Según registró Diario Junio, la causa data de abril de 2017, cuando una joven de 18 años denunció en redes sociales a los acusados por haberla atacado a ella y a su prima cuando tenían 8 y 11 años. El abogado defensor de los acusados, Roberto Alsina, pidió la absolución de los imputados al considerar que “los delitos están prescriptos por el paso del tiempo”.
Según detallaron desde el área de prensa del STJ, el tribunal está compuesto por la jueza Carolina Castagno y los jueces Gustavo Pimentel y Elvio Garzón, integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. En tanto, el Ministerio Público Fiscal estuvo representando por el fiscal Facundo Barbosa; la querella particular la ejerció la abogada Valeria Burkhard; en tanto que el abogado Roberto Alsina ejerció la defensa técnica de los imputados. Por las características de los tres hechos el debate fue a puertas cerradas y se extendió hasta el viernes, cuando se escucharán los alegatos de las partes.
Los hechos
La causa se abrió en abril de 2017 cuando una joven de 18 años denunció en redes sociales el abuso de los acusados. La publicación motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años. La investigación penal preparatoria estuvo a cargo del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien imputó a Vargas y a su cuñado Panza.
Al primero le atribuyó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado le endilgó abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores. En su escrito de elevación a juicio, el fiscal Barbosa pidió una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. En tanto, la abogada querellante Valeria Burckhard, que representa a una de las jóvenes denunciantes, solicitó 20 años de prisión para ambos imputados.
Según publicó el medio La Sexta de esa localidad, Vargas era siervo ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los ancianos –nombre que reciben los líderes de la congregación local–. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación– se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza. Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alsina, quien pide la absolución por cuanto considera que los delitos están prescriptos por el paso del tiempo. La investigación concluyó en noviembre de 2018, cuando el fiscal pidió la remisión de la causa a juicio. A esa solicitud se sumó la abogada querellante Valeria Burckhard. El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, hizo lugar al pedido el 20 de febrero de 2020.
Detalles del juicio
En la segunda jornada del juicio contra los miembros de la congregación, que se desarrolla en La Paz, declararon ante el tribunal siete personas, entre fieles y autoridades del Salón del Reino de Santa Elena. La jornada comenzó a las 9 y culminó cerca del mediodía, ya que la defensa desistió de algunos testigos, según leemos en Análisis Digital.
En la jornada se destacó la postura de tres ancianos, autoridades máximas locales de los testigos, quienes evitaron dar información y se ampararon en el artículo Nº 289 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla que puedan abstenerse de declarar sobre hechos “secretos” que hubieran conocido los “ministros de un culto admitido”. Según supo Entre Ríos Ahora, las autoridades que eligieron el silencio son Lucas Pedernera, Pablo Paunera y Aldo Córdoba.
El artículo al que aludieron dice textualmente que “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo sanción de nulidad, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.
Declaraciones de la abogada de una víctima
La abogada Valeria Burkhard, que representa a Belén Sánchez, una de las víctimas, lamentó la postura que tomó la cúpula de los Testigos de Jehová de la localidad del norte entrerriano. “La postura fue peor de la que tuvieron en la investigación preliminar, se mostraron más renuentes y desde el principio dejaron en claro que lo que era confidencial no lo podían declarar”, señaló.
“Trataron de esquivar lo más posible las preguntas en forma directa. Cuando tenían que responder por sí o por no, enseguida salían con el tema de la confidencialidad. Ellos pueden hacer muchos artículos sobre el abuso, pero en la práctica no colaboran con un caso puntual. Deja mucho que desear sus palabras y lo que realmente hacen”, dijo la abogada.
Antes del inicio del juicio, la congregación comenzó a difundir artículos en su sitio web sobre cómo abordar los casos de abuso. Consultada al respecto, Burkhard dijo que tomó esas publicaciones como “un cambio de postura” y con expectativa de que “colaboren de alguna manera”. “Esperaba que ellos tuvieran otro tipo de colaboración para el caso, pero al parecer fue una pantalla”, consideró.
En cuanto al caso de Matías Vargas, uno de los imputados que unas semanas después de la denuncia fue expulsado, la abogada querellante señaló que los ancianos confirmaron esa expulsión, pero evitaron dar los motivos. “Admiten, pero nunca dicen el motivo. Seguramente lo conocen porque si no, no lo hubieran expulsado. Entiendo que los conocen pero no lo quieren decir”, cerró.
“Son cómplices”
Natalia Cabrera, abogada e integrante de Militancia Verde de La Paz, también lamentó que la congregación haya sido reticente a colaborar con la Justicia. “Hemos tomado conocimiento que se creía que los ancianos iban a colaborar con la causa, principalmente luego de haber expulsado a Vargas de la congregación, pero lamentablemente no accedieron. Se ampararon en el secreto que los avala por ser miembros de alto rango de una iglesia. Se negaron a dar los motivos por los que fue expulsado Vargas. Y a exponer los antecedentes que pudieron recabar, porque sabemos que hay otras víctimas que no se animaron a hacer la denuncia. En la iglesia los conocían a través de esta denuncia que hace Belén”, señaló.
“Belén está realmente destruida. Es la iglesia en la que su madre todavía confía. A la que ella fue siempre. Salió muy consternada. Los Testigos de Jehová labraron un escrito en los que se negaron a divulgar quién los ayudó a armar esta acta en la que se amparan para no testificar. Fue en vano sus testimonios. Si bien sostienen que mantienen una postura neutral, ante una injusticia mantener una postura neutral no es otra cosa que ser cómplices”.
“Definitivamente podrían haberle dado un giro diferente y haberle hecho sentir a Belén un apoyo de la congregación en la que tanto confió en los primeros años. Ellos tendrían que haber intentado que la investigación se resuelva y no poner obstáculos en el camino para que se pueda saber qué fue lo que pasó, cuándo y cómo”, finalizó.
InfoRies
Según detallaron desde el área de prensa del STJ, el tribunal está compuesto por la jueza Carolina Castagno y los jueces Gustavo Pimentel y Elvio Garzón, integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. En tanto, el Ministerio Público Fiscal estuvo representando por el fiscal Facundo Barbosa; la querella particular la ejerció la abogada Valeria Burkhard; en tanto que el abogado Roberto Alsina ejerció la defensa técnica de los imputados. Por las características de los tres hechos el debate fue a puertas cerradas y se extendió hasta el viernes, cuando se escucharán los alegatos de las partes.
Los hechos
La causa se abrió en abril de 2017 cuando una joven de 18 años denunció en redes sociales el abuso de los acusados. La publicación motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años. La investigación penal preparatoria estuvo a cargo del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien imputó a Vargas y a su cuñado Panza.
Al primero le atribuyó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado le endilgó abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores. En su escrito de elevación a juicio, el fiscal Barbosa pidió una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. En tanto, la abogada querellante Valeria Burckhard, que representa a una de las jóvenes denunciantes, solicitó 20 años de prisión para ambos imputados.
Según publicó el medio La Sexta de esa localidad, Vargas era siervo ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los ancianos –nombre que reciben los líderes de la congregación local–. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación– se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza. Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alsina, quien pide la absolución por cuanto considera que los delitos están prescriptos por el paso del tiempo. La investigación concluyó en noviembre de 2018, cuando el fiscal pidió la remisión de la causa a juicio. A esa solicitud se sumó la abogada querellante Valeria Burckhard. El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, hizo lugar al pedido el 20 de febrero de 2020.
Detalles del juicio
En la segunda jornada del juicio contra los miembros de la congregación, que se desarrolla en La Paz, declararon ante el tribunal siete personas, entre fieles y autoridades del Salón del Reino de Santa Elena. La jornada comenzó a las 9 y culminó cerca del mediodía, ya que la defensa desistió de algunos testigos, según leemos en Análisis Digital.
En la jornada se destacó la postura de tres ancianos, autoridades máximas locales de los testigos, quienes evitaron dar información y se ampararon en el artículo Nº 289 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla que puedan abstenerse de declarar sobre hechos “secretos” que hubieran conocido los “ministros de un culto admitido”. Según supo Entre Ríos Ahora, las autoridades que eligieron el silencio son Lucas Pedernera, Pablo Paunera y Aldo Córdoba.
El artículo al que aludieron dice textualmente que “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo sanción de nulidad, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.
Declaraciones de la abogada de una víctima
La abogada Valeria Burkhard, que representa a Belén Sánchez, una de las víctimas, lamentó la postura que tomó la cúpula de los Testigos de Jehová de la localidad del norte entrerriano. “La postura fue peor de la que tuvieron en la investigación preliminar, se mostraron más renuentes y desde el principio dejaron en claro que lo que era confidencial no lo podían declarar”, señaló.
“Trataron de esquivar lo más posible las preguntas en forma directa. Cuando tenían que responder por sí o por no, enseguida salían con el tema de la confidencialidad. Ellos pueden hacer muchos artículos sobre el abuso, pero en la práctica no colaboran con un caso puntual. Deja mucho que desear sus palabras y lo que realmente hacen”, dijo la abogada.
Antes del inicio del juicio, la congregación comenzó a difundir artículos en su sitio web sobre cómo abordar los casos de abuso. Consultada al respecto, Burkhard dijo que tomó esas publicaciones como “un cambio de postura” y con expectativa de que “colaboren de alguna manera”. “Esperaba que ellos tuvieran otro tipo de colaboración para el caso, pero al parecer fue una pantalla”, consideró.
En cuanto al caso de Matías Vargas, uno de los imputados que unas semanas después de la denuncia fue expulsado, la abogada querellante señaló que los ancianos confirmaron esa expulsión, pero evitaron dar los motivos. “Admiten, pero nunca dicen el motivo. Seguramente lo conocen porque si no, no lo hubieran expulsado. Entiendo que los conocen pero no lo quieren decir”, cerró.
“Son cómplices”
Natalia Cabrera, abogada e integrante de Militancia Verde de La Paz, también lamentó que la congregación haya sido reticente a colaborar con la Justicia. “Hemos tomado conocimiento que se creía que los ancianos iban a colaborar con la causa, principalmente luego de haber expulsado a Vargas de la congregación, pero lamentablemente no accedieron. Se ampararon en el secreto que los avala por ser miembros de alto rango de una iglesia. Se negaron a dar los motivos por los que fue expulsado Vargas. Y a exponer los antecedentes que pudieron recabar, porque sabemos que hay otras víctimas que no se animaron a hacer la denuncia. En la iglesia los conocían a través de esta denuncia que hace Belén”, señaló.
“Belén está realmente destruida. Es la iglesia en la que su madre todavía confía. A la que ella fue siempre. Salió muy consternada. Los Testigos de Jehová labraron un escrito en los que se negaron a divulgar quién los ayudó a armar esta acta en la que se amparan para no testificar. Fue en vano sus testimonios. Si bien sostienen que mantienen una postura neutral, ante una injusticia mantener una postura neutral no es otra cosa que ser cómplices”.
“Definitivamente podrían haberle dado un giro diferente y haberle hecho sentir a Belén un apoyo de la congregación en la que tanto confió en los primeros años. Ellos tendrían que haber intentado que la investigación se resuelva y no poner obstáculos en el camino para que se pueda saber qué fue lo que pasó, cuándo y cómo”, finalizó.
InfoRies
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