Por Mónica del Río
A pesar de la cuarentena el expediente recogió en la última semana la adhesión virtual de varios senadores oficialistas: Inés Blas (Catamarca), Matías Rodríguez (T.del Fuego), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Roberto Mirabella (Sta.Fe) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco).
El proyecto añade la modificación del Código Penal para agravar las penas de los delitos cometidos en el marco de esos pretextos discriminatorios.
El Plan Nacional contra la Discriminación que el presidente Néstor Kirchner aprobó con el Decreto 1086 del 2005 plasmó de algún modo el Plan del kirchnerismo en materia de Familia y Vida.
Muchos de los puntos de ese Plan estaban ligados a la promoción del estilo de vida homosexual y, en general, ya los consiguieron, sólo uno quedó pendiente, el que el lobby gay considera fundamental y puso en primer lugar, incluir en la Ley Antidiscriminatoria la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Como los mismos activistas remarcan, Argentina ha hecho un camino distinto al de otros países en la consecución de esos objetivos. Lo usual es que primero consigan incorporar la no discriminación por género u orientación sexual y que de allí se desgaje todo lo demás, pero en nuestro país ya lograron “matrimonio igualitario”, “identidad de género” y un largo etcétera al que le añadieron la semana pasada la adhesión de la provincia de Tucumán a la Ley Micaela que obliga a capacitarse en género a los miembros de los tres poderes del Estado. La norma rige ahora en todas las provincias.
Aun así, todavía hay docentes que enseñan que la unión de personas del mismo sexo no es un matrimonio, aunque el Ministerio de Educación -so pretexto de la cuarentena- imprima y distribuya los cuadernillos del programa “Seguimos Educando” en las 24 jurisdicciones educativas del país. Hay padres de familia que intentan seguir educando en el pudor, aunque el Ministerio de Salud recomiende reemplazar el sexo ocasional con el consumo de pornografía y la masturbación, para mantener el distanciamiento social.
A la policía del pensamiento único sólo le falta una herramienta de persecución que amedrente y castigue a los que osan disentir. Una ley que les permita -como advertimos desde hace más de 15 años- penalizar, incluso, la enseñanza del catecismo (Vid Notivida 194). Recordemos que más de un obispo argentino ha tenido que explicar ante el INADI que las expresiones por las que lo habían denunciado “no eran otra cosa que la divulgación de la doctrina de la Iglesia Católica”.
Dice Catalfamo en los fundamentos de su proyecto:
“Cuando la Federación Argentina LGBT (FALGBT) lanzó la campaña por el 'matrimonio' igualitario lo que se puso sobre la mesa no era, apenas, una disputa por el derecho a casarse, sino la oportunidad de producir un cambio radical en la percepción social sobre la homosexualidad y otras diversidades de índole sexual; un cambio cultural que también transformaría, como consecuencia, las relaciones sociales…”
“Tal es así, que dos años después se sancionó la ley 26743 garantizando el derecho a la 'igualdad de género'. Fue tal la batalla cultural que, finalmente, se obtuvo como resultado que el mundo pudiera ver la imagen de la entonces presidenta, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, entregando a un grupo de travestis y transexuales sus nuevos documentos de identidad en la Casa de Gobierno de la Nación y pidiendo perdón en nombre del Estado Argentino”.
“En ese mismo orden de ideas, el pasado 4 marzo del corriente año, el presidente de la Nación, Dr. Alberto A. Fernández, encabezó un acto de apertura por la Semana de la Mujer Trabajadora en el Centro Cultural Kirchner y en su alocución expresó”:
“¡Qué locura esta sociedad! Hacerle padecer a la gente del 'género' que es. ¿Por qué hicimos padecer ese daño a tanta gente? Por qué pensar que hay solo dos 'géneros' definidos si la realidad dice otra cosa”.
“¡Qué sociedad tan injusta que fuimos! Porque a cuántas, cuántos y cuántes hicimos padecer inútilmente…Eso es lo que no nos debemos perdonar.”
NOTIVIDA
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