El autor compara el país con el que se ilusionó el 25 de mayo del año pasado y el que encuentra hoy. Y no se muestra nada conforme con lo logrado por nuestros dirigentes.
Por Vicente S. Reale - Sacerdote católico
Recuerdo, a punto de cumplirse un año, lo que escribiera en esta misma página: “Desde hace tiempo, muchos en la Argentina venimos bregando para que lo que comenzó en mayo de 1810, cristalizó en julio de 1816 y se puso en marcha hasta el presente, no sea ni más ni menos que cumplir con los acuerdos consensuados. Eso es nuestra Constitución.
Y conviene repasar, a menudo y meditando, esa Biblia cívica que nos recuerda en su Preámbulo quiénes somos y hacia dónde queremos ir. A dos años del bicentenario, es bueno y necesario que realicemos un examen ético-cívico personal y comunitario. Preguntarnos sobre ese sueño y ese destino común que añoramos y poner manos a la obra para que no sea como nuestra propia sombra que no podemos atrapar”.
Al tiempo que proponía para la tercera centuria que estamos próximos a comenzar poner, de verdad, en práctica lo que firmamos y afirmamos en nuestra Constitución Nacional, y que se muestra bien distante de la dura e inestable realidad cotidiana.
Sugería entonces: -Federalismo real, no declamatorio. -Verdadera independencia entre los tres Poderes del Estado. -Efectiva redistribución de la riqueza. -Democracia participativa, más allá del voto ciudadano. -Institución de la obligatoriedad, para los funcionarios, de rendir cuenta real de sus mandatos al terminar los mismos. -Mejorar sustancialmente la administración de Justicia.
Digo que ha transcurrido casi un año desde aquella propuesta realizada con la ilusión ciudadana de celebrar y poner en valor nuestra argentinidad, que está por cumplir doscientos años.
Interrogantes
Es bien difícil contrastar lo que nos propusimos -sobre todo lo que nos propusieron y prometieron los gobernantes- con los “porotos” de la realidad que tenemos sobre la mesa. Sin embargo, algunos datos de esa realidad nos pueden ayudar a trazar un semblante de la misma.
* Muchos ciudadanos sentimos vergüenza ajena ante el constante peregrinar de gobernadores, ministros, legisladores, intendentes rindiendo pleitesía al poder central y pedigüeñando el dinero que legítimamente corresponde a las provincias para atender a sus necesidades. Sí, la Constitución otorga autonomía a las provincias y una ley regula la coparticipación federal. Ni una ni otra se cumplen.
Por más que el federalismo sea declamado a los cuatro vientos, somos, en los hechos, un País Unitario. Todo se decide en Capital Federal.
* ¿De qué división de poderes se puede hablar cuando, ante una orden externa, toda una bancada de legisladores se retira del Congreso Nacional o cuando un gobernador anuncia que va a controlar de cerca a la Justicia? Existen precisos instrumentos constitucionales y legales para encaminar ambas realidades.
* La distribución equitativa de la riqueza nacional. Sí, nacional. De todos los argentinos. Es todo un tema irresuelto. Tanto por los gobiernos como por los ciudadanos. Es bien cierto que la riqueza nacional es fruto conjunto de los bienes de capital y del trabajo humano. Sin olvidar que aquel “capital” ha sido, también él, fruto del trabajo humano.
Sin olvidar, tampoco, que quienes tuvieron (y tienen) capacidad de ahorro, posibilidad de estudios, capital heredado, posibilidades de realizar emprendimientos, etc., pueden comenzar una industria, una organización de servicios, gracias al trabajo aportado por muchos otros, gracias a la tierra en que habitamos, gracias al dinero que ponemos todos los argentinos por medio de impuestos directos e indirectos, gracias al consumo que hacemos.
Entonces, los gobiernos elegidos por los ciudadanos ¿no pueden -con las leyes e instrumentos que les otorga la Constitución- regular la actividad económica de modo que lo que es producido por todos también llegue a todos?
*¿Al voto ciudadano, se ha sumado algo más -como referendos y plebiscitos- a fin de que la democracia merezca el nombre de tal en nuestros días? Nada.
* ¿Se ha hecho algo para que sea realidad la obligatoriedad de toda autoridad constituida (ejecutiva, legislativa o judicial) de rendir cuenta a la ciudadanía -al finalizar sus mandatos y con números ciertos- de lo realizado? Algo más simple aún, no se realiza: que todos los elegidos para cumplir tareas en la función pública formalicen una declaración jurada de sus bienes al asumir.
*¿Y la Administración de Justicia, tanto en las Provincias como en la Nación?
Dejo a cada lector/a y ciudadano/a la respuesta.
Concluyendo
Habito entre dos sensaciones enfrentadas: que lo del próximo año se reduzca a discursos, fiestas, actos formales y festivales para celebrar el Bicentenario.
O que sea un momento providencial y privilegiado para comenzar un verdadero resurgir de nuestra identidad y de nuestro destino como nación.
Para que esto sea, debemos emigrar desde nuestro propio egoísmo e interés particular o corporativo hacia la Patria como casa de todos.
Casa de todos los que hoy estamos y de quienes amamos y deseamos que estén.
¡Ojalá seamos capaces de vivir coronados de gloria en nuestra querida Argentina !
¡O juremos con gloria morir!
Publicado en el diario Los Andes – Mendoza
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