Días
atrás, una adolescente de 16 años amparada por sus padres, solicitó que le
practicaran un aborto en el Hospital de El Calafate, Santa Cruz, donde vive. El
embarazo que cursa era, supuestamente, producto de una violación. La secretaría
de Desarrollo Social del Municipio, Norma Costa, acompañó a la joven y a su
familia en el reclamo.
Los
médicos del Hospital se negaron a practicar el aborto y la oficina de
Protección a la Niñez y Adolescencia del Municipio hizo una presentación para
evitar que el caso se judicialice. El juez de instrucción penal Carlos Narvete,
haciéndose eco del pronunciamiento de la Corte en el caso “F., A. s/ medida
autosatisfactiva”, desestimó la judicialización y exhortó al director del
hospital local y al ministro provincial de Salud, Daniel Peralta, “a hacer
operativo en forma urgente el protocolo hospitalario para la concreta atención
de los abortos no punibles”, enmarcando en ellos el caso de la joven.
Se
supo después que los padres de la menor retiraron el pedido de aborto,
aduciendo que tenían que viajar a Bolivia por la grave enfermedad de un
familiar; pero, según informó ayer Ahora Calafate, el motivo fue otro.
Previo
a la renuncia, la adolescente tuvo una entrevista con una psicóloga del juzgado
de instrucción penal. Se hizo una “cámara Gesell” y al final de la misma, la
joven admitió que nunca existió la violación, habría tenido una relación
consentida, con un adulto del entorno familiar, con el que no tiene lazos de
sangre.
Los
funcionarios judiciales le contaron a los padres la verdadera historia,
advirtiéndoles que el caso no encuadraba en los llamados “abortos no punibles”,
por lo que la práctica configuraría delito. Los padres renunciaron a la
solicitud y viajaron a Bolivia.
El
caso sirve para reflexionar acerca de la ligereza con que, con la sola
presentación de una simple declaración jurada y la invocación del inicuo
pronunciamiento de la Corte, se puede matar en la Argentina.
NOTIVIDA
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