Una cruz visible desde más de 40 kilómetros de distancia, con una altura de 150 metros y cimentada por los cuatro evangelistas. Eso es lo que algunos quieren tirar.
Para ello, Izquierda Unida ha presentado una propuesta de ley que propone desacralizar el lugar, demoler la cruz y cambiar el nombre al Valle de los Caídos.
A continuación, el artículo 53 de la propuesta de ley "de memoria democrática", registrada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados:
Artículo 53. El Valle de los Caídos
1. El Gobierno de España, haciendo uso de sus atribuciones, recuperará el Valle de los Caídos para la gestión directa por parte del Patrimonio Nacional y el control final del Ministerio de Justicia, dejando sin efecto el Convenio establecido a través del Decreto Ley de 23 de agosto de 1957. Se realizarán posteriormente las acciones necesarias para desacralizar este espacio monumental.
2. Se procederá a la resignificación de todo el complejo del Valle de los Caídos para convertirse en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario español, al Patronato de Redención de Penas del Trabajo y su relación con las grandes empresas o el papel de la Iglesia Católica en la dictadura.
3. Se eliminará toda expresión y connotación franquista así como se prohibirán los actos de homenaje a quienes promovieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron el franquismo. Se procederá al desmantelamiento o demolición de aquellos elementos incompatibles con un Estado democrático, entre los que cabe destacar la monumental cruz-espada cuyo mantenimiento haría imposible el citado proceso de resignificación.
4. El nombre del lugar pasará a renombrarse como Valle de Cuelgamuros.
5. Los restos mortales del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera deberán ser exhumados, retirados del lugar y ubicados en el emplazamiento que al efecto designen sus causahabientes.
6. Deberán atenderse todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas cuyos restos mortales se encuentren en el lugar y que hayan solicitado o soliciten la devolución de los restos de sus familiares.
7. Se creará una comisión científico-técnica para la realización de un estudio científico integral sobre el estado en que se encuentran los restos de quienes fueron llevados allí. La comisión deberá abordar la forma del futuro emplazamiento de los restos mortales que en el lugar se encuentran ubicados, debiendo respetar en cualquier caso el principio de aconfesionalidad del Estado y al conjunto de confesiones religiosas sin que ninguna tenga preeminencia sobre otra.
Además, la disposición adicional cuarta de la ley propone la denuncia de los Acuerdos Iglesia Estado:
El Gobierno Español denunciará el vigente Concordato con la Santa Sede, dejando sin efecto y derogado el suscrito en 1953 entre el Vaticano y la dictadura militar franquista así como los Acuerdos alcanzados entre el Estado español y la Santa Sede en 1976 y 1979. En el plazo de un año impulsará un acuerdo bilateral entre ambos Estados basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres.
¿Tampoco a esto se opondrá la jerarquía católica?
Gabriel Ariza Rossy
InfoVaticana
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