jueves, 11 de agosto de 2011

Obispo mexicano dirige dos organizaciones pro-aborto de “derechos humanos”

El obispo católico de la ciudad mexicana de Saltillo, José Raúl Vera López, está a cargo de dos organizaciones que abogan por la despenalización y la disponibilidad del aborto, y que se oponen a las enmiendas pro-vida en las constituciones estatales, ha confirmado LifeSiteNews/Notifam (LSN).


Por Matthew Cullinan Hoffman, corresponsal de América Latina

Sin embargo, durante una entrevista exclusiva con LSN, el Obispo Vera López negó que las organizaciones son pro-aborto, insistiendo que una abogacía por la despenalización es diferente a un apoyo por el aborto en sí.

Vera es el Presidente de una de las organizaciones, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en el Estado de Chiapas, donde antes servía como obispo coadjutor. La segunda organización, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fue fundada por él mismo y la misma opera como un órgano oficial de su diócesis.

Los grupos han dado su firma a varias declaraciones e informes de “derechos humanos” a favor del aborto, en donde se aboga por la despenalización del aborto, al igual que de una garantía de la disponibilidad de los servicios de aborto por parte del gobierno. Un vocero para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas confirmó durante una entrevista que el grupo apoya ambas posturas.

“Estamos a favor de la despenalización porque estamos en contra de que se criminalicen las mujeres que optan por eso”, dijo Jorge Armando Gómez, quien también dijo que los médicos no deben ser penalizados por practicar abortos.

“Entonces, en ese sentido, ahí es donde decimos que el estado debería garantizar el derecho a la salud. Porque muchas veces el aborto se hace en México en condiciones de poca salud o en hospitales donde no se garantiza que las mujeres pueden tener un buen servicio”.

“¿Entonces el Estado debería proveer el servicio en ese caso o qué?”, preguntó LSN.

“Sí, en el marco del derecho a la salud. Como muchos otros servicios así como el servicio cuando tienen parto, el servicio cuando nos enfermamos, en la misma manera esta acción de optar por abortar, pues que se haga en condiciones buenas y no se exponga la vida.”

Gómez alega que la postura del Centro es que no se trata de una postura a favor del aborto, sino más bien de una postura a favor del “derecho a la salud”.

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Entre las varias declaraciones a favor del aborto que son apoyadas por las dos organizaciones que están bajo la dirección del Obispo Vera López, existen dos piezas que son similares que fueron publicadas este año y que llevan sus nombres. Uno de los informes es auspiciado por la organización pro-aborto denominada “Red Todos los Derechos para Todas y Todos” , la cual es una organización que apoya la legalización del aborto por petición en Ciudad México, pagado por el gobierno, que fue aprobado en 2007. Aquellos que forman parte de los dos grupos que dirige el Obispo Vera López son miembros de la “Red Todos los Derechos para Todas y Todos”.

En las declaraciones de 2011, tituladas “México a dos años del examen periódico universal” y “Acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, feminicidio, violencia sexual, desapariciones y trata de mujeres” se someten las siguientes queja de que “a pesar de que el Código Penal de Guanajuato permite el aborto por violación, el estado no proporciona servicios de interrupción legal del embarazo” (páginas 18 y 10 respectivamente). En la primera declaración se denuncia el hecho de que “la falta de coordinación entre las secretarias de salud y los ministerios públicos en los estados se convierte en un obstáculo para que las mujeres víctimas de violación accedan a la atención integral, así como a una interrupción legal del embarazo producto de la violación” (página 18 del primer documento citado). En la segunda declaración se le pide a la Organización de las Naciones Unidas/ONU que comiencen una investigación con el gobierno mexicano “en lo que respecta a los servicios de Anticoncepción de emergencia y el servicio de aborto en caso de que las mujeres víctima de violación así lo soliciten” (página 13 del segundo documento citado).

En una tercera declaración, emitida en 2008 y publicada en el periódico Público en Guadalajara, se expresa oposición a la enmienda propuesta del derecho a la vida para la constitución en el Estado de Jalisco. En la declaración se denuncia el hecho de que la iniciativa “pretende reconocerle titularidad de derechos al concebido no nacido, contra lo que establece nuestro sistema constitucional y asignarle un carácter absoluto a tales derechos, desconociendo la protección que la Constitución mexicana otorga a los derechos de las mujeres”.

El Centro Bartolomé de las Casas ha dado su firma a otros informes de “derechos humanos” a favor del aborto en los años previos a la presidencia de Vera de dicha organización, tales como en 2006, en 2009, y en 2010. Sin embargo, lo que surge es que no se han retractado de ninguno de los documentos, a partir del nombramiento de Vera, y por lo menos uno de estos documentos se puede leer en el sitio cibernético del Centro.

El Obispo Raúl Vera responde

Cuando se le preguntó, durante una entrevista exclusiva de LSN, sobre las actividades de las dos organizaciones de “derechos humanos”, Vera insistió que sus posturas a favor de la eliminación de las penalidades para el aborto, no consisten en una postura “a favor del aborto”, sino más bien una postura “a favor de la despenalización del aborto”, lo que él entiende que las separa. Vera tildó la penalización del aborto como “la persecución de las personas que abortan”.

“No, no, no, la penalización. Lo que aquí se discute en México es la penalización o despenalización del aborto en México, eso es otra cosa. La penalización es la persecución de las personas que abortan”, le dijo Vera a LSN.

A la vez que reconoce que el aborto consiste en el “asesinato de un niño en el seno materno”, Vera alegó que existe una preocupación con respecto a la penalización del aborto porque tales leyes han sido usadas para enviar a la prisión a las mujeres indígenas que han tenido abortos espontáneos. Sin embargo, esta preocupación no aparece en los documentos firmados por ambos grupos.

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