La Corte Suprema de Estados Unidos violó «todo acto de decencia y ley» y abusó de la Constitución cuando «forzó el asesinato de niños no nacidos en nuestra sociedad».
La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó esta semana una resolución que declara que el aborto es un «asesinato» y que los líderes estatales deben oponerse.
En la resolución, los legisladores estatales ordenan a «cada funcionario público en Oklahoma ejerza su autoridad para detener el asesinato de niños no nacidos mediante el aborto». También ordenan a los jueces de Oklahoma que no interfieran con los esfuerzos para proteger a los niños no nacidos.
La Resolución de la Cámara 1004, que tenía 20 patrocinadores republicanos, fue presentada por los republicanos Chuck Strohm, R-Jenks. No tiene el peso de la ley, sino que se considera como una declaración de política oficial.
Los funcionarios a los que la resolución busca hacer cumplir la protección de la vida humana inocente incluyen «sheriffs, abogados de distrito, jueces, los procuradores del Estado y el Gobernador».
En su sección preliminar titulada «Considerando», la resolución basa su autoridad en que «toda la vida humana está protegida por la ley de Dios y las leyes más altas de la tierra». Los legisladores citan la Declaración de Independencia afirmando que «todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y, por lo tanto, dotados por su Creador con el derecho inalienable a la vida».
La resolución cita además la Constitución de los Estados Unidos de que «ningún Estado privará a ningún ser humano de la vida, la libertad o la búsqueda de la felicidad sin el debido proceso legal». También en su sección «Considerando», la declaración señala que «la Corte Suprema de los Estados Unidos sobrepasó su autoridad» cuando se constitucionalizó el aborto a petición en los 50 estados.
Strohm dijo a los medios que la Corte Suprema de Estados Unidos violó «todo acto de decencia y ley» y abusó de la Constitución cuando «forzó el asesinato de niños no nacidos en nuestra sociedad».
Oklahoma tiene un período de espera de tres días para el aborto y una ley de consentimiento informado. Sin embargo, el estado paga por abortos en casos de violación o incesto o si la salud de la madre está en peligro.
LifeSiteNews/InfoCatólica
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