Alocución televisiva de monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata en el programa “Claves para un mundo mejor” - (Sábado 14 de marzo de 2009)
En estos tiempos de crisis global observamos que los Estados, en distintas partes del mundo, intentan reencauzar la actividad económica con intromisiones que no se permitirían en tiempos normales.
Esto indica que existe una conciencia de que en situaciones críticas o extraordinarias el Estado puede asumir posiciones de suplencia en la actividad económica y, además, en condiciones normales debe ejercer un papel regulador con miras a asegurar el bien común. Incluso se suele interpretar la actual crisis como una falla en la debida regulación del Estado ante el despropósito de la especulación financiera.
Este problema se plantea también entre nosotros. La Doctrina Social de la Iglesia ha establecido principios claros sobre el particular.
Esta Doctrina sostiene que la intervención del Estado en materia económica tiene que guiarse por dos principios que se armonizan entre sí: por un lado, el principio de subsidiariedad, que implica que una instancia superior no debe asumir las competencias y la libre actividad de las instancias inferiores; y por otro lado el principio de solidaridad, que requiere que, en razón del bien común, el estado intervenga para que haya una mayor igualdad social y para evitar el abuso de unos sectores contra otros.
Pero no es fácil armonizar, en la práctica, estos dos principios. De hecho en el “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia” nos encontramos con esta descripción: “la solidaridad sin subsidiariedad puede degenerar fácilmente en asistencialismo, mientras que la subsidiariedad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de localismo egoísta.
Para respetar estos dos principios fundamentales la intervención del Estado en el ámbito económico no debe ser ni ilimitada ni insuficiente sino proporcionada a las exigencias reales de la sociedad.
Esto es porque la función primordial del estado, de acuerdo a la Doctrina de la Iglesia, es establecer un marco jurídico en el ámbito económico que permita regular las relaciones de los distintos factores que actúan en la economía de una sociedad.
Quizás no es fácil aplicar concretamente, ante una circunstancia especifica, estos dos principios y observar esta armonía entre la subsidiariedad y la solidaridad. Es una afirmación tradicional en la Doctrina Social de la Iglesia –ya lo decía Juan XXIII en la Encíclica “Mater et Magistra”- que si la intervención del estado es excesiva o si se prolonga por demasiado tiempo, más allá de las necesidades, corre el riesgo de sofocar la iniciativa privada y a las distintas instituciones que participan en la actividad económica e incluso ir implantando una situación de tiranía en lo político o en lo económico.
La intervención concreta debe decidirse en función de la prudencia, que es la virtud propia del gobernante.
Como digo: en ciertos casos concretos debe intervenir el estado con esta medida o no, los principios tienen que ser aplicados de acuerdo a la prudencia.
Pero, además, hay otro problema que es típicamente argentino. Entre nosotros, tradicionalmente, se suele confundir al Estado con el gobierno de turno. El Estado, en realidad, pasa a ser el gobierno. Muchas veces los sucesivos gobiernos han tomado medidas contrastantes, unos después de otros, sin advertir que si no se establecen políticas de Estado es muy difícil que el Estado mismo cumpla adecuadamente su papel. El bien común puede quedar sometido a intereses subalternos que son los intereses políticos del gobierno de turno. La pequeña política se impone sobre la Política verdadera, la que se escribe con mayúscula.
Otro factor que no hay que olvidar es la confianza. La intervención del Estado teniendo en cuenta la historia nacional, puede provocar un cierto resquemor, o incluso espanto; sin confianza es muy difícil que se pueda reconocer la objetividad de esa intervención, su necesidad, sus límites, sus finalidades. Podría aplicarse a este asunto el famoso refrán: el que se quemó con leche cuando ve una vaca, llora.
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
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