Por Joe Feuerherd
Esa acusación se hizo en una carta del 30 de marzo de Anne Burke, del Tribunal de Illinois de Justicia de Apelación que sirvió como presidente interina de la Junta, al Presidente de la Conferencia Episcopal Wilton Gregory. [Ver carta de Burke a Gregory, archivo PDF en inglés aquí].
Copias de la correspondencia obtenida por NCR indican que la relación de la junta con docenas de miembros de la jerarquía es muy tensa. Aunque el lenguaje utilizado por la JNR y los obispos no llega a las invectivas que llevaron al entonces presidente de la JNR, Frank Keating, a dimitir en junio de 2003 (comparó a los obispos con la mafia), dista mucho de ser colegial. Los miembros de la Junta cuestionan el compromiso de los obispos con la protección de la infancia, mientras que algunos obispos acusan a la NRB (Natural Resources Board=Junta de Recursos Naturales) de haberse desviado de su mandato.
La carta de Burke pinta un cuadro de engaño jerárquico y maniobras de relaciones públicas. Aunque la carta lleva su firma, fue revisada y aprobada por la Junta de Revisión, dijo Burke a NCR.
Incluso cuando los miembros de la NRB estaban presentando sus conclusiones sobre el alcance y las causas de la crisis en una rueda de prensa ampliamente cubierta el 27 de febrero, escribió Burke, sus miembros no sabían que los obispos estaban considerando archivar o retrasar algunas de las recomendaciones clave de la junta. Casi un mes más tarde, cuando cuatro miembros de la NRB presentaron formalmente las recomendaciones al Comité Administrativo de los obispos, la Junta no había sido informada de que miembros clave de la jerarquía estaban tratando de aplazar o desbaratar una segunda ronda de auditorías diseñadas para medir el cumplimiento diocesano de las políticas de protección de menores establecidas por los obispos en su reunión de junio de 2002 en Dallas.
“Nos parece más que falso haber permitido a nuestros miembros hacer sus presentaciones ante el Comité Administrativo y no haber mencionado ni una sola vez las cartas de algunos obispos pidiendo aplazar estos asuntos hasta noviembre”, escribió Burke. Además dijo “es difícil llegar a otra conclusión que no sea que el hecho de no informar a la JNR de estos asuntos en el momento oportuno fue para asegurarse de que no salieran a relucir en ninguna discusión con los medios de comunicación nacionales el 27 de febrero”.
Dijo Burke: “En resumen, fuimos manipulados”.
Y prosiguió: “Creemos que los obispos perciben que el trabajo que hemos realizado estos últimos 22 meses ha desviado con éxito amplias críticas nacionales. En efecto, han 'esquivado la bala', y están ansiosos por dejar atrás estos asuntos”.
Entre los que instaron al comité administrativo a aplazar la decisión sobre las auditorías se encontraba el cardenal de Nueva York Edward Egan, que escribió en nombre de varios obispos neoyorquinos. “Escribimos para informar que los obispos y administradores diocesanos abajo firmantes no están a favor de extender estos esfuerzos hasta después de que el asunto haya sido discutido por todos los obispos... en su reunión general de noviembre”, escribió Egan el 2 de febrero. [Ver carta de Egan a Gregory en archivo PDF inglés aquí].
Utilizando un lenguaje idéntico en dos cartas separadas, 12 obispos de Nueva Jersey, Pennsylvania y Nebraska escribieron a Gregory a mediados de febrero. Esos obispos -entre ellos el cardenal de Filadelfia Justin Rigali, el arzobispo de Newark John Myers, el arzobispo de Omaha Elden Curtiss, y el obispo de Lincoln, Nebraska, Fabian Bruskewitz- dijeron que se “oponían a cualquier extensión de la Auditoría Nacional sobre el abuso sexual de menores por parte del clero hasta que todos los obispos ... tengan la oportunidad de discutir este asunto en sesión ejecutiva en nuestra reunión general de noviembre de 2004”.
Además, decían las dos cartas, “es aconsejable no dar ninguna impresión a los medios de comunicación de que las numerosas recomendaciones procedentes de la Oficina para la Protección de la Infancia y la Juventud están de algún modo aseguradas antes de ser discutidas por los obispos”. [Ver las cartas de Rigali y Curtiss].
Una carta del 12 de febrero a Gregory firmada por más de una docena de obispos de Connecticut, Nueva Jersey y Pennsylvania advertía de que la NRB y la Oficina Episcopal de Protección de la Infancia y la Juventud “parecen estar ampliando sus competencias, responsabilidades, actividades y estudios en una dinámica de autonomía”. Dijeron los obispos “Estamos preocupados ... cuando vemos que la palabra 'independiente' se utiliza indiscriminadamente en referencia a ambas entidades”. [Véase la carta de Connecticut en archivo PDF en inglés aquí].
Gregory anunció el mes pasado que los obispos considerarían si proceder con las auditorías en su reunión a puerta cerrada de junio. No está claro, sin embargo, si votarán sobre el asunto en esa reunión, que está concebida como un retiro espiritual y no como una reunión de trabajo.
Mientras tanto, el 2 de abril, el arzobispo de Denver, Charles Chaput, y su obispo auxiliar, José Gómez, respondieron a Burke. En su carta, escribieron, “supone los peores motivos por parte de los obispos, a pesar del progreso que ya se ha hecho. Su lenguaje está diseñado para ofender y contiene amenazas implícitas que son, por decirlo suavemente, inapropiadas para alguien de su talla profesional”. La carta de Burke, dijeron los dos obispos, “invita a la resistencia” [Ver la carta de Chaput a Burke en archivo PDF en inglés aquí].
La disputa giró en torno a la “Carta para la Protección de Niños y Jóvenes” de junio de 2002, el documento que estableció la NRB y exigió la aplicación de políticas diocesanas para combatir los abusos sexuales. La Carta exige que la NRB supervise la elaboración de un “informe anual” para evaluar el cumplimiento, diócesis por diócesis, de los procedimientos de protección de menores aprobados por la Conferencia Episcopal. En enero, la NRB y la Oficina de Protección de la Infancia y la Juventud de los obispos publicaron una “auditoría” del cumplimiento por parte de las diócesis, en la que se informaba de que la inmensa mayoría de las diócesis habían puesto en marcha programas para proteger a los niños de los depredadores sexuales. El NRB recomendó que se institucionalizara el proceso de auditoría, comenzando con una segunda ronda en 2004. Las auditorías adicionales son vitales, dijo Burke a NCR, porque permitirán a la NRB juzgar la eficacia de los programas diocesanos.
Chaput y Gómez, sin embargo, cuestionaron la necesidad de tales auditorías.
La Carta, dijeron Chaput y Gomez, “no exige en ninguna parte una auditoria nacional anual y el gasto, personal y de estructuras que implicaría. No nos oponemos necesariamente a tal auditoría. Creemos que tendría más sentido sobre una base trienal o cuatrienal”.
Además, según Chaput y Gómez, el Comité de Revisión se extralimitó en sus funciones. “No es obligación de la JNR interpretar la Carta. La JNR es un importante órgano consultivo al servicio de los obispos. No tiene ni puede tener autoridad supervisora”.
Además de las auditorías propuestas, el Comité Administrativo de los obispos aplazó la consideración de una propuesta del NRB para un estudio de “Causas y Contexto”, un seguimiento “epidemiológico” del informe elaborado por el John Jay College of Criminal Justice. El estudio John Jay se publicó a finales de febrero.
La carta de Burke decía que la NRB está “muy descorazonada por esta aparente decisión de volver a las andadas. Los retrasos -escribió Burke- reivindicarán a los que decían que los obispos nunca se tomaron en serio la idea de liberarse de los pecados, crímenes y malos juicios del pasado” [Ver carta de Burke a Gregory en archivo PDF en inglés aquí].
Continuó Burke, “Una decisión de retroceder en la Carta y las Normas -y es difícil ver la decisión de retrasar los asuntos hasta noviembre como otra cosa- retrasará la necesaria curación y reabrirá las heridas del engaño, la manipulación y el control, todos los falsos ideales que produjeron este escándalo”.
El Comité de Revisión “se sentiría personalmente traicionado por tales acciones”, escribió Burke.
Incluso si los obispos votaran en su reunión del próximo mes aprobar las auditorías diocesanas para 2004, dijo Burke, el informe resultante se retrasará. “Espero y rezo para que esto sea sólo un pequeño bache en el camino”, dijo Burke a NCR. Si los obispos retrasan aún más la puesta en marcha de las auditorías o las rechazan de plano, dijo Burke, entonces no habrá informe anual, como exige la Carta.
Este último resultado parece ser deseable al menos para un obispo.
“Creo que, después de una tormenta de dos años, los obispos necesitan un descanso para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido, de modo que podamos seguir adelante, reflexionando y rezando, en lugar de precipitarnos y cometer muchos errores de los que luego nos arrepintamos”, dijo el obispo de Cheyenne, David Ricken, en una carta a Burke el 16 de abril. [Ver carta de Ricken a Burke en archivo PDF en inglés aquí].
