Fernando Salvador Miguel Karadima Farina forjó una impecable carrera eclesiástica. Nacido en agosto de 1930, dedicó gran parte de su ministerio presbiteral a la formación del clero, siempre vinculado a la exclusiva parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la Avenida el Bosque, en Chile.
Ordenado sacerdote en 1958, su personalidad y carisma le permitieron asumir lentamente un poder creciente, no sólo en la parroquia sino también en la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón, semillero local de vocaciones. En los años ochenta tomó el control de la capilla del Bosque, que convirtió en un centro pastoral intensivo.
Decenas de sacerdotes acudieron a trabajar con él, entre ellos los obispos Juan Barros Madrid (Vicario Castrense) y Andrés Arteaga (Obispo Auxiliar de Santiago de Chile). Entre sus seguidores, su "fama de santidad" era indiscutible. Su labor en favor de la Iglesia chilena fue ejemplar. Pero la verdadera historia era otra: abuso de poder, manipulación psicológica y pederastia.
El 22 de junio, el actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati Andrello, comunicó a Fernando Karadima que la Santa Sede había decidido rechazar su apelación a una sentencia en su contra por abusos sexuales a menores.
En un documento de diez páginas (fechado el 18 de marzo), la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenó al sacerdote retirarse a una vida de penitencia y oración, le prohibió de por vida ejercer públicamente su ministerio, la dirección espiritual o la confesión, tener contacto con miembros y ejercer un cargo en la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón.
La declaración, firmada por el cardenal William Joseph Levada (Prefecto) y Luis Francisco Ladaria (Secretario), fue la conclusión definitiva del primer proceso canónico que aplicó, hasta sus lógicas consecuencias, la nueva normativa sobre "Delicta graviora" (delitos graves cometidos por sacerdotes) aprobada por el papa en julio de 2010.
El "escándalo Karadima" se convirtió en un emblema de la justicia vaticana por muchas razones: porque la Doctrina de la Fe se tomó en serio las primeras acusaciones (recibidas en 2010), independientemente de la profundidad de la implicación eclesiástica; porque se llevó a cabo una investigación exhaustiva y se dictó una dura sentencia a pesar de que el sistema civil había archivado el caso.
De hecho, los jueces chilenos se vieron obligados a reabrir su investigación después de que el Arzobispo de Santiago anunciara públicamente, el 18 de febrero, el veredicto de culpabilidad contra Karadima dictado por la Santa Sede. Ese anuncio sin precedentes, pronunciado en una conferencia de prensa y televisado a escala nacional, sentó un precedente inaudito.
Roma había pedido explícitamente a Ezzati que hiciera pública la sentencia, aunque aún era recurrible. El sacerdote fue inmediatamente despojado de sus funciones y trasladado a un monasterio de la capital chilena. Su entorno recibió la noticia con conmoción, rabia e indignación, mientras el acusado mantenía su declaración de inocencia.
El Vaticano decidió llevar a cabo un juicio administrativo contra Karadima por dos razones: las claras pruebas de su culpabilidad y su avanzada edad (80 años). El sacerdote recibió un trato similar al de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo y también abusador de menores. En ambos casos se renunció a un juicio eclesiástico para evitar que el acusador muriera sin ser condenado, ya que un proceso penal, con sus múltiples recursos, consume tiempo y recursos humanos.
Para el caso chileno, la Doctrina de la Fe tomó más precauciones y diseñó una comisión de tres delegados que estudiaron el caso, a diferencia de lo habitual, que es un solo delegado el encargado de consultar con especialistas antes de recomendar una sentencia. Esto no disuadió a los partidarios de Karadima de presentar un recurso ante la Plenaria de la Congregación, que lo rechazó, reafirmando la culpabilidad del acusado.
Con el voto de la Congregación, la Santa Sede cerró el capítulo eclesiástico del escándalo, pero el capítulo político sigue abierto. Por vía diplomática, el juez chileno ha solicitado a Roma los documentos utilizados en la investigación canónica. La Secretaría de Estado vaticana deberá decidir, en las próximas semanas, si responde positiva o negativamente.
Otro resultado de la actuación del Vaticano fue la disculpa pública del arzobispo emérito de Santiago de Chile, Francisco Javier Errázuriz, quien pidió perdón a las víctimas por no haberles creído cuando hicieron sus acusaciones contra Fernando Karadima en 2004.
"Ahora comprendo que, especialmente a las dos primeras denunciantes, ver que esta acusación quedaba sin respuesta les causó sufrimiento. Es un sufrimiento que yo no quería causar de ninguna manera, y por ello pido perdón", dijo. Mientras tanto, la justicia civil también sigue su curso.
Bishop-Accountability
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