda desde los 13 años y aún antes si la niña es acompañada por una persona “allegada” o un “referente afectivo”, aunque los padres desconozcan o desaprueben la decisión.
El aborto se debe realizar en un plazo máximo de 10 días desde su solicitud y no hay límite de edad gestacional para perpetrarlo (el protocolo menciona, por ejemplo, la medicación a utilizar después de la semana 28).
La promoción del aborto
Cuando la embarazada llega al sistema de salud, el profesional –aún si es objetor de conciencia- deberá constatar si existe alguna de las causales previstas para acceder al aborto (por ejemplo, “que la continuación del embarazo pueda representar un peligro para la salud física, psíquica o social de la persona”) y ofrecerle la práctica; en caso contrario será pasible de sanciones penales, civiles y/o administrativas. Lo mismo si ante un pedido de aborto realiza maniobras dilatorias, suministra información falsa, viola el secreto profesional o la confidencialidad, por ejemplo, si se lo dice al cónyuge o a los padres de la gestante.
La objeción de conciencia es siempre “individual” y todos los servicios de salud deberán hacer abortos.
El objetor tiene el deber de practicar el aborto si no existe otro profesional que lo pueda garantizar. También “si se tratare de una situación de emergencia”.
Las cifras
Dando por ciertas las infundadas cifras anuales que menciona el propio Protocolo, el número de abortos oscila entre 370 y 522 mil y las muertes de gestantes en 30. Es decir, en promedio, moriría una mujer cada 15.000 chicos que se asesinan.
La medida publicada hoy lleva a suponer que el Gobierno nacional quiere evitar sólo una de cada 15.001 muertes vinculadas al aborto. Es comprensible entonces que muchos repudien enérgicamente la resolución, lo que sorprende es que otros, que como el presidente acaban de jurar “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, la “comprendan”.
NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río
Cuando la embarazada llega al sistema de salud, el profesional –aún si es objetor de conciencia- deberá constatar si existe alguna de las causales previstas para acceder al aborto (por ejemplo, “que la continuación del embarazo pueda representar un peligro para la salud física, psíquica o social de la persona”) y ofrecerle la práctica; en caso contrario será pasible de sanciones penales, civiles y/o administrativas. Lo mismo si ante un pedido de aborto realiza maniobras dilatorias, suministra información falsa, viola el secreto profesional o la confidencialidad, por ejemplo, si se lo dice al cónyuge o a los padres de la gestante.
La objeción de conciencia es siempre “individual” y todos los servicios de salud deberán hacer abortos.
El objetor tiene el deber de practicar el aborto si no existe otro profesional que lo pueda garantizar. También “si se tratare de una situación de emergencia”.
Las cifras
Dando por ciertas las infundadas cifras anuales que menciona el propio Protocolo, el número de abortos oscila entre 370 y 522 mil y las muertes de gestantes en 30. Es decir, en promedio, moriría una mujer cada 15.000 chicos que se asesinan.
La medida publicada hoy lleva a suponer que el Gobierno nacional quiere evitar sólo una de cada 15.001 muertes vinculadas al aborto. Es comprensible entonces que muchos repudien enérgicamente la resolución, lo que sorprende es que otros, que como el presidente acaban de jurar “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, la “comprendan”.
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