Por Enrique Szewach
Mientras escribo estas líneas la mayoría de los legisladores de la Nación se aprestan a terminar con el régimen de capitalización de los ahorros previsionales en la Argentina.
Cuando la historia se escriba, en serio, este día será recordado como uno de los días más tristes de la vida institucional y económica de nuestro país, en la era moderna.
Institucional, porque luego de, apenas, quince días de debate, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, han decidido ignorar una decisión ejercida de manera libre, voluntaria, democrática por muchos ciudadanos argentinos. Y violar su derecho a elegir bajo qué sistema prefieren recibir su jubilación futura.
Un país, en dónde dos de los poderes del Estado ignoran sistemáticamente derechos individuales, bajo el pretexto del “bien común” y dónde una mayoría silenciosa de la sociedad, con la complicidad casi generalizada de los medios de comunicación, permite impávida que esto suceda, mientras admira paradójicamente, “la movilización institucional del pueblo norteamericano”, es un país condenado y no precisamente al éxito.
Económicamente, porque como muestra hoy Santiago Gallichio, en un brillante trabajo publicado en Ámbito Financiero, lo que se está votando en estos momentos es un incremento de la deuda bruta pública a valor presente de ¡726.000 millones de dólares! Y una deuda neta, a valor presente de ¡426.000 millones de dólares!. Kirchner tomó esa deuda en 40% del PBI y la está llevando, con la complicidad, insisto, de los diputados a 150% del PBI, niveles parecidos a los que presentan hoy, en materia de deuda previsional acumulada, los países de la Europa occidental.
Más grave aún, este paso se da después de que los argentinos, en términos generacionales y en términos de nivel de actividad y crisis fiscal, hayamos pagado casi todos los costos de transición del sistema de reparto puro, al sistema mixto hasta hoy vigente.
El grado de desatino de nuestros legisladores, que no vieron ni un solo número actuarial, ni formaron ninguna comisión técnica, ni evaluaron los costos de largo plazo de la medida, no encuentra comparación, ni siquiera en el default del 2001, o en el festival de bonos de la pesificación asimétrica.
Ni siquiera toman en cuenta que el dinero es “fungible” y han armado comisiones para “controlar” que los fondos del ANSES no se destinen a otros fines que no sean para financiar las jubilaciones. (En realidad, como se menciona más arriba, simplemente, para que el déficit del ANSES de los próximos años sea algo menor).
Y digo esto, porque si, realmente quisieran que los fondos del ANSES no tuvieran otro destino en el presupuesto público, la única manera de evitarlo hubiera sido prohibirle al ANSES comprar deuda pública con ese dinero.
De lo contrario, con los fondos de esa emisión de deuda el Estado puede hacer lo que se le da la gana, presupuestariamente, desde pagar la campaña del 2009, hasta construir el Tren Bala.
Dicho sea de paso, eliminar el régimen de capitalización, después de habernos hecho pagar todos los costos de transición en estos 14 años y cuando venía el momento de “disfrutar”, para conseguir apenas un “ahorro fiscal” de 6000 a 7000 millones de dólares en el 2009 no tiene justificativo alguno para los diputados que no son del FPV, a menos que detrás de su voto haya otra cosa que, dada la calidad moral de algunos de ellos, me niego a aceptar.
Pasar de un sistema de reparto a un sistema mixto con capitalización, tiene, en efecto, enormes costos de transición, ¡pero ya se pagaron!. Los argumentos que hoy se usan para “desarmar” el error, resultan equivalentes a justificar volar las autopistas urbanas porque fueron construidas por un gobierno militar, o destruir Yaciretá, porque fue el monumento a la corrupción. O, dentro de veinte años, eliminar el servicio del Tren Bala, porque resultó carísimo, se pagaron sobreprecios, o comisiones especiales, y no era una prioridad.
Es cierto, como argumenté en estas semanas, que el sistema de capitalización es sólo para los que pueden ahorrar, por edad y trabajo formal pero, como dijo en IDEA Ricardo Lagos, si podemos reducir un problema de 100 a un problema de 40, mejor tener un problema menor a tener un problema mayor.
La colección de daños a la tasa de crecimiento de corto y largo plazo de la Argentina y al bienestar de sus ciudadanos, que pueden mostrar los tres poderes del Estado en los últimos siete años, con la pasividad y complicidad del resto de los ciudadanos “pensantes” superan a los que se pueden rastrear en un período tan corto, en el pasado reciente de la Argentina. Default de la deuda pública. Pesificación asimétrica. Fallos de la Corte en torno al corralito y al corralón. “Eliminación” de la deuda de los holdouts. No renegociación plena de los contratos de privatizadas. Desconocimiento de las deudas en el CIADI. Puente internacional cerrado por decisión de vecinos, en un conflicto que se está tratando de resolver en un tribunal internacional. Destrucción de la credibilidad del INDEC y, con ello, de la posibilidad de colocar deuda de largo plazo en pesos indexados. Apropiación de las reservas del Banco Central. Intervención directa en gran parte de los mercados de bienes y servicios. Y, ahora, confiscación de los ahorros individuales en los Fondos de Pensión y expropiación con pago con títulos públicos a las empresas por el capital en las AFJP (según el proyecto de ley que se está votando).
Con un explosivo incremento de la deuda pública. Y una segura estafa, por lo impagable de una jubilación digna, a los actuales y futuros jubilados. (¡Desendeudar! Decían los K.).
Todavía nos queda la vaga esperanza de que el Poder Judicial reaccione y nos salve.
Pase lo que pase, y aunque sea para los libros de historia, sería bueno que la lista de los “votos a favor” de esta noche, quede bien explícita y detallada en un cuadro enorme para el futuro. Parafraseando a Serrat “entre esos tipos y nosotros, debería haber algo personal.
Se adjunta el estudio realizado por el Lic. Santiago Gallichio
* * *
AFJPs: un suicidio fiscal colectivo que costará el 64% del PIB
Por Santiago Gallichio
El plan de desactivar el subsistema de capitalización previsional es la historia de un verdadero “suicidio fiscal colectivo”. A 14 años de su nacimiento y habiéndose pagado ya los altísimos costos que implica crear este tipo de regímenes, destruirlo sólo puede ser obra de una profunda ignorancia, más allá de las vivezas y oportunismos que se hacen evidentes en algunos de sus promotores.
Los sistemas de capitalización son poco frecuentes, como sostiene el gobierno, pero no por su inconveniencia, sino por el enorme costo que conlleva imponerlos. Esto se debe a que, durante algunas décadas, los trabajadores tienen que solventar las jubilaciones vigentes a la vez que ahorran en sus cuentas individuales. La generación nacida entre 1940 y 1970 ha pagado 2 veces sus aportes previsionales durante los últimos 14 años, pero su esfuerzo no habrá servido de nada.
Peor aun: la continua penuria fiscal que vivió la Argentina entre 1995 y 2002, y que llevó a una crisis sin precedentes, tuvo en aquella reforma previsional su causa más destacada. Y es justamente por ese motivo que el régimen de capitalización, lejos de ser derrumbado, debe ser valorado y protegido, en honor del esfuerzo que insumió, el que ya se pagó plenamente. La crítica retroactiva, que encarna gran parte de la dirigencia política hoy, es la peor inspiración que se puede encontrar. ¿Justo ahora, que es tiempo de disfrutar de los numerosos beneficios de un sistema de capitalización que ya pagamos entre todos, lo vamos a destruir? Es un suicidio fiscal colectivo, sólo comprensible en el absoluto desconcierto en el que vive nuestra sociedad, liderada por una dirigencia desnortada.
Costos fiscales
Para tener idea de los costos, en grandes números se puede afirmar que mientras fueron “desviados” del Estado a las AFJPs, entre 1994 y 2008, unos US$39 mil millones (MM) corrientes, los recursos que aportaron las Provincias de sus impuestos, “pre-coparticipados” con el exclusivo fin de financiar aquella transición previsional, ascienden a US$79 MM: ¡el doble! Y, a pesar de ello, todavía hoy las Provincias siguen drenando US$7 MM anuales a la Nación, a través de la ANSeS, que hace un mero pasamanos para que el gobierno los gaste en otras finalidades, mientras puede exhibir superávit primario de su Tesoro.
En estos años, también fueron a la ANSeS otros US$60 MM de impuestos nacionales. En consecuencia, lejos de quedar desfinanciada, la ANSeS obtuvo US$100 MM más de lo que “derivó” a las AFJPs. Con todos esos recursos tributarios, la ANSeS pudo pagar el 44% de las jubilaciones y pensiones del sistema de reparto en estos años (usó el 66% de esos recursos: US$92 MM), financiar el déficit transitorio que significaban las AFJPs (28%: US$39 MM) y también acumular un superávit (6%: US$8 MM).
Si se aprobara la reforma actual, la ANSeS, además de haber acumulado sin ningún justificativo los recursos de las Provincias, se habrá apropiado de US$28 MM de los afiliados a las AFJPs. A cambio, contraerá nuevos pasivos previsionales que no han sido siquiera contabilizados por el Gobierno para fundamentar su propuesta, ni se ha analizado su sustentabilidad futura.
Déficit previsional
Este cálculo de cuánto “promete graciosamente” pagar la ANSeS a nuestra población, asegurando que el traspaso al sistema de reparto es muy conveniente, lo hemos realizado aplicando las técnicas actuariales vigentes. Sus resultados son lapidarios. La deuda previsional que deja este gobierno gracias a la moratoria, los pasajes a reparto y la propuesta de rediseño actual, asciende, a valor presente, a US$726 MM (247% del PIB). Para atender esa deuda, contamos con aportes y contribuciones previsionales futuros por sólo US$264 MM (90% del PIB).
El resto del pasivo (157% del PIB) deberá ser afrontado con el superávit actual de la ANSeS (unos US$7 MM) más los fondos administrados por las AFJPs (US$28 MM), menos la parte de todos esos fondos que son títulos públicos (US$17 MM). A esto habría que restarle los fondos que la ANSeS usará a gusto del Tesoro nacional, y no de los jubilados, intensivamente durante 2009 y para la campaña electoral. Pero aun sin contabilizar ese desvío de fondos, el déficit previsional, a valor presente, asciende a US$442 MM, es decir, un 150% del PIB.
En 2003, cuando comenzó la gestión Kirchner, ese mismo déficit ascendía a US$60 MM y era equivalente al 40% del PIB. Con las sucesivas ampliaciones de la cobertura de la vejez, cargadas sobre las espaldas de la ANSeS, ese monto ascendió a US$254 MM (86% del PIB). A ello contribuyeron la moratoria previsional (un verdadero subsidio sin aportes), el aumento de la PAP del 0,85% al 1,50% por año de aporte (para tentar los traspasos de las AFJPs a reparto en 2007, lo que igualmente no sucedió), la ampliación de la cobertura por aportes incompletos, las pensiones a ex combatientes, etc.
Esta última reforma que se pretende aprobar ahora, obligará a la ANSeS a un enorme esfuerzo. Esto se debe a que los afiliados a las AFJPs ya pagaban al sistema de reparto la contribución patronal, a cambio de una contraprestación futura mínima (la PBU), con el objeto de redistribuir sus ingresos entre todos. Ahora, recibirán de reparto mucho más de lo que recibían antes. Semejante gentileza representa nada menos que otro 64% del PIB de incremento en el déficit actuarial nacional.La era K, que se concibe a sí misma como fiscalmente responsable y que tiene en el desendeudamiento una de sus principales banderas, ha creado su propio festival de endeudamiento para las próximas generaciones, septuplicando el déficit previsional, el que creció en US$382 MM. Este déficit, que deberá financiarse con el correr de los años, es equivalente a 2 ½ veces la deuda argentina actual en títulos públicos. No ha habido otro festival de semejante magnitud en la historia reciente, ni siquiera en la era Duhalde, cuando se triplicó la deuda en términos del PIB, para compensar la pesificación asimétrica.
Un aporte de Jose M Gonzalez Eiras
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