Mientras, en todos los hospitales y centros de salud españoles se encuentran con otro problema acuciante: la falta de médicos. La «fuga» de facultativos a países vecinos, con mejores condiciones económicas, y la falta de previsión de las administraciones sanitarias ha hecho que las plantillas sean cada vez más escuetas.
Así que el aborto será libre, pero no habrá personal para practicarlo. Ante este panorama, y con la futura ley del aborto -que considerará por primera vez la interrupción del embarazo como un derecho-, los objetores, que en los últimos 25 años han ejercido sin apenas problemas su derecho, se ven «amenazados» y temen ser colocados en «guetos». Así lo explica José Antonio Díez, facultativo y coordinador de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc).
¿Derecho o delito?
A esta entidad, que, en la actualidad, asesora a una docena de médicos que han llevado sus problemas con la objeción a los tribunales, le preocupa la reforma de la ley. «Hasta ahora, el aborto no ha sido un derecho, sino un delito despenalizado en tres supuestos. Si, con la nueva ley, se considera un derecho, el nuestro puede verse en entredicho».
Lo que más preocupa a los objetores son los famosos «registros», propuestos por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, antes de ser sutilmente apartado de la elaboración de la norma para, en su lugar, poner a Bibiana Aído. Soria dijo, en su día que en España «hay médicos que se declaran objetores por la mañana y practican abortos por las tardes», por lo que aseguró que se harán registros de médicos objetores.
Una vez iniciados los trabajos de la nueva norma, parece que los registros pueden salir adelante. El presidente de la Organización Médica Colegial, Isacio Siguero, aseguró a este periódico que «los registros no son competencia de la administración, y no deben salir de los colegios». Es la postura que han mantenido estos organismos profesionales desde que se anunciaran las listas.
Sin embargo, la evolución de los acontecimientos hace que en los colegios también se tema por los derechos de sus asociados. «La objeción está reconocida en la Constitución -recuerda Siguero-, pero parece que las autoridades se la pueden saltar».
Presiones
«La creación de listas de objetores me parece perturbador», coincide Díez. «Una cosa es que el médico, libremente, lo exprese por el cauce que estime más oportuno, y otra elaborar unas listas, en las que se reflejarán las convicciones éticas o religiosas de los profesionales». Esta posibilidad, a su juicio, podría ser inconstitucional.
A este respecto, los médicos objetores consultados creen que la elaboración de las listas aumentaría las presiones que ya sufren. Porque, una negativa a practicar un aborto no supone ningún problema: la mayoría se llevan a cabo en clínicas especializadas. Pero la objeción abarca más campos. Hay médicos que se niegan a hacer diagnósticos prenatales, porque, de detectarse malformaciones, estarían obligados a ofrecer un aborto. Otros no están de acuerdo con algunas técnicas de reproducción asistida. Por no hablar de la eutanasia, el proyecto estrella del Ministerio de Sanidad.
«Las presiones existen, son denunciables, pero las administraciones y los hospitales procurarán hacerlo de forma indirecta», teme el presidente de los colegios de médicos. Mientras pueda, sin embargo, «intentaremos evitar todo lo posible»
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