¿Justicia o ideología? El problema de la desproporción de las penas
Christian Pulpan, responsable en Cataluña de una multinacional austriaca accedió en agosto de 2008 a la cuenta de correo electrónico de uno de sus trabajadores, Gerald Rainer, y leyó “mensajes privados” de fuerte contenido homosexual que este mantenía con otro compañero, Juan Torres. Acto seguido, comunicó a su jefe en Austria los hechos calificando a los dos trabajadores de “enfermos”.
Ahora, la Fiscalía de Barcelona ha pedido cuatro años de cárcel para Pulpan por esos hechos, aunque el delito que la acusación pública imputa al delegado de Gartner KG es el de descubrimiento y revelación de secretos. El imputado añadió en el comunicado a su jefe que los correos que había leído “sin conocimiento ni autorización” de los empleados eran “de increíble contenido guarro”.
Según el relato de la fiscal, Pulpan envió un correo electrónico a su jefe en Austria, Herbert S., en el que le comunicaba que había “descubierto” la orientación homosexual de los dos trabajadores, a los que tildó de “enfermos”.
Por todo ello, un juzgado de Barcelona admitió entonces, por primera vez en España, una querella contra una empresa por "homofobia". La juez instructora cerró el caso meses más tarde, pero el abogado David Aineto, de Aequo Advocats, recurrió el archivo. La Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó reabrir la causa contra Pulpan. El abogado también pidió reabrir la causa contra el jefe en Austria, Herbert S., aunque la Audiencia todavía no se ha pronunciado al respecto.
El resultado final de todo este proceso es que la fiscal considera que Pulpan es responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y solicita para él la pena de cuatro años de prisión. Por su parte, Aineto solicita tres años de cárcel por revelación de secretos y otros dos por un delito de discriminación por la orientación sexual, además de una indemnización de 60.000 euros por daños morales.
Hay que recordar que Barcelona es el único lugar donde hay un fiscal especializado en homosexuales.
Al mismo tiempo, en su declaración ante la jueza que instruyó el proceso, Christian Pulpan alegó que había leído esos correos casualmente, cuando buscaba los datos de un proveedor en el ordenador de uno de los empleados.
Los dos empleados homosexuales ya no trabajan en la multinacional austriaca, ya que uno fue despedido por una falta grave y de puntualidad y el otro requirió la rescisión de contrato tras un tiempo de baja médica.
El contraste
La petición de cuatro años de prisión para Pulpan por parte de la Fiscalía de Barcelona contrasta con una condena dictada por la Audiencia de Girona a un ciudadano rumano de 37 años, Costica Costica, al que ha impuesto una pena de 18 años de prisión por torturar y asesinar, en octubre de 2008, a Víctor Miguel Guerrero, para robar en la inmobiliaria gerundense en la que trabajaba.
La sentencia concluye que Costica fue a buscar a la víctima a su apartamento en compañía de Costel Duhaliu y dos secuaces más, Ana María D. y Iulian T, y, una vez allí, la banda le apaleó con brutalidad, le robaron las llaves de la inmobiliaria y le asfixiaron colocándole una cinta aislante en la boca. Después, Costica y Duhaliu entraron en el local y robaron 60.000 euros, relojes y joyas de la caja fuerte.
El texto recoge que todos actuaron “conforme lo previamente acordado y con el fin de obtener un beneficio económico”. Así, para conseguir las llaves de la inmobiliaria llamaron al apartamento y después de que la víctima abriera la puerta le sorprendieron bruscamente, inmovilizándolo y atándolo con las manos a la espalda y en las piernas a la altura de las rodillas.
Tras ello, le bajaron los pantalones a media altura y le golpearon “dura y continuadamente con los puños o algún objeto contundente” que no fue identificado, especialmente en el rostro, la boca y la cabeza, causándole múltiples lesiones. Finalmente, cuando la víctima carecía de toda posibilidad de defensa, le taparon la boca con cinta aislante lo que originó el fallecimiento por asfixia mecánica, según consta en la autopsia.
Así, la Audiencia impuso finalmente a Costica la pena de 15 años por un delito de asesinato; dos años y seis meses por un delito de robo; y por cada uno de los delitos de falsificación de documento oficial -cuando se detuvo al procesado llevaba documentación falsa-, seis meses de prisión y 10.80 euros de multa.
También condena a Duhaliu a dos años y medio de cárcel por un delito de robo con violencia. Finalmente absuelve a todos los acusados de un delito de asociación ilícita y a Duhaliu, Ana Maria D., y Iulian T. del delito de asesinato y a estos dos últimos también les absuelve del delito de robo con violencia.
¿Justicia o ideología?
A la vista de esta sentencia, que condena a un torturador y asesino a 18 años, y la petición de cuatro años de cárcel que pide la Fiscalía de Barcelona para el empresario que llamó “enfermos” a dos trabajadores gays, lo primero que llama la atención es la desproporción entre ambas penas.
A una persona, por torturar y matar a un empleado de una inmobiliaria le caen 18 años, y al empresario acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por entrar en el correo electrónico de su empleado, le piden cuatro años.
En cualquier caso, cabe preguntarse, por ejemplo, cuántos años de prisión pedirían a un empresario por llamar a un empleado “hijo de p…”. Si a un heterosexual le dijeran que es un ‘enfermo mental’, ¿cuántos años pedirían? Y si se tratara de un católico al que dijeran que todos los católicos son unos ‘enfermos’ o que son unos pedófilos, ¿cuál sería la pena solicitada?
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