Por Carlos Esteban
Cuando, a solo tres meses de su elevación al Solio Pontificio, Su Santidad Francisco ‘rescató’ a un clérigo perseguido por la polémica e incluso aparecido en prensa por escándalos de orden homosexual poco apropiados para un sacerdote, el puesto de ‘Prelado’ en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), cargó que le otorgó el Santo Padre, era un puesto de difusa responsabilidad, más bien honorífico.
Lo hacía más importante el hecho de que el último responsable de la economía vaticana y uno de los hombres del original Consejo de Cardenales que asesoraba al Papa, el cardenal australiano George Pell, pidiera licencia para defenderse en un juicio por pedofilia que se celebraba en Australia y que ha acabado con el prelado en prisión. Pero durante mucho tiempo su cargo quedó en suspenso, de modo que podía decirse que el IOR estaba solo. Con la supervisión de Ricca, claro.
El acelerado nombramiento no pasó desapercibido para la prensa, y fue el que, a una pregunta de una periodista en la primera rueda de prensa en vuelo, dio pie al famoso «¿Quién soy yo para juzgar?» papal, verdadero ‘pistoletazo de salida’ de la Gran Dispensación que parecemos estar viviendo.
Eran los primeros tiempos del pontificado, y un movimiento así podía resultar desconcertante. Hoy apenas levantaría una ceja, tanto ha llovido en ese sentido.
Y la actual reforma potencia el papel de ‘Prelato’, es decir, de Ricca, como recompensa a su absoluta fidelidad. El nuevo Estatuto establece que, una vez nombrado por la Comisión Cardenalicia,el ‘Prelado’ «sigue la actividad del Instituto, participa en calidad de secretario en las reuniones de la propia Comisión y asiste a las reuniones del Consejo de Supervisión. En definitiva y a efectos prácticos, deja de ser un mero representante para tener su propio despacho y mediar entre los administradores y el resto. Podrá, incluso, nombrar libremente a un número dos.
InfoVaticana
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