Los obispos chilenos comenzaron a testificar en la fiscalía local esta semana por cargos de encubrimiento de casos de abuso sexual clerical.
Su interrogatorio se produce menos de un año después de que todos los obispos del país presentaran su renuncia al papa Francisco, quien afirmó que muchos de ellos eran culpables de encubrimiento y destrucción de pruebas que implicaban a sacerdotes abusadores.
En total, ocho obispos chilenos han sido llamados a declarar, algunos de ellos acusados de haber abusado sexualmente de menores o seminaristas.
Al menos tres de ellos han comparecido esta semana ante los tribunales. Uno de ellos, el cardenal Ricardo Ezzati, solicitó el aplazamiento de una vista para pedir el sobreseimiento de su caso, tras conocerse a principios de semana que el cardenal había encubierto supuestamente al padre Tito Rivera, acusado de violar a un varón adulto en la catedral de Santiago.
Ezzati y la arquidiócesis han sido demandados por el hombre por 500.000 dólares.
Se espera que Francisco acepte pronto la renuncia de Ezzatiat, pero fuentes con conocimiento de la situación le han dicho a Crux que el papa está “trabajando duro” para asegurarse de que tenga el reemplazo correcto, y al mismo tiempo no se opone a que Ezzati sienta el borde de la espada de Damocles colgando sobre su cabeza por un poco más de tiempo.
Los laicos de Santiago y varios miembros del clero local, en cambio, exigen al pontífice que actúe ya.
Uno de los casos que se acusa a Ezzati de haber encubierto es el del sacerdote Óscar Muñoz Toledo, alto funcionario diocesano, quien a comienzos del año pasado admitió haber abusado de algunos de sus sobrinos.
También se le acusa de haber encubierto al padre Jorge Laplagne. Según diversas informaciones procedentes de Chile, el Vaticano abrió una investigación contra el sacerdote en diciembre, pero su presunta víctima, Javier Molina, afirma que nunca fue informado y que no se enteró hasta el miércoles.
Según Andrea Idalsoaga, que trabaja en la oficina de la archidiócesis de Santiago que debería haber informado a Molina, fue un “error olvidarse” de informar al denunciante de que se había iniciado una investigación.
“El proceso administrativo penal está en curso y siempre estamos disponibles para entregar información a las víctimas, en este caso particular lamentamos profundamente que nuestra actuación haya causado mayor dolor al señor Javier Molina”, dijo
El abogado de Ezzati pidió que se suspendiera la vista de sobreseimiento después de que los fiscales decidieran acumular las denuncias de que encubrió a Rivera y Muñoz Toledo.
Tras hacerse públicas las acusaciones en su contra, Rivera concedió una entrevista en la que dijo que no violó a nadie, pero sí reconoció su conducta homosexual y agregó que el 50 por ciento de los clérigos en Chile son homosexuales practicantes.
Obispo Ramos, desafiado por un demandante
Un video que se ha hecho viral en Twitter muestra al obispo Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile y administrador apostólico de la Diócesis de Rancagua antes de declarar durante más de seis horas el miércoles como testigo.
Mientras esperaba para entrar, fue interpelado por una víctima de abuso sexual clerical que también estaba testificando.
“Todos ustedes pagarán, todos pagarán con cárcel”, dijo Jorge León. “Deberíais estar en la cárcel. Todos ustedes estarán en prisión, ¡recuerden esto! Este hombre, ahí sentado, es culpable de encubrimiento”.
Ramos, al igual que Ezzati, fue interrogado por los casos de Muñoz Toledo y Laplagne. No comentó sobre qué otros casos se le preguntó.
Un obispo pide “transparencia”
El obispo Galo Fernández declaró el martes, también como testigo por varios casos de abuso sexual clerical. El prelado dijo a los medios que le parece importante “que las cosas se investiguen a fondo con transparencia, para que la verdad brille”.
Fernández es el administrador apostólico de Talca. Fue elegido por Francisco para reemplazar a Horacio Valenzuela, uno de los cuatro obispos que fueron tutelados por el ex sacerdote Fernando Karadima, declarado culpable de abuso sexual y abuso de poder. Fue apartado del estado clerical el año pasado, tras ser sancionado por el Vaticano en 2011.
“Me parece muy importante que las cosas se investiguen correctamente, con transparencia, con verdad” agregó el obispo. “Creo que nos hace bien como Iglesia tener una claridad sobre los eventos que han sucedido para superarlos por completo”.
Cuando se le preguntó sobre Ezzati, dijo que el cardenal está siendo investigado y que, como tal, tiene derecho a solicitar la información que se necesita para su defensa.
“No hay lugar en el sacerdocio para abusadores”
El obispo de Concepción, Fernando Chomali, también habló con los medios, pero sólo después de ser interrogado por la fiscalía: “No hay lugar en el sacerdocio para abusadores, y estamos siguiendo esa línea”, dijo.
“Le dije que tenemos un compromiso claro y solemne de buscar la verdad”, dijo Chomali sobre su encuentro con el fiscal. “Distinguimos claramente lo que es un pecado de lo que es un delito (...). El Santo Padre lo ha dicho una y otra vez”.
También dijo que los sacerdotes católicos no están fuera de la ley: “Somos chilenos y, como tales, estamos en deuda con las leyes del país y estamos en deuda con la verdad”.
El obispo de Arica, Moisés Atisha, también fue citado por encubrimiento, pero optó por ejercer su derecho a guardar silencio.
Bishop-Accountability
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