Por Roxana Kreimer
Un académico, líder en su área de investigación, no adhiere al discurso hegemónico de género y es obligado a renunciar a su puesto en una universidad pública por pedido de unos alumnos y en virtud de la crítica despiadada que recibe de colegas que ocupan posiciones de poder. Otros científicos evolucionistas no expresan públicamente sus ideas por temor a ser despedidos.
Investigadoras de la problemática de género que ocupan primerísimos cargos de poder se niegan a revisar los innumerables trabajos científicos que muestran la inexistencia de desigual paga por el mismo trabajo en hombres y mujeres -la llamada brecha salarial- apelando a su mera convicción al responder “te puedo asegurar que no es así”.
Frente a denuncias públicas sobre violencia sexual acerca de las cuales no ha fallado la Justicia, muchos periodistas realizan preguntas complacientes o no requieren evidencias por temor a perder su fuente de trabajo. Uno incluso sostuvo que está dispuesto a creer a una denunciante por el impacto emocional que le genera su mirada.
Algunas feministas dan cuenta de un despreciable porcentaje de denuncias falsas, pero es sabido que a menudo se producen para paralizar procesos de custodia, y que esos porcentajes reducidos corresponden solo a los casos de mujeres condenadas por formular denuncias falsas. Los casos no probados -que pueden ser verdaderos o falsos- no están incluidos, ya que los jueces a menudo los descartan por falta de evidencia o porque están agobiados por la cantidad de casos, mientras el hombre ya ha sido difamado públicamente y cuestionado por quienes piensan “por algo será”.
Una abogada feminista divulga ante miles de mujeres información falsa en Facebook, pretendiendo que la ley argentina invierte la carga de la prueba en casos de ataques sexuales, de modo que todos los hombres acusados serían culpables hasta que no demuestren que son inocentes. Junto a otras abogadas, en realidad trabaja para que cambie la ley, en sintonía con el lema “Hermana yo sí te creo”, quebrando la presunción de inocencia, uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho.
Es falso que la Justicia sea “machista” y que los ataques sexuales a mujeres no sean juzgados. Las cárceles argentinas tienen 9919 personas acusadas de violación según datos del Ministerio de Justicia del 2017. El sistema judicial es perfectible, pero las mujeres cuentan hoy en la Argentina con diversas instituciones en las que pueden denunciar casos de violencia, tras lo cual se separa al hombre del hogar y en muchos casos se lo priva de su libertad.
Dos garantías constitucionales básicas están en riesgo: la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Es dudoso que favorezca a las mujeres que el dogmatismo se haya adueñado de vastos sectores del feminismo,y que el progresismo haya desplazado el foco en la defensa de las minorías hacia la defensa de “posverdades” ideológicas y la persecución autoritaria en nombre de lo políticamente correcto.
Roxana Kreimer es Licenciada en Filosofía y Doctora en Ciencias Sociales (UBA).
Clarin
Algunas feministas dan cuenta de un despreciable porcentaje de denuncias falsas, pero es sabido que a menudo se producen para paralizar procesos de custodia, y que esos porcentajes reducidos corresponden solo a los casos de mujeres condenadas por formular denuncias falsas. Los casos no probados -que pueden ser verdaderos o falsos- no están incluidos, ya que los jueces a menudo los descartan por falta de evidencia o porque están agobiados por la cantidad de casos, mientras el hombre ya ha sido difamado públicamente y cuestionado por quienes piensan “por algo será”.
Una abogada feminista divulga ante miles de mujeres información falsa en Facebook, pretendiendo que la ley argentina invierte la carga de la prueba en casos de ataques sexuales, de modo que todos los hombres acusados serían culpables hasta que no demuestren que son inocentes. Junto a otras abogadas, en realidad trabaja para que cambie la ley, en sintonía con el lema “Hermana yo sí te creo”, quebrando la presunción de inocencia, uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho.
Es falso que la Justicia sea “machista” y que los ataques sexuales a mujeres no sean juzgados. Las cárceles argentinas tienen 9919 personas acusadas de violación según datos del Ministerio de Justicia del 2017. El sistema judicial es perfectible, pero las mujeres cuentan hoy en la Argentina con diversas instituciones en las que pueden denunciar casos de violencia, tras lo cual se separa al hombre del hogar y en muchos casos se lo priva de su libertad.
Dos garantías constitucionales básicas están en riesgo: la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Es dudoso que favorezca a las mujeres que el dogmatismo se haya adueñado de vastos sectores del feminismo,y que el progresismo haya desplazado el foco en la defensa de las minorías hacia la defensa de “posverdades” ideológicas y la persecución autoritaria en nombre de lo políticamente correcto.
Roxana Kreimer es Licenciada en Filosofía y Doctora en Ciencias Sociales (UBA).
Clarin
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