El consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires afirma que fueron "formados desde lo académico, para el cuidado de la vida en todas sus fases y ningún profesional de la salud puede estar obligado a actuar en contra de ese derecho".
El consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires aseguró que “en ninguna circunstancia el aborto en Argentina será ‘legal, seguro ni gratuito' como lo exigen diversas organizaciones abortistas y comprometieron su fidelidad ética al servicio de la vida, en todas sus etapas y circunstancias”.
Los médicos alzaron la voz debido al proyecto de reforma del Código Penal que será presentado el próximo 8 de marzo al parlamento y que busca, entre otras cosas, liberalizar el aborto.
En la actualidad en Argentina existe el “aborto no punible”, que se considera delito pero no recibe sanción, en los casos de riesgo de salud de la madre y por violación de una mujer considerada “idiota o demente”.
Sin embargo, la reforma del Código Penal modificaría el artículo 86, agregando que el aborto podría practicarse en casos de violación, sin obligación de denunciar al violador y por "peligro para la salud mental de la madre".
El aborto “no es legal, porque el ordenamiento jurídico argentino, en su misma Constitución, protege a la persona humana desde su concepción”
A través de una publicación, el consorcio denunció que se manipula el lenguaje al decir que el aborto es un “acto médico” o un “acto justo”.
Asimismo, afirmaron que el aborto “no es legal, porque el ordenamiento jurídico argentino, en su misma Constitución, protege a la persona humana desde su concepción”. “No es seguro en forma absoluta, porque ninguna práctica médica que implique un procedimiento quirúrgico invasivo y cruento como lo es la práctica instrumental de la realización de un aborto carece de riesgos”. “Es un procedimiento que con respecto al ser humano en la etapa gestacional lo mata y que incluso puede llegar a tener consecuencias graves para la salud y hasta la vida de la madre”, explicaron.
“En cuanto a la gratuidad no existiría como tal, ya que los recursos económicos serían aportados por el Estado y resultarían del aporte de los ciudadanos. Esto significaría que el Estado sería partícipe necesario y destinaría fondos públicos a la eliminación de vidas humanas inocentes”, agregaron.
El consorcio médico afirmó que fueron “formados desde lo académico, para el cuidado de la vida en todas sus fases y ningún profesional de la salud puede estar obligado a actuar en contra de ese derecho”.
Al solicitar que se les considere en el debate parlamentario, el consorcio médico confirmó su compromiso con la etapa inicial de la vida humana, así como con “las mujeres, adolescentes y niñas que han sido violadas”; y aquellas que “han abortado desde la atención profesional y pastoral más allá de los condicionamientos que pueden haber influido en la decisión”.
Por Giselle Vargas para ACI Prensa
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