Por Mons. Carlo María Vigano
Reverendo y estimado sacerdote de Cristo:
He recibido la carta en que me plantea algunas graves cuestiones sobre la crisis de autoridad que atraviesa la Iglesia, crisis que se viene agudizando en los últimos años y en particular durante la emergencia pandémica, con motivo de la cual la gloria de Dios y la salvación de las almas han sido dejadas de lado en aras de una presunta salud del cuerpo. He decidido hacer pública esta respuesta coherente a su carta porque con ella respondo a los numerosísimos fieles y sacerdotes que me escriben de todas partes exponiéndome interrogantes y grandes inquietudes de conciencia sobre las graves cuestiones mencionadas.
Las Sagradas Escrituras abordan el problema de una autoridad pervertida –es decir, que se excede de los límites que le corresponden o que por iniciativa propia se ha fijado un fin contrario al que la legitima– para recordarnos que omnis potestas a Deo (Rom.13,1) y que qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit (íb. 2). Y si San Pablo nos exhorta a obedecer a las autoridades civiles, con más razón estamos obligados a obedecer a las eclesiásticas en razón de la primacía que esas cuestiones espirituales tienen sobre las temporales.
Señala Ud. que no nos corresponde juzgar a la autoridad porque el Hijo del Hombre volverá para administrar justicia al final de los tiempos. Pero si tenemos que esperar hasta el día del juicio para que se castigue a los malos, ¿con qué fin habría constituido la Divina Majestad una autoridad temporal y otra espiritual en la Tierra? ¿Acaso no es su deber, en tanto que Vicario de Cristo Rey y Sumo Sacerdote, regir y gobernar a sus súbditos en este mundo administrando justicia y castigando a los malos? ¿Qué sentido tendrían las leyes si no hubiese quien las hiciera respetar e impusiera sanciones a quien las infrinja? Si las decisiones arbitrarias de quienes ejercen autoridad no fueran castigadas por sus superiores, ¿cómo iban a esperar los súbditos, sean civiles o eclesiásticos, obtener justicia en este mundo?
Temo que su objeción de que los eclesiásticos que poseen una autoridad derivada del cargo que ejercen sólo podrán ser juzgados al final de los tiempos conduzcan por un lado al fatalismo y la resignación en los súbditos, y por otro, promuevan en cierta forma los abusos de autoridad en los superiores.
La obediencia a una autoridad pervertida no se puede considerar obligatoria, ni tampoco moralmente buena, simplemente porque cuando regrese el Hijo del Hombre al final de los tiempos hará justicia. Es cierto que las Escrituras nos exhortan a ser obedientes, moderando nuestra obediencia con paciencia y espíritu de penitencia, pero en modo alguno nos intiman a obedecer órdenes intrínsecamente malas, sólo porque las da alguien constituido en autoridad. De hecho, cualquier autoridad, en el momento mismo en que se ejerce contra el fin para el que existe, pierde la legitimación que la justifica y, aunque no pierda el cargo en sí, exige a sus súbditos una adhesión que de vez en cuando tendrá que ser examinada y juzgada.
La Revolución trastornó el orden cristiano que reconocía a la autoridad constituida su procedencia de Dios y lo sustituyó por una supuesta democracia en nombre de la laicidad del Estado y su separación de la Iglesia. Con el Concilio, esta subversión del principio de autoridad se ha abierto paso en la propia Jerarquía, con lo que aquel orden debido a Dios no sólo ha sido borrado de la sociedad civil, sino que además se ha visto socavado en la Iglesia misma. Está claro que cuando se trastoca la obra de Dios y se niega su autoridad, el poder es irremediablemente afectado y se crean las condiciones para la tiranía o la anarquía. La Iglesia no es una excepción, como podemos constatar dolorosamente: con frecuencia se hace uso del poder para castigar a los buenos y premiar a los malos. Casi siempre, las sanciones canónicas sirven para excomulgar a quien se mantiene fiel al Evangelio. Los dicasterios y los órganos de la Santa Sede apoyan los errores e impiden la difusión de la Verdad. El mismo Bergoglio, que debería representar en la Tierra a la más alta Autoridad, se sirve del poder de las Santas Llaves para promocionar el plan mundialista y promover doctrinas heterodoxas, siendo muy consciente del principio Prima Sedes a nemine iudicatur que le permite actuar sin trabas.
Se trata, claro está, de una situación anómala, porque según el orden establecido por Dios hay que obedecer al representante de la autoridad. Pero en este universo admirable, Satanás introduce el caos manipulando al elemento frágil y pecador: el hombre. Ud., estimado sacerdote, lo pone bien de manifiesto en su carta: «Ahora bien, lo más diabólico que ha conseguido nuestro enemigo para hacer el mal es utilizar precisamente a quien se muestra ante el mundo investido de la autoridad que Jesucristo confirió a su Iglesia. Y con ello, por un lado hace que algunos buenos participen en el mal, y por otro escandaliza a los buenos que se dan cuenta». Contextualiza esta situación en el caso actual: «Se abusa de la autoridad concedida por Jesús para justificar y alentar una terrible operación que es presentada bajo el falso nombre de vacunación».
Concuerdo con su valoración de la objetiva inmoralidad de la llamada vacuna contra el covid-19 a causa del empleo en su fabricación de material derivado de fetos abortados. Estoy igualmente de acuerdo en que el documento promulgado por la Congregación para la Doctrina de la Fe es totalmente inapropiado en el aspecto científico, además de en el filosófico y el doctrinal. El Prefecto se limita a acatar dócilmente unas más que discutibles consignas recibidas de su superior. La obediencia de los réprobos es emblemática en esta situación, porque con toda desenvoltura se desentiende de la autoridad de Dios y de la Iglesia en nombre de un servilismo que adula al autoritarismo del superior inmediato.
Con todo, me gustaría precisar que el documento de la Santa Sede es particularmente insidioso porque se limita a analizar un aspecto remoto, por así decirlo, de la composición del fármaco (dejando aparte la licitud moral de una acción que no pierde gravedad con el paso del tiempo); sino porque también hace caso omiso de que para revitalizar el material fetal usado en un principio es necesario añadir periódicamente material proveniente de nuevos fetos abortados ad hoc en el tercer mes de gestación, y que esos tejidos se tienen que extraer de criaturas aún vivas y con el corazón palpitando. Dada la importancia de la materia y las denuncias de científicos católicos, la omisión de un elemento integrante de la producción de la vacuna en un pronunciamiento oficial confirma, en la hipótesis más generosa, una escandalosa incompetencia, y en la más realista, la deliberada voluntad de hacer pasar por moralmente aceptables vacunas producidas gracias a abortos provocados. Esta especie de sacrificio humano en su forma más descarada y cruenta es considerado por un dicasterio de la Santa Sede como algo sin importancia, todo en nombre de la nueva religión sanitaria que Bergoglio promueve con tanto ardor.
Estoy de acuerdo con Ud. en cuanto a la omisión de valoraciones de la manipulación genética provocada por algunas vacunas que actúan a nivel celular con fines que las empresas farmacéuticas no osan confesar, que ha sido denunciada por científicos y cuyas consecuencias a largo plazo todavía se desconocen. Pero la Congregación para la Doctrina de la Fe evita escrupulosamente pronunciarse sobre la moralidad de experimentar en seres humanos, experimentación admitida por los propios productores de las vacunas, que se niegan a facilitar los datos de dicho experimento masivo hasta dentro de varios años, cuando ya se sepa si el fármaco es eficaz y al precio de qué efectos secundarios permanentes. Del mismo modo que Doctrina de la Fe no dice nada de la moralidad de especular vergonzosamente sobre un producto que es presentado como única defensa contra un virus gripal que todavía no ha sido aislado sino apenas secuenciado. Si no se aísla el virus, es científicamente imposible producir los antígenos de la vacuna, con lo cual toda esta operación del covid se manifiesta, para quien no esté cegado por prejuicios o por mala fe, en toda su criminal falsedad e intrínseca inmoralidad. Falsedad que no sólo confirma el entusiasmo casi religioso con el que se presenta la función salvadora de la supuesta vacuna, sino también en la terca negativa de las autoridades sanitarias internacionales a reconocer la validez, eficacia y costo reducido de curas existentes como el plasma hiperinmune de hidroxicloroquina e invermectina y de la ingestión de vitaminas C y D para aumentar las defensas y curar con celeridad a los primeros síntomas. No olvidemos que si hay personas ancianas o con las defensas bajas que han muerto de covid, ello obedece a que la OMS ha ordenado a los médicos generalistas no tratar los síntomas, indicando para los pacientes que presenten complicaciones un tratamiento hospitalario totalmente inadecuado y perjudicial. También calla a este respecto la Santa Sede, cómplice evidente de una conjura contra Dios y contra el hombre.
Volvamos al tema de la autoridad. Ud. escribe: «Por tanto, quien se encuentra ante personas investidas de autoridad por Jesús que de forma manifiesta se comportan al contrario de lo que Él mandó, está en situación de preguntarse si puede obedecer o no a su superior, ya que en una situación tan terrible como esta, ve que quien ejerce la autoridad en nombre del Señor se opone palmariamente a lo que Él mandó». La respuesta nos la da la doctrina católica, que fija unos límites clarísimos de acción a la autoridad de los prelados y la autoridad suprema del Papa. En este caso, yo diría que es obvio que la Santa Sede carece de competencia para expresar valoraciones que por el modo en que se exponen y se analiza y las patentes omisiones en que incurren se exceden de los límites fijados por el Magisterio. Bien mirado, el problema es lógico y filosófico antes que teológico o moral, porque los términos de la cuestión son incompletos y erróneos, con lo que la solución será incompleta y errónea.
Ello no resta gravedad alguna al proceder de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero al mismo tiempo, precisamente porque se excede de los límites propios de la autoridad eclesiástica se confirma el principio general de la doctrina, y con él también la infalibilidad que garantiza el Señor a su Vicario cuando éste quiere enseñar una verdad relativa a la Fe o la Moral como Pastor Supremo de la Iglesia. Si no hay una verdad que enseñar; si esa verdad no tiene nada que ver con la fe y la moral; si quien promulga esa enseñanza no tiene intención de hacerlo con la autoridad apostólica; si la intención de transmitir esa doctrina a los fieles como verdad que se debe creer y sostener no es explícita, no está garantizada la asistencia del Paráclito. En ese caso se puede –y en algunos casos se debe– hacer caso omiso de la autoridad promulgante. Así pues, los fieles pueden resistir el ejercicio ilegítimo de una autoridad legítima, o el ejercicio ilegítimo de una autoridad ilegítima.
Por eso, no estoy de acuerdo con Ud. cuando afirma: «Si tal autoridad cae en infidelidad, sólo Dios puede intervenir. También porque ante una autoridad inferior resulta más difícil recurrir para obtener justicia». El Señor puede intervenir positivamente en el curso de los acontecimientos manifestando de forma prodigiosa su voluntad, o limitándose a acortar los días de los malos. Ahora bien, la infidelidad de quien está constituido en autoridad, aunque no puedan juzgarlo sus súbditos, no por ello es menos culpable ni puede exigir que se obedezcan órdenes ilegítimas o inmorales. Una cosa es el efecto que tenga en los súbditos, y otra el juicio sobre su actuación; y otra cosa también es el castigo que pueda ameritar. Así pues, aunque no corresponde a los súbditos dar muerte al Papa por herejía (a pesar de que Santo Tomás de Aquino considere la pena de muerte apropiada para el delito de corromper la Fe), podemos reconocer a un pontífice como hereje, y como tal negarle en casos concretos la obediencia que de otro modo le sería debida. No lo juzgamos porque no tenemos autoridad para ello; reconocemos quién es mientras esperamos que la Providencia suscite a quien puede pronunciarse definitivamente y de forma autorizada.
Por eso, cuando Ud. afirma que «los súbditos del malo no tienen autoridad para rebelarse y destituirlo», es necesario distinguir en primer lugar qué clase de autoridad es la que se cuestiona, y en segundo lugar cuál es la orden impartida y qué daños se derivarían de una eventual obediencia. Santo Tomás considera moralmente lícitos en ciertos casos la resistencia al tirano y el tiranicidio, del mismo modo que es lícito y obligatorio desobedecer la autoridad de los prelados que abusan de su autoridad contrariando el fin intrínseco de la misma.
En su carta, dice que la rebelión está marcada por el sello de la ideología comunista. Pero la Revolución, una de cuyas expresiones es el comunismo, tiene por objeto destituir a los soberanos no porque puedan ser corruptos o tiranos, sino porque jerárquicamente están integrados en un orden esencialmente católico, y por ende antitético al marxismo.
Si no estuviera permitido hacer frente al tirano, habrían pecado los cristeros que se enfrentaron por las armas al dictador masón que perseguía a sus súbditos mexicanos abusando de su autoridad. Habrían pecado también los vandeanos, y los sanfedistas e insurgentes italianos, víctimas de un poder revolucionario, corrompido y corruptor, ante el cual la rebelión no sólo era lícita, sino incluso obligada. Han sido víctimas igualmente de la autoridad establecida todos los católicos que a lo largo de la historia han tenido que rebelarse contra sus prelados, por ejemplo los fieles que en Inglaterra hubieron de enfrentarse a sus obispos que se habían vuelto herejes con el cisma anglicano, o los que en Alemania se vieron obligados a negar obediencia a los prelados que habían abrazado la herejía luterana. La autoridad de esos pastores que se habían transformado en lobos era nula de hecho, porque estaba orientada a la destrucción de la Fe en lugar de a defenderla, opuesta al Papa en vez de en comunión con él. Acertadamente, añade Ud.: «En ese caso, los pobres fieles se quedan estupefactos viendo que sus pastores se manchan desvergonzadamente de semejantes delitos. ¿Cómo se puede seguir en nombre de Jesús a quien hace lo que Jesús no quiere?» Y sin embargo, poco después leo que dice: «Quien niega la autoridad de su superior, niega en realidad a la autoridad que lo ha constituido. Quien se mantiene sometido a la potestad de los ministros constituidos por la autoridad de Jesucristo, aun no haciéndose cómplice de sus errores, obedece a la autoridad de Jesús, que lo constituyó». Esto que dice es claramente erróneo, porque al vincular indisolublemente la autoridad primaria y originaria de Dios a la autoridad derivada y vicaria de la persona establece una especie de vínculo indefectible, vínculo que se deshace en el momento en que quien ejerce la autoridad en nombre de Dios pervierte esa autoridad en la práctica e invierte con ello su fin. Añadiré que precisamente porque hay que honrar por encima de todo la autoridad de Dios, ésta no se puede desacatar obedeciendo a quien por su propia naturaleza está sujeto a la misma autoridad divina. Por eso San Pedro (Hch.5,29) nos exhorta a obedecer a Dios antes que a los hombres. La autoridad terrenal, ya sea temporal o espiritual, está siempre sometida a la autoridad de Dios. No se puede pensar que, por una razón que casi parece dictada por un burócrata, el Señor haya querido dejar a su Iglesia a merced de tiranos poco menos que anteponiendo su legitimación procedimental al objeto por el cual les ha mandado apacentar su grey.
Es cierto que la solución de la desobediencia parece más aplicable a los prelados que al Papa, dado que aquellos pueden ser juzgados y depuestos por el Sumo Pontífice, mientras que éste no puede ser depuesto por nadie en este mundo. Pero si humanamente es increíble y doloroso tener que reconocer que un papa pueda ser malo, no por ello se puede negar la evidencia ni hay obligación de resignarse pasivamente a los abusos de la autoridad que ejerce en nombre de Dios pero en contra de Él. Y como nadie querría asaltar los sacros palacios para expulsar a su indigno inquilino, hay con todo formas legítimas y proporcionadas de ejercer una auténtica oposición, incluido presionarlo para que dimita del cargo. Precisamente para defender el Papado y la sagrada autoridad que el pontífice recibe del Sumo y Eterno Sacerdote, es necesario apartar del cargo a quien lo humilla, socava y abusa de él. Me atrevería a añadir que también la renuncia arbitraria al ejercicio de la autoridad sagrada del Romano Pontífice es una gravísima ofensa al Papado, y de ello deberíamos considerar más culpable a Benedicto XVI que a Bergoglio.
Más adelante, Ud. habla de lo que debería pensar el prelado que abusa tiránicamente de la propia autoridad: «Un ministro de Dios […] debe ante todo negar la propia autoridad de apóstol, de enviado de Jesús. Reconocer que no quiere seguir al Señor, y abandonarlo. Así, el problema quedaría resuelto». Estimado sacerdote, Ud. pretende que el inicuo se comporte como una persona honrada y temerosa de Dios, cuando precisamente por ser malo abusa sin la menor coherencia y sin el menor escrúpulo de una autoridad que sabe muy bien que se le ha conferido para demolerla. Porque en la misma esencia de la tiranía, como perversión de la autoridad justa y buena que es, está no sólo desempeñarse de forma perversa, sino también el querer desacreditar y rechazar la autoridad de la que es una grotesca falsificación. Los horrores cometidos por Bergoglio en los últimos años no sólo son un escandaloso abuso de la autoridad pontificia, sino que tienen por inmediata consecuencia el escándalo de los buenos, porque hace impopular y odioso al propio Papado con esa parodia del Papado, perjudicando con ello irremediablemente la imagen y el prestigio de que gozaba hasta ahora la Iglesia, aquejada ya desde hace décadas de ideología modernista.
Escribe Ud.: «A nadie le es lícito obedecer órdenes injustas, malas o ilegítimas, ni hacer mal alguno so pretexto de obediencia. Pero tampoco le está permitido a nadie negar la autoridad del Papa porque la ejerza de un modo malvado y salirse de la Iglesia fundada por Jesucristo sobre la piedra del apóstol San Pedro». En este caso, en la frase «negar la autoridad» habría que hacer una distinción entre negar que Bergoglio, en una orden concreta que dé a los fieles, ejerza su autoridad pontificia, y negar que él, en una orden concreta que dé a los fieles, tenga derecho a ser obedecido cuando tal orden esté en conflicto con la autoridad del Papa. Nadie obedecería a Bergoglio si éste hablase a título personal o trabajara en el catastro, pero el solo hecho de que siendo el Papa enseñe doctrinas heterodoxas o escandalice a los sencillos con afirmaciones provocadoras agrava en extremo su culpa, porque quien lo oye cree oír la voz del Buen Pastor. La responsabilidad moral del que manda es inconmensurablemente mayor que la del súbdito que tiene que decidir si le obedece o no. El Señor le pedirá cuentas con un rigor inflexible por las consecuencias que tiene sobre los súbditos el bien o el mal realizado por el superior, y también en lo que se refiere a buen y mal ejemplo.
Si bien se mira, precisamente para defender la comunión jerárquica con el Romano Pontífice se hace necesario desobedecerle, denunciar sus errores y pedirle que dimita. Y pedirle a Dios que se lo lleve con Él cuanto antes, si de ello puede resultar en un bien para la Iglesia.
El engaño, el colosal engaño sobre el cual he escrito en varias ocasiones, consiste en obligar a los buenos –llamémoslos así en aras de la brevedad– a seguir prisioneros de normas y leyes que los malos utilizan in fraudem legis. Es como si hubieran entendido que en nuestra debilidad, es decir que aun con todos nuestros defectos, religiosa y socialmente estamos orientados a respetar la ley, a obedecer a la autoridad, a cumplir la palabra empeñada y a tener una conducta honrada y leal. Esa debilidad virtuosa les garantiza nuestra obediencia, la sumisión, una resistencia máximamente respetuosa y una prudente desobediencia. Saben que nosotros –a quienes consideran unos pobres idiotas– vemos en ellos la autoridad de Cristo, y a ella miramos a fin de obedecer, aunque sepamos que tal acción, moralmente irrelevante, apunta en una dirección bien concreta. Así nos han impuesto la Misa reformada, así nos han acostumbrado a oír recitar las suras del Corán desde los púlpitos de nuestras catedrales y a ver a éstas transformadas en comedores o dormitorios. Todas las decisiones tomadas por la autoridad desde el Concilio para acá han sido posibles precisamente porque obedecíamos a nuestros sagrados pastores, y aunque algunas de sus decisiones nos parecían aberrantes, no podíamos creer que estuvieran engañándonos; y tal vez ellos mismos, a su vez, no se dieran cuenta de que las órdenes que nos daban tenían un objetivo inicuo. Hoy en día, si seguimos el hilo conductor que liga la abolición de las órdenes menores a la invención de las acólitas y diaconisas, comprendemos que quien reformó la Semana Santa en tiempos de Pío XII ya apuntaba al Novus Ordo y sus atroces variantes actuales. El abrazo de Pablo VI al patriarca Atenágoras nos infundió esperanzas de verdadero ecumenismo, porque no habíamos entendido –como ya habían denunciado algunos– que aquel gesto preparaba el politeísmo de Asís, el indecente ídolo de la Pachamama y, dentro de poco, el aquelarre de Astaná.
Ninguno queremos entender que basta con no apoyar este impasse para que se rompa. Debemos negarnos a enfrentarnos en duelo con un adversario que dicta las reglas a las cuales sólo debemos someternos, dándose a sí mismo libertad para infringirlas. No hagamos caso de él. Nuestra obediencia no tiene nada que ver con el servilismo cobarde ni con la insubordinación; al contrario, nos permite suspender todo juicio sobre quien sea o no sea papa y seguir comportándonos como buenos católicos aunque el Papa nos desprecie, insulte o excomulgue. Porque la paradoja no está en la desobediencia de los buenos a la autoridad del Papa, sino en el absurdo de tener que desobedecer a una persona que es al mismo tiempo papa y heresiarca, Atanasio y Arrio, luz de iure y tinieblas de facto. La paradoja está en que para seguir en comunión con la Sede Apostólica tenemos que apartarnos de aquel que debería representarla y vernos burocráticamente excomulgados por quien se encuentra en estado objetivo de cisma consigo mismo. El precepto evangélico de no juzgar no debe entenderse en el sentido de abstenerse de emitir un juicio moral, sino de condenar a la persona; de lo contrario seríamos incapaces de realizar actos morales. Cierto es que no le corresponde a uno separar el trigo de la cizaña, pero nadie debe llamar cizaña al trigo ni trigo a la cizaña. Y quien ha recibido órdenes sagradas, y más aún si está en la plenitud del sacerdocio, no sólo tiene el derecho sino el deber de señalar a los sembradores de cizaña, los lobos rapaces y los falsos profetas. Porque también en casos así, además de participar del sacerdocio de Cristo se participa de su autoridad real.
Lo que no se recuerda ni en el ámbito político y social ni en el eclesiástico es que nuestra aceptación inicial de un presunto derecho de nuestro adversario a obrar mal, basada en un erróneo concepto de libertad (moral, doctrinal y religiosa) se está convirtiendo en una tolerancia forzada del bien mientras el pecado y el vicio se vuelven la norma. Lo que ayer se admitía como un gesto de tolerancia pretende hoy plena legitimidad, y nos confina a los márgenes de la sociedad como una minoría en vías de extinción. Dentro de poco, y en coherencia con la ideología anticristiana que dirige esta inexorable transformación de valores y principios, se prohibirá la virtud y se condenará a quienes la practiquen en nombre de una intolerancia al Bien, al cual se señalará como causante de división, integrista y fanático. Nuestra tolerancia hacia quien hoy se hace promotor de las exigencias del Nuevo Orden Mundial y de su asimilación por el cuerpo eclesial conducirá irremediablemente a la instauración del reino del Anticristo, en el que los católicos fieles serán perseguidos como enemigos públicos, del mismo modo que en épocas cristianas eran considerados enemigos públicos los herejes. En resumidas cuentas, que el enemigo ha plagiado, trastornándolo y pervirtiéndolo, el sistema de protección de la sociedad implementado por la Iglesia en los países católicos.
Creo, estimado padre, que habrá que aceptar sus observaciones sobre la crisis de la autoridad, al menos a juzgar por la velocidad con que Bergoglio y su corte asestan golpes a la Iglesia. Por mi parte, ruego al Señor que saque a la luz la verdad hasta ahora oculta y nos permita reconocer al Vicario de Cristo en la Tierra no tanto por sus vestiduras como por las palabras que pronuncia y el ejemplo de sus obras.
Reciba mi bendición, mientras me encomiendo confiado a sus oraciones.
+Carlo Maria Viganò, arzobispo
31 de enero de 2021
Dominica in Septuagésima
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