En su presentación, argumentó que un caso ocurrido en esta localidad santacruceña “reveló el peligro de que por medio de la utilización del pretexto de la existencia de embarazos se permita abortar a personas que falseen datos acerca del mismo, sin previa comprobación”. Además, cuestionó la resolución ministerial calificándola de violatoria del derecho a la vida y otros derechos constitucionales, ya que “permite el acceso irrestricto a prácticas abortivas aun a niñas menores de edad sin la autorización ni conocimiento de sus padres”. “Estamos habilitando el máximo absurdo. Es más fácil abortar que pedir un turno médico”, advirtió en declaraciones radiales.
La Guía Técnica para la Atención Integral de los abortos no punibles (ANP), aprobada por resolución ministerial, establece el procedimiento en caso de una solicitud de interrupción de embarazo, siempre y cuando éste se haya producido por una violación, o produzca grave riesgo para la salud de la madre.
La provincia de Santa Cruz adoptó la misma guía técnica que tiene la cartera de Salud de la Nación, y que fue confeccionada a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre un caso particular acaecido en la provincia del Chubut. En dicho fallo se recomienda a las provincias la confección de protocolos de intervención ante pedidos de abortos.
El caso de una adolescente boliviana
Fue en El Calafate donde se registró el primer pedido de APN. Fue en el sonado caso de una adolescente oriunda de Bolivia, quien manifestó haber sido violada por dos sujetos en la vía pública. En ese momento los profesionales del hospital local se negaron a practicar el aborto ya que la provincia no tenía vigente el protocolo.
Una vez que éste fue adoptado por resolución del Ministerio de Salud, la intervención estaba en condiciones de realizarse, pero ante la justicia, la menor confesó que no había existido violación, sino que había sido fruto de una relación consentida.
El falso caso de violación disparó la polémica y los cuestionamientos hacia el fallo de la Corte, que considera suficiente requisito para la práctica del aborto la mera presentación de una declaración jurada en donde se manifiesta un embarazo por violación.
La presentación
En el pedido de amparo, citado por Ahora Calafate, la defensora oficial argumenta que este caso ocurrido en esta localidad santacruceña “revela el peligro de que por medio de la utilización del pretexto de la existencia de embarazos se permita abortar a personas que falseen datos acerca del mismo, sin previa comprobación”.
Además, la doctora Gassmann cuestiona la resolución del Ministerio calificándola de violatoria del derecho a la vida y otros derechos constitucionales, ya que “permite el acceso irrestricto a prácticas abortivas aún a niñas menores de edad sin la autorización ni conocimiento de sus padres”.
Cualquier niña podrá "per se" pedir un aborto no punible en cualquier hospital público o establecimiento privado, sin intervención de sus padres o representantes legales, obligando el protocolo aludido a los médicos a practicárselo aun sin conocimiento ni intervención de los mayores a cargo, violentando derechos referidos al ejercicio de la Patria Potestad.
En declaraciones a FM Dimensión, Gassman dijo que la Guía o protocolo vigente en Santa Cruz dice textualmente que “la consulta del profesional con el padre, la madre o cualquier otra persona, constituirá una violación de la confidencialidad".
“Estamos habilitando el máximo absurdo. Es más fácil abortar que pedir un turno médico”, cuestionó la Defensora Oficial. En el programa Radio Activa contó que su hija menor de edad, no pudo sacar turno de oftalmología en el Hospital local “porque le dicen que debe ir con un mayor, pero por imperio de este absurdo jurídico, que es la guía, se puede ir con una simple declaración jurada hecha por la misma adolescente si tiene más de 14 años a hacerse un aborto sin que los padres lo sepan. Esto es ilegítimo e inadmisible”.
Gassmann aclaró que el fallo de la Corte Suprema no es vinculante y pueden perfectamente los tribunales inferiores apartarse de sus doctrinas y decisiones.
En el escrito, además de pedir la suspensión del protocolo o guía, vigente desde el 4 de junio pasado, la Defensora Oficial solicita que se dicte “un nuevo procedimiento que asegure previamente a toda operación, la intervención de los padres, tutores o representantes legales en el caso de niñas que aún no hayan alcanzado la mayoría de edad, y la necesaria recepción de denuncia Penal previa y recepción de declaración en sistema Cámara Gesell de la víctima”.
El recurso de amparo de la Defensora Oficial fue presentado este martes ante el Juzgado Civil de El Calafate. Su titular, la Dra. Florencia Viñuales, deberá responder en las próximas horas si da curso o rechaza la medida.
En la entrevista con el programa Radio Activa, la Defensora oficial adelantó que en caso de rechazo apelará ante todos los estamentos necesarios, incluso la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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