Por Ed Condon
Si bien el cardenal aún puede ejercer su derecho final de apelación ante el Tribunal Superior del país, los expertos legales y aquellos cercanos a Pell son escépticos de que tal petición sea aceptada, y mucho menos de emitir un veredicto a su favor.
Sin más progreso civil probable, y Pell casi seguro de permanecer en prisión en el futuro previsible, la atención ahora se dirige a Roma, donde ha estado pendiente un proceso canónico.
Dadas las preguntas planteadas sobre su tratamiento por parte de los tribunales australianos, la forma en que se desarrolle ese proceso tendrá una importancia definitoria, no solo para Pell, sino por la credibilidad que la Iglesia aún puede reclamar para operar un sistema legal independiente que se remonta al Imperio Romano.
Pell enfrentará un proceso canónico en la Congregación para la Doctrina de la Fe por cargos de delitos de abuso sexual de menores, los mismos cargos presentados contra él en Victoria. Pero qué tipo de proceso recibirá, y cuándo, son preguntas sin respuesta.
Con las preocupaciones planteadas por los expertos y los observadores sobre la fuerza de la evidencia en su contra, parece muy poco probable que Pell enfrente el tipo de procedimiento administrativo abreviado como el que se utilizó para manejar el caso de Theodore McCarrick.
El proceso administrativo más corto está reservado en el derecho canónico para los casos en que los hechos son razonablemente claros, o la prueba casi se explica por sí misma. En muchos casos de abuso sexual clerical, las autoridades canónicas toman una condena civil como prueba efectiva, ya que decretan como evidencia todos los actos del juicio civil.
Sin embargo, debido a la prohibición de la presentación de informes para los dos juicios con jurado de Pell (que arrojó dos resultados muy diferentes), poca de esa evidencia original es de dominio público, y debería llevarse al proceso canónico como nuevo.
Además, a diferencia de Theodore McCarrick, Pell no dejó una serie de acuerdos legales detrás de él en sus antiguas diócesis, ni se enfrenta a nada como el gran número de acusadores durante un período prolongado de tiempo: fue condenado en Victoria por el testimonio de un hombre soltero.
La naturaleza polémica del resultado, que se completó con una opinión disidente de un juez respetado, significa que el interés público y el escrutinio permanecen en un punto álgido, y un proceso apresurado probablemente plantearía serias preocupaciones dentro de la propia comunidad legal de la Iglesia.
Todos los indicios apuntan a que Pell recibirá un juicio canónico completo, un proceso que puede, si se le permite desarrollarse por completo, estar al lado de cualquier sistema judicial secular para la probidad legal. Pero ese es un gran "si".
El primer obstáculo será el acceso a evidencia primaria y al testimonio. El acusador de Pell necesitaría testificar nuevamente ante el tribunal canónico y los canonistas de ambos lados tendrían la oportunidad de hacerle preguntas; pero no hay garantías de que el hombre en cuestión esté interesado en participar.
Además, si bien es probable que la mayoría de los testigos en defensa de Pell, si no todos, estuvieran disponibles para testificar nuevamente, el propio Pell está en prisión, lo que le dificulta comparecer ante un tribunal.
Suponiendo que un tribunal canónico pueda recibir toda la evidencia y el acceso que necesita, los partidarios y los estudiosos legales de Pell pueden tener tantas preocupaciones sobre la justicia de un proceso canónico como las tuvieron sobre el proceso penal en Victoria.
En el mecanismo ordinario, el juicio de Pell, como el de cualquier obispo, sería manejado por un panel de tres o cinco jueces, generalmente cardenales o arzobispos, especialmente seleccionados por el Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, bajo la autorización del papa.
Estos jueces normalmente se eligen por su experiencia legal y experiencia judicial, y el juicio se lleva a cabo independientemente del negocio ordinario de la FCD. Pero, cualquiera sea la conclusión a la que lleguen las deliberaciones de dicho panel en el caso de Pell, es poco probable que sea la última palabra.
En el pasado, el papa Francisco ejerció su prerrogativa para juzgar casos de alto perfil y, dada la estatura de Pell y la importancia de cualquier resultado posible, puede resultarle imposible delegar una decisión final sobre el asunto.
Si el caso llega al escritorio papal, Francisco probablemente se encontraría recibiendo consejos que son tanto diplomáticos como legales.
Si bien el proceso legal de la FCD se puede establecer para resistir las presiones externas, muchos en la Secretaría de Estado ven la situación de Pell como una posible crisis diplomática a resolver.
Si un tribunal del Vaticano absolviera a Pell de los cargos por los cuales fue condenado, sería percibido por muchos como una acusación del sistema de justicia australiano y un reconocimiento tácito de los cargos de que Pell está encarcelado por un sentimiento anticatólico.
Las consecuencias diplomáticas resultantes podrían alimentar los llamados de los líderes internacionales para poner fin al estado soberano de la Santa Sede en virtud del derecho internacional.
Por otro lado, si Pell fuera condenado canónicamente, aquellos en la Iglesia que creen que el juicio del cardenal en Australia fue fundamentalmente injusto, podrían concluir que la Iglesia ya no tiene un sistema legal independiente y que los obispos y sacerdotes de todo el mundo no deberían considerar a Roma para una audiencia justa.
Ese resultado podría conducir a la disensión entre un episcopado global ya en guerra.
Consideraciones diplomáticas a un lado, Pell, en particular, ya puede tener motivos de preocupación.
Como prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, Pell fue aborrecido abiertamente por muchos de los otros líderes curiales.
Los esfuerzos del cardenal australiano para entregar transparencia financiera y rendición de cuentas a la curia en los primeros años del pontificado de Francisco se encontraron con la resistencia interna curial: en un famoso incidente, la Secretaría de Estado maniobró sin el conocimiento de Pell para cancelar una auditoría independiente anunciada. Desde su regreso a Australia, las reformas de Pell han sido revertidas en gran medida por quienes tomarían el mayor interés en su caso en Roma.
El cardenal Pietro Parolin, el Secretario de Estado cada vez más omnipotente del papa, es conocido desde hace años por "verificar" los casos de la FCD, que considera de mayor importancia para la Santa Sede. Los canonistas encargados de manejar la administración de justicia se han quejado durante mucho tiempo de la "presión" que se aplica desde el otro lado de la plaza de San Pedro.
Un miembro de la Iglesia de alto rango en Roma, familiarizado con varios juicios del Vaticano, dijo que los intentos de Parolin de involucrarse en los casos han sido extensos.
“Cuando se le dijo [a la CDF] que básicamente dejara de hablar con el Estado, [Parolin] comenzó a llamar a los nuncios para monitorear la correspondencia entre la Congregación y los lugares donde los casos estaban en curso. Fue un problema grave”.
Como asesor principal del papa en casi todos los aspectos del gobierno de la Iglesia, el consejo de Parolin podría ser decisivo en cualquier decisión que el papa tome sobre Pell.
En marzo, Parolin calificó la noticia de la condena de Pell como "impactante y dolorosa". El 28 de febrero, le dijo a L'Osservatore Romano que el caso de Pell "es un incentivo para continuar en la línea del papa: luchar contra este fenómeno y prestar atención a las victimas".
Si bien no hay certeza sobre cómo Parolin podría aconsejar al papa, un miembro del personal diplomático del Vaticano le dijo a CNA que Parolin es un pragmático.
"Inocente o culpable, la realidad es que Pell fue condenado en una prisión australiana", dijo.
"El cardenal pone la estabilidad del estatus diplomático de la Santa Sede en primer lugar; si no lo cree, pregúntele a los chinos", dijo, en referencia a la cantidad de obispos y sacerdotes chinos encarcelados por Beijing, a pesar del acuerdo entre China y el Vaticano en 2018.
Si Pell apela su caso ante el Tribunal Superior de Australia, su caso canónico se retrasará hasta su conclusión. Pero, una vez llegados a Roma, Pell y su defensor podrán descubrir que la política del Vaticano que dejó en 2017 todavía tiene relación con su futuro.
Catholic World Report
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