Por la Lic. Mónica del Río
Como ya anticipamos, la comisión de Asuntos Constitucionales despachó los proyectos que pretenden darle rango constitucional a la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, más conocida como Convención de Belem do Pará. Hoy los trató la comisión Banca de la Mujer y quedaron listos para llegar al recinto.
La iniciativa partió de los expedientes de Norma Durango (S 99/2020) y Gladys González (S 179/2020). Ambas senadoras habían hecho presentaciones similares en periodos parlamentarios anteriores.
Advertimos desde hace décadas que “violencia contra la mujer” o “violencia de género” es una herramienta de la “cultura de la muerte” para imponer “derechos sexuales y reproductivos”, lo que incluye el aborto. Esto ha quedado de manifiesto en los últimos años porque cada vez que hubo reticencias para practicar un aborto, el feminismo alegó “violencia contra la libertad reproductiva” o “violencia institucional”. Esta interpretación ideologizada de la violencia se izaría ahora hasta la cúspide de la pirámide jurídica.
Recordemos que en el año 2017, en el marco de las revisiones periódicas a los estados, el Comité de Seguimiento de la Convención (CEVI) instó “al Estado argentino a realizar todos los esfuerzos necesarios para que el proyecto (de aborto) se convierta en ley, de conformidad con la Convención y con la recomendación Nº 10 del Segundo Informe Hemisférico”.
El debate en la Banca de la Mujer
Guadalupe Tagliaferri (PRO, Ciudad de BsAs): tras aclarar que está totalmente de acuerdo con la iniciativa, reprochó el trámite exprés que tuvo el proyecto para poder llegar al recinto la semana que viene, señalando entre otras cosas que el adelantamiento de la reunión de comisión impidió la presencia de varias de sus integrantes.
Norma Durango (Peronismo Pampeano) reiteró que celebra el tratamiento del proyecto que le otorga jerarquía constitucional a un instrumento que “protege a las mujeres de la violencia”. Destacó que es el primer tratado internacional con naturaleza vinculante. “Los estados que lo firmaron se comprometieron a revisar su legislación y Argentina lo viene haciendo”. Anticipó que intentarán ponerlo en el temario de la próxima sesión.
Gladys González (PRO, BsAs): considera que elevar el nivel de la Convención es jerarquizar “el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias”.
Ma. de los Ángeles Sacnún (Fdt, Sta.Fe): mencionó la importancia que tiene que “los derechos se hagan efectivos”. Aseguró que las condiciones de encierro de la pandemia hicieron crecer los índices de violencia y mencionó que hace falta construir una mayoría calificada para poder aprobar el proyecto.
Ma. Inés Pilatti Vergara (Fdt, Chaco): confesó que creía que la Convención ya estaba incorporada a la Constitución. Según la chaqueña en el Consejo de la Magistratura exigen tener algún curso sobre violencia contra la mujer y todos recitan la Convención de Belén do Pará, pero después hacen agua en perspectiva ‘de género’. Exhortó a seguir trabajando en ese sentido.
Silvina García Larraburu (FdT, Río Negro): manifestó que hay “un abismo” entre lo que se dice y lo que hace la justicia que ‘revictimiza a las mujeres’. Solicitó que la pata judicial del Estado también tenga perspectiva ‘de género’.
Inés Blas (FdT, Catamarca): mencionó que durante la pandemia ‘se ha potenciado el contexto patriarcal’ y que ‘hay mujeres que pierden la vida por una cuestión de género’. También señaló que hay deficiencias en la justicia.
Silvia Elías de Pérez (UCR, Tucumán): dijo que nadie pone en tela de juicio que se debe acabar con la violencia contra la mujer, pero para poner en la Constitución un tratado éste debe reflejar el pensamiento de toda la sociedad. Destacó que el Comité de expertas que creó la Convención considera tortura a un embarazo no planificado y trato cruel e inhumano al que se le da a una mujer cuando no puede acceder a un aborto. Explicó que van a plantear algunas cuestiones interpretativas para que erradicar la violencia no signifique avanzar sobre la vida de alguien no planificado. Anticipó que no iba a firmar el dictamen.
Durango le contestó que el aborto ya es ley y que no lo van a volver a discutir.
Ma. Eugenia Duré (FdT, T. del Fuego) resaltó que es el primer tratado vinculante que pone a la violencia ‘de género’ como ‘una violación a los derechos humanos’.
Silvia Sapag (FdT, Neuquén): afirmó que la violencia contra la mujer está naturalizada.
Beatriz Mirkin (FdT, Tucumán): narró con sorpresa que un abogado que se presentó a rendir examen en el Consejo de la Magistratura no sabía lo que es el “techo de cristal”.
Sobre la Convención de Belem do Pará se pueden ver, entre otros, los Notivida Nº: 274, 298, 306, 324, 325, 328, 329, 346, 458, 497, 755, 770, 799, 941, 942, 1218 y 1245.
NOTIVIDA
Como ya anticipamos, la comisión de Asuntos Constitucionales despachó los proyectos que pretenden darle rango constitucional a la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, más conocida como Convención de Belem do Pará. Hoy los trató la comisión Banca de la Mujer y quedaron listos para llegar al recinto.
La iniciativa partió de los expedientes de Norma Durango (S 99/2020) y Gladys González (S 179/2020). Ambas senadoras habían hecho presentaciones similares en periodos parlamentarios anteriores.
Advertimos desde hace décadas que “violencia contra la mujer” o “violencia de género” es una herramienta de la “cultura de la muerte” para imponer “derechos sexuales y reproductivos”, lo que incluye el aborto. Esto ha quedado de manifiesto en los últimos años porque cada vez que hubo reticencias para practicar un aborto, el feminismo alegó “violencia contra la libertad reproductiva” o “violencia institucional”. Esta interpretación ideologizada de la violencia se izaría ahora hasta la cúspide de la pirámide jurídica.
Recordemos que en el año 2017, en el marco de las revisiones periódicas a los estados, el Comité de Seguimiento de la Convención (CEVI) instó “al Estado argentino a realizar todos los esfuerzos necesarios para que el proyecto (de aborto) se convierta en ley, de conformidad con la Convención y con la recomendación Nº 10 del Segundo Informe Hemisférico”.
El debate en la Banca de la Mujer
Guadalupe Tagliaferri (PRO, Ciudad de BsAs): tras aclarar que está totalmente de acuerdo con la iniciativa, reprochó el trámite exprés que tuvo el proyecto para poder llegar al recinto la semana que viene, señalando entre otras cosas que el adelantamiento de la reunión de comisión impidió la presencia de varias de sus integrantes.
Norma Durango (Peronismo Pampeano) reiteró que celebra el tratamiento del proyecto que le otorga jerarquía constitucional a un instrumento que “protege a las mujeres de la violencia”. Destacó que es el primer tratado internacional con naturaleza vinculante. “Los estados que lo firmaron se comprometieron a revisar su legislación y Argentina lo viene haciendo”. Anticipó que intentarán ponerlo en el temario de la próxima sesión.
Gladys González (PRO, BsAs): considera que elevar el nivel de la Convención es jerarquizar “el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias”.
Ma. de los Ángeles Sacnún (Fdt, Sta.Fe): mencionó la importancia que tiene que “los derechos se hagan efectivos”. Aseguró que las condiciones de encierro de la pandemia hicieron crecer los índices de violencia y mencionó que hace falta construir una mayoría calificada para poder aprobar el proyecto.
Ma. Inés Pilatti Vergara (Fdt, Chaco): confesó que creía que la Convención ya estaba incorporada a la Constitución. Según la chaqueña en el Consejo de la Magistratura exigen tener algún curso sobre violencia contra la mujer y todos recitan la Convención de Belén do Pará, pero después hacen agua en perspectiva ‘de género’. Exhortó a seguir trabajando en ese sentido.
Silvina García Larraburu (FdT, Río Negro): manifestó que hay “un abismo” entre lo que se dice y lo que hace la justicia que ‘revictimiza a las mujeres’. Solicitó que la pata judicial del Estado también tenga perspectiva ‘de género’.
Inés Blas (FdT, Catamarca): mencionó que durante la pandemia ‘se ha potenciado el contexto patriarcal’ y que ‘hay mujeres que pierden la vida por una cuestión de género’. También señaló que hay deficiencias en la justicia.
Silvia Elías de Pérez (UCR, Tucumán): dijo que nadie pone en tela de juicio que se debe acabar con la violencia contra la mujer, pero para poner en la Constitución un tratado éste debe reflejar el pensamiento de toda la sociedad. Destacó que el Comité de expertas que creó la Convención considera tortura a un embarazo no planificado y trato cruel e inhumano al que se le da a una mujer cuando no puede acceder a un aborto. Explicó que van a plantear algunas cuestiones interpretativas para que erradicar la violencia no signifique avanzar sobre la vida de alguien no planificado. Anticipó que no iba a firmar el dictamen.
Durango le contestó que el aborto ya es ley y que no lo van a volver a discutir.
Ma. Eugenia Duré (FdT, T. del Fuego) resaltó que es el primer tratado vinculante que pone a la violencia ‘de género’ como ‘una violación a los derechos humanos’.
Silvia Sapag (FdT, Neuquén): afirmó que la violencia contra la mujer está naturalizada.
Beatriz Mirkin (FdT, Tucumán): narró con sorpresa que un abogado que se presentó a rendir examen en el Consejo de la Magistratura no sabía lo que es el “techo de cristal”.
Sobre la Convención de Belem do Pará se pueden ver, entre otros, los Notivida Nº: 274, 298, 306, 324, 325, 328, 329, 346, 458, 497, 755, 770, 799, 941, 942, 1218 y 1245.
NOTIVIDA
No hay comentarios:
Publicar un comentario