Se realizó hoy una nueva reunión informativa de las comisiones de: Banca de la Mujer, Justicia y Salud.
Expositores
Stela Maris Manzano, Tocoginecóloga de Chubut: la médica que practicó -entre otros- el aborto tardío del caso FAL, mencionó como “motivos médicos para garantizar abortos” que “el aborto es menos peligroso que el parto” y que “ninguna mujer debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la vida de otros”. Habló de las cifras de Trelew y, según dijo, este año se realizaron 140 abortos del primer trimestre. Para Manzano “negar el aborto por causales es tortura”.
María de Urraza, médica del Hospital “Mi Pueblo” de Florencio Varela: Afirmó que el proyecto busca 1) promover el aborto eugenésico, 2) legitimar lo que ya se realiza en los hospitales, que es el aborto a demanda y sin límite gestacional, 3) ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país, 4) aumentar la cantidad de abortos, 5) amedrentar a los médicos y 6) garantizar el aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por los hospitales. Resaltó que en la provincia de Buenos Aires el aborto es libre ya que todas las mujeres que quieren abortar se acercan a un hospital y abortan, y además es gratuito. Habló de las “dramáticas” complicaciones que tienen los abortos que se realizan en los hospitales: abortos tardíos donde “los fetos nacen vivos y terminan en las chatas o en los inodoros”. Destacó que se desmiembran fetos. Denunció que las embarazadas durante la pandemia tuvieron problemas para los controles mientras que para los abortos se reservaron camas. Puntualizó que en los hospitales públicos los cargos de los directorios son políticos y que hoy en la mayoría de los hospitales esos directivos imponen el aborto irrestricto, eso llevó a que estén renunciando médicos porque hay presiones para hacer abortos tardíos. Repitió que “los fetos de 24 semanas que nacen vivos lloran”. Declaró que el estado promueve el aborto y que de las miles de mujeres de la provincia de Buenos Aires que acudieron a las consejerías sólo 15 no abortaron, “parece que corrieron más rápido”, concluyó.
Sonia Tarragona, Subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud: habló de los costos de la legalización del aborto, destacando que legalizarlo es más barato que atender las complicaciones del aborto clandestino. Aseguró que el 75% de los abortos que se realizan fuera del sistema de salud igual se terminan atendiendo allí y explicó que la práctica se hace afuera pero el resto (seguimiento, control, terminar un aborto incompleto o atención de las complicaciones) se realiza en el sistema de salud, por lo que la legalización bajaría los costos.
Evelyn Rodríguez, fundadora de la línea pro-vida para el acompañamiento del embarazo vulnerable: narró que desde hace casi 2 años en todo el país acompañan a las mujeres que piden ayuda en la línea nacional gratuita (0800-333-1148), una información que parece que a los medios no les interesa. Señaló que hay 350 instituciones voluntarias, que trabajan en la línea. “Es una red federal que se sostiene con recursos propios y abraza a cada mujer que pide ayuda”. Contó que su inquietud surgió de su historia personal –ella y su esposo son padres adoptantes- y concluyó que “una historia dramática puede tener un increíble final feliz”. Puntualizó que en los primeros 20 meses de la Red se duplicaron las instituciones voluntarias, lo que les permitió acompañar a más 1000 mujeres y ver nacer a 420 bebés. “La mujer que atraviesa un embarazo inesperado no necesita un aborto, sino acompañamiento”. Denunció que hay manipulación de embarazadas para que aborten, mientras que a ellos no les permiten ni poner carteles en muchos hospitales. Estima que la presentación del proyecto de los “Mil Días” “es una moneda de cambio para convencer a más legisladores” para que voten a favor del aborto.
Mariana Romero, epidemióloga del CEDES: Trató de explicar que la legalización del aborto es un tema de “salud pública”. En primer lugar habló de la relación entre aborto y mortalidad materna, después del efecto de la legalización en la cantidad de abortos provistos por el sistema de salud y finalmente de la relación entre la legalización y el acceso a servicios “seguros”.
María Lourdes González Bernardi, gineco-obstetra a cargo del área de obstetricia del hospital público de Montevideo: describió la experiencia de su país. Habló de: Mortalidad materna, Cantidad de abortos, Clandestinidad, Objeción de conciencia y Aborto como tema de “salud pública”. Explicó: 1) que la mortalidad materna se venía reduciendo en Uruguay antes del aborto, 2) que la legalización del aborto no disminuyó su práctica, los abortos registrados aumentaron. Añadió que en Uruguay hay educación sexual y anticonceptivos por lo que, entiende, tendrían que tener aborto cero, 3) que la legalización no eliminó la clandestinidad, 4) que el 40% de los ginecólogos son objetores, pero no se los respeta porque hay listas de objetores y las instituciones de salud los discriminan y 5) que se prioriza el aborto por sobre otras prestaciones, porque se considera una “emergencia sanitaria”.
Analía Messina, Ginecóloga, Htal. Álvarez, Redaas (“red de profesionales que asisten abortos seguros”): “la negación del aborto es un embarazo forzado”. Subrayó que hace un año acompañó al Ministro de Salud en el anuncio del Protocolo, en cuya redacción colaboró. Dijo que “se desconfía de la capacidad de las mujeres para decidir” y pidió respeto por la “autonomía”. Recordó el caso de Ana María Acevedo.
Gabriel Flores Ciani, pastor evangélico y médico psicoterapeuta: habló desde la neurociencia, su especialidad. Detalló que cuando se fusionan los gametos se forma el cigoto que inmediatamente comienza a enviar señales al cerebro de la mamá, y ella los registra. “Hay cambios neuro-fisiológicos en el cerebro de la mamá”. “El embrión tiene neuronas desde la quinta semana”. Explicó que no hay diferencia, a nivel psicológico, entre un aborto legal o ilegal. “La mujer siempre registra cambios emocionales profundos”. “El cerebro de la púber no está preparado para tomar la decisión de abortar”. Señaló que el cerebro de la mamá está preparado para amar al hijo, más allá de la forma en que lo concibió.
Noelia Vera, ex diputada de Podemos, Secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia 'de género' de España: reivindicó la “vida sexual plena” y la “maternidad libremente asumida”. Como feminista aspira “a que todas las mujeres tengan derecho a decidir”. “Nuestro cuerpo es nuestro y nosotras decidimos”. Recordó que en España llevan 10 años con una ley de plazos (14 semanas) y para Vera -que entiende que el aborto es un “derecho humano”- fue eficaz. Para sostener que la legalización del aborto no aumenta la cantidad de abortos, mencionó sesgadamente sólo cifras de los últimos 10 años.
Angélica Sarmiento, Fundación Derecho a Nacer, Colombia: habló del desarrollo de la vida humana desde la concepción y describió sólidamente sus etapas “Los cromosomas del embrión o feto son idénticos a los de esa misma persona en la etapa de niño o adulto”. “El embrión no es parte del cuerpo de la mujer, desde el punto de vista científico no hay dudas de que es otro ser humano, con un código genético propio, único e irrepetible, que se auto desarrolla”. “Los que niegan que el embrión es un ser humano debería responder: 1) “Qué clase de ser, es ese ser vivo con la información genética completa de un ser humano” y 2) “Cómo hace para humanizarse por el sólo hecho de salir del útero”. Indicó que a las 4 semanas las ecografías muestran como late el corazón, que a las 8 semanas ya tiene órganos sexuales y que a las 12 semanas ya está perfectamente formado, a pesar de que pesa 30 gr. A las 20 semanas se chupa el dedo y tiene hipo. “El aborto provocado es un homicidio”. “Es expulsar a un ser humano del útero materno desde la concepción hasta el momento en que es viable, y a esa expulsión sigue la muerte”. “La edad de la viabilidad del feto depende de la tecnología disponible para su atención”, mencionó que en los países del primer mundo sobreviven a las 21 semanas y con 500 gr de peso. A partir de ese momento se considera un parto inmaduro. “Los no objetores con esta ley se convertirían en verdugos”.
Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud: Empezó afirmando que “el aborto existe, que existía en 1921, en 2018 y ahora”. Habló del aborto como un tema de “salud pública”, mencionó que se hacen 350.000 abortos por año. Dijo que la mayoría de las internaciones vinculadas al aborto son por el aborto clandestino. Afirmó que las muertes maternas por aborto no se registran por la clandestinidad, “de todos modos son muertes evitables y cada una importa”. “Los países que legalizaron el aborto redujeron su frecuencia, porque la legalización se acompaña con políticas de prevención”. “No vivimos en un estado confesional, sino en un estado laico”.
Alejandro Barceló, director del departamento de Bioética de la Fundación Barceló: Dicen que el proyecto busca reducir la mortalidad materna y no obligar a nadie a hacer algo contra su voluntad, pero: 1) obliga al personal sanitario a suministrar información sobre el aborto a la embarazada, 2) obliga al personal de salud a capacitarse para hacer abortos, 3) obliga al personal de salud y a los docentes a capacitarse en la ideología 'de género', 4) obliga a las obras sociales y al sector público a realizar abortos a demanda, 5) obliga a la comunidad a pagar los aumentos que tendrán las prestaciones por la incorporación de la práctica, 6) obliga a las instituciones contrarias al aborto a gestionarlos y derivarlos, 7) obliga al personal de salud a no emitir consideraciones valóricas sobre el aborto, 8) el proyecto le restringe a la mujer -y al hombre también- derechos esenciales 9) permite que la mujer -y el hombre- sean instrumentalizados, 10) no otorga a la mujer ningún derecho, sólo los tendrían las ya nacidas, 11) el aborto sería la única práctica a realizar en un plazo perentorio. Destacó también que “si la mujer no tiene derecho a la vida no tiene derecho a nada”.
Cecilia Ousset, ginecóloga tucumana: se presentó como médica “católica” que intenta conciliar su Fe con la “salud pública”. Para la médica se aborta de distintos modos según las posibilidades económicas. “Soy de la provincia declarada pro-vida por su Legislatura”. Dijo que Tucumán “no es tierra santa”, remarcó que en esa provincia no se aplica la ley de educación sexual, no se adhirió a la Ley de Salud Reproductiva y no se dictó un protocolo de aborto. Para Ousset, en su distrito le niegan todo a las mujeres. Pidió que se legalice el aborto y que no pueda ser jefe de servicio el médico objetor de conciencia.
María Cecilia Ávila, tocoginecóloga de Catamarca: Dijo que en Andalgalá todos los médicos son objetores de conciencia. Confesó que nunca pensó que después de tantos años de estudio los médicos iban a tener que pedir que no se los obligue a matar a un niño por nacer. Explicó que nunca es fácil llevar adelante un embarazo, porque implica cambios de distinta índole y que lo más frecuente es que en un embarazo normal la mujer manifieste algún malestar y el obstetra la tiene que acompañar a transitar “la aventura de estar embarazada”. Acompañó a mujeres que quedaron embarazadas sin planificarlo, “es una noticia dura, pero también una noticia que implica vida” y finalmente el nacimiento es siempre un momento “mágico”. “El proyecto busca normalizar el asesinato de un bebé y transformar a los ginecólogos en partícipes necesarios, en sicarios”. “Es un proyecto genocida”.
Gabriela Luchetti, ginecóloga de Neuquén, miembro de Redaas (“red de profesionales que asisten abortos seguros”): Aseguró que “el aborto inducido es una experiencia común en la vida de las mujeres” y que “una de cada cinco mujeres aborta antes de llegar a los 45 años”. Dijo que en América Latina y el Caribe el embarazo no intencional ha alcanzado “cifras epidémicas”. Habló de la objeción de conciencia y afirmó que la penalización prevista en el proyecto es sólo para los que obstruyan la práctica.
José Jalil Cosomel, médico alergólogo/inmunólogo: Se declaró agnóstico y dijo que el aborto es una cuestión científica. Habló en nombre de los médicos pro-vida de Catamarca. Denunció que se falsifican las cifras vinculadas al aborto y que se ocultan las patologías que causan la mortalidad que es prevalente en la mujer. Puntualizó que los abortos legales e ilegales tienen complicaciones. Destacó que las mujeres que abortan son más proclives al suicidio. “Hay una acción de propaganda que no se basa en datos reales”. “Se estigmatiza al embarazo y se idealiza al aborto”. “La mayoría de las mujeres de clase baja se oponen al aborto”. “El 58% de las mujeres reportó que se hicieron el aborto para hacer felices a las personas cercanas y otro 28% por temor a perder a su pareja”. Mencionó los abortos selectivos de la India y China, “si las mujeres decidieran no favorecerían al otro sexo”.
Ruth Zurbriggen, miembro de La Revuelta y Socorristas en Red de Neuquén: “ensanchar derechos es siempre muy oportuno”. Repitió que el aborto es “una deuda de la democracia”. Narró que se dedica a acompañar a abortar a las mujeres que lo solicitan. Mencionó que este año las socorristas cooperaron con 13.408 abortos. “La clandestinidad es culpabilizante y aterradora”.
Graciela Moya, Genetista, Instituto de Bioética UCA: Comenzó hablando de estadísticas vitales, mencionó a las 19 mujeres que murieron en Argentina por aborto provocado en 2018 y destacó que la tasa de mortalidad por aborto ha disminuido un 62% desde el 2005. “El aborto provocado no es la primera causa de muerte de la mujer”. En segundo lugar se refirió al comienzo de la vida humana y a su dignidad. “No cabe duda, desde el punto de vista biomédico, que la existencia del ser humano se inicia en la concepción”. Enfatizó que hubo secuestro y esclavitud de personas africanas, esterilización forzada de personas con discapacidad en países nórdicos y que en los países desarrollados se elimina sistemáticamente a los niños con síndrome de Down. En tercer lugar habló de la dignidad de la mujer, subrayando que los abusos y la trata no mejoran con la legalización del aborto. “El derecho al aborto es el derecho a elegir eliminar una vida humana frágil”. El aborto desampara a la mujer en condiciones de vulnerabilidad. Pidió políticas públicas que protejan a la madre y al hijo. Le solicitó a los senadores que legislen para hacer una sociedad más justa, más humana y más civilizada.
Yolanda Bertazzo, Jefa del Programa de Salud Sexual Reproductiva de San Luis: “La salud pública es muy distinta a medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos, las oportunidades son distintas para las mujeres, especialmente en la ruralidad”. “En mi área se canalizan todos los reclamos por la falta de accesibilidad al aborto”. “La sociedad castiga a las mujeres que no quieren ser madres”. “Los médicos trabajamos en soledad”, afirmó, pero aclaró que en su caso cuenta con el apoyo de las autoridades provinciales. “No hay que obstaculizar ni criminalizar”. “No se puede obligar a maternar”.
María Angélica Gelli, Directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia de Ciencias Morales y Políticas: dijo que estaba en el debate “contra toda esperanza” porque vio el festejo tras la aprobación en Diputados, un festejo que “contrasta con la afirmación de que nadie quiere el aborto y que es una tragedia”. Habló del comienzo de la persona humana en el ordenamiento jurídico, una cuestión que la biología ya saldó. Mencionó que el proyecto -cuando habla de los tratados internacionales- soslaya al Pacto de San José de Costa Rica que dice que: “si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad”. “En el proyecto rige el individualismo y la exacerbación de la autonomía”. “El gran ausente es el no nacido”. “Niega la responsabilidad personal”. “Confunde despenalización con un derecho subjetivo a abortar”. Volvió a denunciar el eufemismo de “interrupción legal del embarazo” y señaló que, “en EEUU un país que ha propiciado muchas de las normas que hoy se defienden”, hablan de pro-life y pro-choice para señalar las dos posturas. Afirmó que la objeción de conciencia personal es ambigua y condicionada, y la institucional es negada con el cargo de tercerizar la práctica.
Daniel Teppaz, director de Salud Sexual, Rosario: repasó las leyes vinculadas a la temática que se aprobaron en los últimos años. “Somos miles los profesionales que reclamamos la ley porque necesitamos garantías para trabajar”. “La legalización reduce los costos financieros y también los costos subjetivos para las mujeres”. Aseguró que acompañó a miles de mujeres que abortaron y siempre respetó sus decisiones. La implementación de la ley permite acercar la tecnología necesaria: el misoprostol y la mifepristona.
José Luis Moussatche, Gineco-obstetra: “el aborto no es un proceso natural”, los fármacos hacen que se despegue y expulse el embrión. El aborto en lugares públicos puede tener complicaciones como perforaciones e infecciones; también pueden quedar microcicatrices en el útero. “El aborto es un procedimiento invasivo que puede provocar lesiones en la paciente”. Reclamó la aplicación de la ley de educación sexual y que se informe sobre anticonceptivos.
Susana Chiarotti, CLADEM, experta argentina en el Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana de Belém Do Pará: recordó la experiencia de una niña wichi de Salta que fue violada y quedó embarazada. Afirmó que las violaciones son muy frecuentes en esa zona. “En el problema de las niñas madres se suman injusticias y desigualdades”. Recordó que, en 2018, 2350 niñas menores de 15 años dieron a luz en el país. “Hay embarazo infantil forzado cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado”. “El embarazo forzado debe ser considerado tortura”. “La adopción es una salida brutal que considera a la mujer una incubadora”.
Nicolás Lafferriere, Dr. en Cs. Jurídicas, especialista en bioética: “cuando se estudia un proyecto hay que detenerse en los detalles del articulado”. Recordó que el art. 86 del Código Penal vigente menciona que el aborto no es punible si el peligro para la vida o la salud de la mujer “no puede ser evitado por otros medios” y destacó que el proyecto elimina esta última frase. Señaló además que no se ofrecen alternativas a la decisión de eliminar una vida. “El proyecto retacea la información que se le brinda a la madre y prohíbe bajo amenazas de sanción que se le brinde información inadecuada o que el personal de salud haga consideraciones axiológicas”. Remarcó las diferencias entre la ley proyectada y las vigentes en Uruguay e Italia, que –si bien son censurables porque propician el aborto- ofrecen alternativas y contemplan circunstancias como plazo de reflexión o edad gestacional. “Distinguir entre persona y ser humano es un resabio de posturas que entendían que el término persona era un recurso técnico del legislador para poder determinar un plexo de derechos, hoy no cabe duda de que todo ser humano es persona”. Aclaró que no se puede extrapolar el Caso Artavia Murillo -sobre fecundación artificial y para Costa Rica-, a nuestro país y al tema aborto.
NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río
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