Argentina
es el primer país de Latinoamérica que debate la inclusión en el Código Civil
de la maternidad subrogada, método de gestación conocido popularmente como
"alquiler de vientres", que "permitirá formar familias que no
tendrán más conflictos que las formadas espontáneamente", aseguró Luisa
Barón, psiquiatra especializada en reproducción asistida.
Por
Silvina Molina
La
médica encabezó ayer un debate en la Biblioteca Nacional sobre aspectos
legales, médicos y psicológicos de la gestación por sustitución contemplada en
el artículo 562 del anteproyecto de reforma del Código Civil impulsado por el
Gobierno nacional.
"Debemos
derribar prejuicios, porque las nuevas posibilidades que brinda la ciencia
siempre generan miedo y resistencia, por eso es necesario el debate", señaló Barón.
Sobre
esta técnica de reproducción, el portal oficial www.codigocivil.argentina.ar explica que "el elemento central es la voluntad
procreacional, expresado el consentimiento previamente informado y libre de las
personas que intervienen".
Agrega
que "debe ser homologado
judicialmente. Asimismo, el juez interviniente en la homologación, constatará
que la gestante no haya recibido retribución alguna y al menos uno de los
comitentes ha aportado material genético".
En
el anteproyecto se aclara que debe dictarse una legislación específica, pero
anticipa los requisitos de deberá tener en cuenta la autoridad judicial para
autorizar la técnica reproductiva.
La
enumeración contempla el interés superior del niño que pueda nacer y aclara que
la gestante debe tener plena capacidad, buena salud física y psíquica y que al
menos uno de los comitentes (miembros de la pareja que solicitan la práctica)
debe aportar sus gametos.
En
cuanto a la gestante refiere que no puede aportar gametos ni recibir
retribución, tampoco someterse al proceso de gestación por sustitución más de
dos veces y deber haber dado a luz, al menos, un hijo propio.
Además,
la pareja debe demostrar la imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a
término. Sobre este aspecto, la abogada Claudia Silvani, especialista en
Derecho de Familia, se preguntó durante el debate qué pasará con las parejas
del mismo sexo.
Otra
arista que consideró debatible la abogada es la gratuidad de la práctica "ya que en los lineamientos internacionales
sobre el tema hay legislaciones que hablan de pago y otras de compensación de
gastos". Es decir, la gestante recibe retribución económica.
Liliana
Blanco, médica especialista en reproducción asistida integró el panel junto a
Barón y Silvani, y las tres coincidieron en resaltar la falta de léxico
adecuado para hablar de la técnica y la carencia de estudios y estadísticas
mundiales.
Si
bien el término más difundido es "alquiler
de vientres", el anteproyecto de reforma del Código habla de gestación por sustitución.
En
tanto, las profesionales utilizaron términos como pareja subrogante (la que solicita la práctica) y madre subrogada, portadora o gestante
para referirse a la mujer que alquila su
útero al cual también se lo denomina portador
o subrogado.
"Yo hablo
de mujer gestante, porque la maternidad no se subroga", señaló Barón,
quien resaltó que "la maternidad
cambia y cambiará, y debemos adaptarnos".
"En esta
práctica reproductiva hay un intercambio, donde una mujer que no puede albergar
un niño en su útero encuentra, en un intercambio afectivo, a otra que está
dispuesta a albergar a ese niño", agregó.
En
tanto para Blanco, desde el punto de vista médico, esta técnica de reproducción
"es la más sencilla de todas; es de
baja complejidad", si bien "el
factor económico impide que toda la población pueda acceder a ella" ya
que hasta ahora sólo puede realizarse fuera del país.
Definió
la gestación por sustitución como "una opción terapéutica para parejas
que no pueden gestar", las cuales son "el 15% de la población" y detalló todas las indicaciones
médicas que determinan que una pareja es apta para someterse a la práctica.
También
enfatizó en que "son tratamientos de
excepción que deben ser analizados por equipos interdisciplinarios, respetando
a la pareja subrogante, a la mujer gestante y sobre todo, al bebé".
Reconoció
que Argentina "está a la vanguardia
legislativa en temas relacionados con las llamadas minorías, lo que ha
permitido insertar este tema que requiere de un amplio debate
comunitario".
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