ALOCUCIÓN ACERBISSIMUM (27 DE SEPTIEMBRE DE 1852)

ALOCUCIÓN ACERBISSIMUM

AL CONSISTORIO SECRETO

PAPA PIO IX 

Venerables Hermanos

Queremos comunicaros en este día, el acerbo dolor que hace mucho tiempo sentimos en el fondo del alma por los graves y nunca bastante deplorados daños que hace algunos años atormentan y afligen a la Iglesia católica en la República de la Nueva Granada. Jamás habríamos podido imaginar cosas semejantes después de los testimonios de benevolencia, bien conocidos de todo el mundo, que esta Silla Apostólica ha prodigado a esa República, y después que nuestro predecesor Gregorio XVI, de feliz memoria, no solamente se apresuró a reconocerla antes que a las otras Repúblicas de esas regiones, sino que también estableció allí una Nunciatura apostólica a fin de procurar con esmerada solicitud el bien espiritual de ese pueblo y de estrechar más y más con esa República los vínculos de nuestra amistad. Nuestro dolor es tanto más vivo cuanto Nos hemos visto frustrados los medios que, con infatigable perseverancia, hemos empleado nuestro predecesor y Nos mismos para con ese Gobierno, a fin de que se ponga remedio a los males tan grandes irrogados a la Religión católica en ese país, y para que se abroguen las impías e injustísimas leyes que el poder civil ha promulgado y sancionado allí con gravísimo detrimento de los fieles: leyes contrarias a la divina institución de la Iglesia, a sus derechos venerables, a su libertad, a la suprema autoridad de esta Silla Apostólica , no menos que a la autoridad de los sagrados pastores y de las demás personas eclesiásticas.

Desde el mes de abril del año 1845 se había promulgado en la Nueva Granada una ley que dispone entre otras cosas, que cuando los tribunales legos admitan una acusación dirigida contra personas eclesiásticas, estas personas, y no solamente los sacerdotes y demás clérigos sino hasta los mismos Obispos establecidos por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios, deben inmediatamente abstenerse del ejercicio de su ministerio y encomendarlo a otros, conminando con cárcel, destierros y otras penas a todo el que rehúse someterse a semejantes prescripciones. Luego que nuestro predecesor tuvo conocimiento de esto, dirigió una carta al Presidente de aquella República, representándole enérgicamente cuán digna de reprobación era semejante ley, y solicitando con instancia su abrogación, y que los derechos de la Iglesia quedasen en toda integridad. Nos, elevados por el inescrutable juicio de Dios a esta Cátedra del Príncipe de los Apóstoles, apenas tomamos el timón de la Iglesia universal, nos sentimos inflamados del deseo de proveer a la situación angustiada de nuestra santa Religión en ese país, y con este fin dirigimos en 1847 cartas al Presidente de aquella República, expresándole por una parte todo el ardor de nuestra ansiosa solicitud por esa porción del rebaño de Jesucristo y la caridad paternal con que queríamos aplicar a las llagas de Israel los remedios propios para curarlas, y deplorando por otra parte la miserable situación a que se veía reducida esa Iglesia. Nos reclamamos además enérgicamente contra dos proyectos de ley, el primero de los cuales abolía los diezmos sin consultar con la Santa Sede y el segundo garantizaba a los hombres de cualquier nación que inmigrasen en la Nueva Granada, el ejercicio público de su culto, sea cual fuere. Al reprobar estos proyectos solicitamos con el más fuerte empeño, que jamás fuesen puestos en ejecución para que la Iglesia pudiese usar de todos sus derechos y gozar de su plena libertad.

Nos nos consolábamos con la esperanza de que el Gobierno de la Nueva Granada acogería estas palabras, estas advertencias estas peticiones, estas quejas nacidas del corazón tan amante como afligido del Padre común de los fieles. Pero con gran dolor de nuestro ánimo nos vemos obligados a anunciarles hoy, que los violentos y hostiles ataques a la Iglesia de Cristo se multiplican cada día más en aquel país, y que principalmente de dos años a esta parte, la potestad lega no ha cesado de hacer a la Iglesia nuevas y profundas heridas. No solamente las leyes injustísimas de que con dolor os acabamos de hablar no han sido abrogadas, sino que las dos Asambleas legislativas de ese Gobierno han expedido otras que manifiestamente violan, atacan y conculcan los más sagrados derechos de la Iglesia y de esta Silla Apostólica. Entre tanto se promulgó en el mes de mayo del año último, una ley contra las órdenes religiosas que, santamente constituidas y prudentemente gobernadas, hacen tan importantes servicios y dan tanto lustre así a la sociedad civil como a la sociedad cristiana. Esta ley confirma la expulsión de la Compañía de Jesús, familia religiosa que después de haber sido deseada por largo tiempo, fue al fin llamada a aquél país, para el cual era de tanta utilidad bajo el doble respecto del interés social y del interés católico. La misma ley prohíbe establecer en el territorio de la República ninguna orden religiosa que profese, como en ella se dice la obediencia pasiva, prometiendo además prestar auxilio a todos los que quieran abandonar la vida religiosa que han abrazado, rompiendo los votos solemnes: por último ella prohíbe al vigilante Arzobispo de esa provincia eclesiástica, nuestro venerable hermano Manuel, varón dignísimo de los más altos encomios de Nos y de esta Sede Apostólica, le prohíbe, decimos, ejercer la facultad que la Santa Sede le concedió en 1835 de visitar las familias religiosas, para restituir a su vigor la disciplina regular.

En el mismo mes de mayo de 1851 se promulgó otra ley por la cual se abolió enteramente el fuero eclesiástico, de suerte que todas las causas civiles y criminales que son de su resorte, y aun hasta las que conciernen a los Arzobispos y Obispos, deberán en lo sucesivo ser juzgadas por los tribunales legos y por los Magistrados de la República. A pocos días, esto es, el 27 de mayo de 1851, se promulgó una ley sobre el nombramiento de curas en virtud de la cual las Asambleas nacionales trasfieren el derecho falso y desnudo de todo fundamento, de nombrar los curas, del Presidente de la República a ciertas Asambleas parroquiales, que llaman Cabildo parroquial, y que se forman especialmente con los padres de familia de cada parroquia, para que cuando ésta carezca de cura, la Asamblea pueda nombrarlo. Otros artículos de esa ley prohíben a los santos pastores recibir por ningún título toda especie de emolumento y atribuyen a la Asamblea parroquial derecho de fijar arbitrariamente, de aumentar y disminuir tanto las rentas de los curas como los gastos relativos al culto; agregándose a estas disposiciones otras con las cuales se violan y destruyen igualmente los derechos de la propiedad eclesiástica.

Otra ley sancionada el 1º de junio de 1851, prohíbe conferir las prebendas de las iglesias catedrales, hasta que las mayorías de las Cámaras provinciales de las respectivas diócesis consientan en ello. Otras leyes se expidieron dando a todos facultad de libertarse de la obligación de pagar los censos que forman la mayor parte de las rentas eclesiásticas, con solo pagar al Gobierno la mitad del capital. Además los bienes del Seminario Arquiepiscopal de Santa Fe de Bogotá, han sido adjudicados al Colegio nacional, y hasta la suprema inspección sobre el mismo Seminario ha sido atribuida al poder lego. No debemos pasar en silencio que la nueva Constitución de esa República sancionada en estos últimos tiempos reconoce, entre otros derechos el de libre instrucción, y concede a todos plena y entera libertad de publicar los pensamientos y hasta las opiniones más monstruosas, al mismo tiempo que la libertad para profesar en público o privado el culto que se quiera.

Ya veis, venerables hermanos, cuán terrible y sacrílega es la guerra que hacen a la Iglesia católica los que dirigen los negocios públicos en la Nueva Granada, y cuáles y cuántas son las injusticias cometidas contra ella, contra sus derechos sagrados, contra sus pastores, contra sus ministros, y contra la suprema autoridad nuestra y de esta Santa Sede. Las leyes de que hemos hablado comenzaron a ponerse en ejecución desde 1851; los Obispos y los eclesiásticos que, animados de sentimientos católicos, han reclamado justamente y con pleno derecho contra estas leyes y rehusando obedecerlas, son objeto de crueles vejaciones y sufren los más duros contratiempos con gran detrimento de las poblaciones fieles. La sagrada autoridad de los Obispos ha sido suprimida, el ministerio de los curas entrabado y encadenado; muchos excelentes predicadores de la palabra divina han sido encarcelados, y los eclesiásticos de toda clase han quedado reducidos a la más extrema indigencia sufriendo toda suerte de males.
[…]. Omitimos hablar aquí de varias nuevas leyes propuestas a la Cámara de Diputados por algunos de sus miembros, que son enteramente contrarias a la doctrina inmutable de la Iglesia católica y a sus sagrados derechos. Por tanto nada decimos de las proposiciones hechas para que la Iglesia sea separada del Estado; para que los bienes de las Órdenes regulares y los procedentes de legados píos se graven con empréstitos forzosos; para que se abroguen las leyes que aseguran la existencia de las familias religiosas y garantizan sus derechos y sus oficios; para que se atribuya a la autoridad civil el derecho de regir diócesis y capítulos de canónigos, determinando los límites de ellas; para que la jurisdicción eclesiástica se confiera a todos los que hayan sido nombrados por el Gobierno. Tampoco diremos nada de otro decreto por el cual, despreciando completamente la dignidad, la santidad y el misterio del Sacramento del Matrimonio, y desvirtuando con crasa ignorancia su institución y naturaleza con menosprecio de la potestad que pertenece a la Iglesia sobre los Sacramentos, se proponía, siguiendo las opiniones de los herejes ya condenadas y sin hacer caso a la doctrina de la Iglesia católica, que no se tuviera el matrimonio sino como un contrato civil, sancionando en diversos casos el divorcio propiamente dicho, y sometiendo por último todas las causas matrimoniales al conocimiento y jurisdicción de los tribunales legos.

[…]. Ahora, venerables hermanos, desde que llegaron a nuestra noticia las inicuas y nunca bastantemente reprobadas disposiciones concebidas y ejecutadas por el Gobierno de la República de la Nueva Granada contra la Iglesia, contra sus sagrados derechos, sus bienes, sus pastores y sus ministros, Nos no hemos cesado de reclamar por conducto del Cardenal nuestro Secretario de Estado ante ese Gobierno, dirigiéndoles reiteradas quejas por las graves injurias hechas a la Iglesia y a esta Silla Apostólica. Pero, lo decimos con dolor, nuestras palabras, nuestras reclamaciones, nuestras quejas no han tenido resultado alguno; tampoco lo han tenido las de los Obispos, quienes fortalecidos con nuestras cartas y cumpliendo con el deber de su ministerio de servir de ejemplo a los demás, no han rehuido oponerse como un muro para la casa de Israel. Por tanto, para que sepan los fieles de esa República y conozca el mundo entero cuán vehementemente desaprobamos Nos todas estas cosas ejecutadas por los gobernantes de la Nueva Granada contra la Religión, contra la Iglesia y sus leyes, contra los Prelados y los Ministros católicos, contra los derechos y autoridad de esta Cátedra del bienaventurado Pedro, levantamos hoy nuestra voz pastoral con libertad apostólica en vuestra plena Asamblea, venerables hermanos, para improbar, condenar y declarar írritas y completamente nulas las leyes arriba mencionadas, que se han promulgado allí por la potestad civil con tanto menosprecio de la autoridad eclesiástica y de esta Santa Sede, con tanto menosprecio y detrimento de la Religión y de sus sagrados Pastores. Además, Nos amonestamos seriamente a todos aquellos que de cualquiera manera han contribuido a todos estos hechos, bien con sus actos, bien con sus mandatos, para que reflexionen seriamente sobre las penas y censuras que las constituciones apostólicas y los sagrados Cánones pronuncian contra los profanadores de las cosas y de las personas sagradas, contra los violadores de la potestad y libertad eclesiásticas, y contra los usurpadores de los derechos de la Iglesia y de esta Sede Apostólica. […].

27 de Septiembre de 1852

Pío IX