Hace dos años y medio, ante las dilaciones en la limpieza de esa vía de agua, la Corte Suprema de Justicia ordenó avanzar en las tareas correspondientes, pero la orden no se cumplió y, en la actualidad, de las 23.000 empresas existentes en la cuenca y con posibilidades de ser contaminantes, se inspeccionaron sólo 9.000.
En ese trabajo se comprobó, además, que 350 empresas contaminan, pero hasta la fecha, sólo 12 presentaron planes de reconversión, y ninguno de ellos está en marcha.
La primera responsabilidad en este tema corresponde, en primer lugar a las empresas contaminantes y, particularmente a las que tienen que presentar planes de reconversión de sus actividades o que no cumplen los presentados.
Pero el responsable general es el Gobierno Nacional, que dirige la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo a través de la secretaría de Medio Ambiente. La Autoridad es la encargada de llevar adelante las inspecciones y ejecuciones correspondientes para reducir la contaminación. La postergación en la limpieza del Riachuelo perpetúa el daño medio ambiental y, en particular, el que se produce sobre la salud, el hábitat y otros factores que hacen a las condiciones de vida de la población que vive en la zona de influencia de las aguas contaminadas. La postergación de la limpieza del Riachuelo, a pesar de una orden de la Corte Suprema de Justicia, muestra falta de interés o inoperancia en el cuidado medioambiental.
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