ACTO CONTRA EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

  
La Defensoría del Pueblo porteña ha censurado una noble propuesta educativa del sector privado.
   
Una denuncia dio origen a una absurda, arbitraria e injusta resolución de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en contra de una actividad de la reconocida Fundación Junior Achievement en escuelas para promover el espíritu emprendedor con responsabilidad y libertad. El programa -dictado por voluntarios en escuelas primarias de varias provincias- consiste en talleres en los que los alumnos de quinto grado aprenden el valor de compartir, ahorrar, gastar e invertir, y sobre la importancia de generar y administrar el dinero responsablemente. En ellos se exalta la figura del emprendedor, quien se vale de su ingenio o destreza para crear riqueza y contribuir al producto de la sociedad.

La inquietud del autor de la denuncia fue compartida por otros padres de alumnos de la Escuela N° 13 Raúl Scalabrini Ortiz, en cuanto a que "los contenidos de esa actividad se relacionan con la promoción de la bancarización, que se agrava por tratarse de niños".

La cuestionada resolución que la Defensoría del Pueblo porteña emitió el 2 de noviembre de 2010 recopila antecedentes y cita, entre los objetivos del programa "Más allá del dinero": "enseñar habilidades financieras básicas" y, entre los conceptos clave, "el rol del dinero en la sociedad; compartir, ahorrar y gastar, y ganarlo iniciando una empresa".

Puede advertirse que nada de nocivo hay en tales objetivos y conceptos. Sin embargo, según la resolución de la Defensoría, la visión que el programa proporciona del funcionamiento del sistema financiero resulta "idílica y sesgada", pues la pobreza es estigmatizada y el capital financiero es glorificado.

Cuesta entender cómo la Defensoría, que seguramente tiene temas mucho más importantes para resolver, dedique su tiempo para volcar en 19 páginas una advertencia tan arbitraria. Por lo visto, para la Defensoría los conocimientos y habilidades que contribuyen a progresar en la vida sólo han de transmitirse a los niños de mejor condición social, relegando a los que no pertenecen a ese sector de la población a la ignorancia sobre los mecanismos básicos que mueven la economía.

Podría haber sido una resolución útil si la Defensoría hubiera dado curso a su recomendación de "confrontar los materiales trabajados en clase con otros que aporten enfoques alternativos". Pero no sólo la Defensoría opinó de esa forma. La diputada nacional kirchnerista Adriana Puiggrós agregó que le parece muy grave que en las escuelas entre una fundación privada con su propio mensaje. Dijo que "es la tercerización de la ideología educativa", por lo que pidió más controles estatales.

Son repudiables todas las simplificaciones, sobre todo las que involucran a la educación pública. Por ello, sorprende que algunos legisladores e intelectuales repudien la difusión del valor de la empresa entre los más jóvenes. Un repudio que suena a resentimiento cuando se oyen críticas a que talleres dictados por personas que no son funcionarios del Estado hablen de incentivar el consumo responsable y promover la bancarización con los niños.

Ante esta oposición, Eduardo Marty, director general de Junior Achievement, entidad que en sus 20 años de impecable trayectoria ha dictado cursos a más de medio millón de estudiantes, se lamentó de que muchos establecimientos educativos estatales utilicen el método de la consulta con poder de veto en relación con contenidos y disciplina, llegando al extremo de cancelar clases cuando disgustan a estudiantes o a padres altamente politizados.

La resolución en cuestión resulta contradictoria con el discurso que la Presidenta viene instalando en la agenda pública vinculado a la importancia de arraigar en los chicos hábitos de consumo responsable y la bancarización como instrumento de política financiera y el combate de la evasión. Censuras de este tipo se repiten en varios ámbitos del sistema educativo como ocurrió, por ejemplo, con la prohibición que sufrió un alumno por parte del director de su escuela de rematar su obra de arte en el Museo Quinquela Martín de esta ciudad.

Prohibir a los alumnos el acceso a un sano programa cuyo costo, además, corre por cuenta de la Fundación Junior Achievement, significa oponerse al acceso igualitario al conocimiento.

Editorial La Nacion