La
institución ofrece hacerse cargo de los niños concebidos como consecuencia de
una violación y, si fuera necesario, de sus madres -sea cual fuere la condición
específica de su salud mental-. Siguen los agravios a la Iglesia.
Mañana,
los trokistas, en una nueva burla a la Iglesia, se disfrazarán de curas, y escracharán a Macri por su posible veto a
la ley de aborto que, bajo el eufemismo de “no punible”, introduce la práctica
encubierta del aborto libre y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. Lejos
de la Plaza de Mayo, curas de verdad, seguirán cuidando, sin pausa y
silenciosamente, a los más necesitados.
El
Instituto del Verbo Encarnado lleva adelante en San Rafael (Mendoza) un
proyecto denominado 'Ciudad de la Caridad'. Al presente, cuenta con: el Hogar
San Martín de Tours que atiende a más de 50 enfermos varones discapacitados, de
diversos niveles de profundidad; el Hogar Divina Providencia que cobija a alrededor
de 60 discapacitadas enfermas (algunas de ellas madres solteras discapacitadas,
que han dado a luz a hijos sanos con los que interactúan, enriqueciéndose
mutuamente); el Hogar de niños Gianna Beretta Molla, con 70 niños huérfanos o
con problemas familiares y el Hogar Rosa Giovannetti de adolescentes y jóvenes.
Los profesionales que asisten los Hogares fundaron, hace 15 años, el CIDEPROF
(Centro de Investigación de la Problemática Familiar), para investigar acerca
de la problemática de la familia y la discapacidad.
Estos
antecedentes muestran que el pedido de veto elevado a Macri, por el Dr Ricardo
Curutchet, presidente del CIDEPROF y miembro de la Junta Ejecutiva Federal de
la Red Federal de Familias, no es meramente declarativo.
Recuerda
Curutchet en la misiva; que “la ley en ciernes pisotea el derecho a la vida del
que es titular el niño por nacer, cuya muerte se autoriza y, peor aún, se
promueve; y a cuya práctica se obliga a los prestadores de salud y a las
instituciones sanitarias de la Ciudad”.
Tras
fundar con sólidos argumentos jurídicos su solicitud, Curutchet enfatiza:
“ofrecemos a ese Gobierno y a todas las mujeres afectadas, a sus familias y a
su entorno social, hacernos cargo de esos niños desde su nacimiento y, si fuere
necesario, hacernos cargo de las madres, desde el momento en que ellas tomen
conciencia de su embarazo y hasta el momento que sea necesario”.
A
continuación el texto completo del pedido de veto:
Buenos
Aires, 1° de octubre de 2012.
Señor
Jefe de Gobierno
de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ing
Mauricio Macri.
De
nuestra consideración:
En
mi carácter de presidente del CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA PROBLEMÁTICA
FAMILIAR cumplo en dirigirme a Ud., en su condición de Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitarle, en nombre de la
asociación que presido, que ejerza el derecho de veto que le confiere la
legislación vigente respecto de la ley de aborto que, bajo el eufemismo de “no
punible” introduce la práctica encubierta del aborto libre y obligatorio en la
ciudad de Buenos Aires; y, de ese modo, cumpla Ud. con el deber de custodia y
promoción del Bien Común que se le ha encomendado y que incluye, en su primer
nivel de exigencia, el cuidado de los más desvalidos. El Estado jamás debería
verse involucrado, bajo ningún aspecto, en la eliminación sistemática de seres
humanos inocentes, incluidos obviamente los niños y las niñas por nacer.
En
efecto, como bien se ha dicho, aun cuando se pretendiera acordar vigencia —que
no la tienen—, a las categorías de abortos “no punibles”; la —nula,
inconstitucional y derogada— solución de los incisos 1° y 2° del artículo 86
del Código Penal únicamente se limitaba a establecer que sólo cuando el aborto
era practicado en las dos hipótesis específicamente previstas, ese hecho
delictivo quedaría sin castigo, no corresponde que de ello se extraiga la
consagración de un “derecho a abortar”, y, mucho menos, la obligación de llevar
a cabo la práctica o de proporcionar medios para que el aborto se realice.
Los
bienes públicos sujetos a la administración del Estado, en este caso a la suya,
de ningún modo pueden aplicarse al financiamiento de prácticas ilícitas (ni
siquiera en el supuesto de que ellas, por las razones que sean, no reciban
sanción penal) y, menos aún puede obligarse a los funcionarios públicos a
incurrir en ellas o a contribuir a su ejecución.
La
ley sancionada, que hace impune, legitima y convierte en obligatoria la
práctica de los abortos en los casos que allí se prevén, no sólo es moralmente
repugnante sino que, más allá de su inconstitucionalidad sustancial, excede por
completo su competencia, ya que la sanción de normas en materia penal ha sido
delegada al Poder Legislativo Nacional.
En
nombre del Centro cuya representación ejerzo, le pido que tenga en cuenta que
dicha ley en ciernes pisotea el derecho a la vida del que es titular el niño
por nacer, cuya muerte se autoriza y, peor aún, se promueve; y a cuya práctica
se obliga a los prestadores de salud y a las instituciones sanitarias de la
Ciudad, olvidando que tal derecho tiene rango constitucional de primer nivel; y
que, en concreto, consiste en el interés superior del niño; interés que las
disposiciones constitucionales y legales en vigencia obligan a proteger en
primer término y en absoluto, es decir, sin condiciones, por lo que está por
encima de toda otra consideración y derecho que, supuestamente, se vean
afectados por el respeto de aquél, es decir, de la vida del niño cuyo asesinato
se preconiza.
Recuerde,
señor Jefe de Gobierno, que la ley cuya promulgación se pretende,
concordantemente con el fallo de la Corte Suprema que es su antecedente (conf.
re “Fuentes, Aurora s/ medida autosatisfactiva” —Fallo n° 259/2010 Letra F,
Libro 46—) cínicamente pero de acuerdo con el dictamen unánime de la ciencia,
reconoce la existencia de vida humana en el niño concebido como consecuencia
supuesta de una violación pero —contradiciendo esa premisa— autoriza y manda
suprimirla en aras de difusos derechos de la madre que, aunque existieran, son
de evidente subordinación a aquél superior de la vida del niño por nacer. Tenga
presente entonces que quienes recojan ese criterio estarán autorizando y
ordenando suprimir vidas inocentes, sólo “culpables” (¡culpables!, ¡qué
aberración tan patente y que parece no se advierte!) de su origen.
Porque
es así: el autorizar, y reitero, obligar, la práctica de abortos, implica la
creación de una categoría especial de personas, las que han sido concebidas a
raíz de una violación, a las cuales, sin que calidad alguna suya las distinga
de otras, se las priva de la protección de los servicios de justicia y de salud
y a las que niega, lisa y llanamente, el derecho a la vida. O sea, de personas
sin derecho a la vida. No otra cosa implicaría la promulgación de la ley en
cuestión.
Por
ello, solicito que vete el proyecto de aborto no punible sancionado por la
Legislatura porteña.
No
desconocemos los graves problemas que para la víctima de una violación puede
acarrear un subsiguiente embarazo y su gestación, alumbramiento y el posterior
sostén de un hijo nacido bajo tales circunstancias.
Creemos
sinceramente que una acogida favorable y maternal a ese niño residente en su
seno será, para la madre que así lo reciba —sea cual fuere la condición
específica de su salud mental—, una generosa fuente de alegrías y bendiciones a
lo largo de su vida; pero comprendemos también que eso no pueda ser así
aceptado por parte de quien ha sufrido una tan grande violencia en su cuerpo,
en su psiquis y en su dignidad, por lo cual ofrecemos a ese Gobierno y a todas
las mujeres afectadas, a sus familias y a su entorno social, hacernos cargo de
esos niños desde su nacimiento y, si fuere necesario, hacernos cargo de las
madres, desde el momento en que ellas tomen conciencia de su embarazo y hasta
el momento que sea necesario.
Esta
oferta, que ahora hacemos simplemente por medio de esta carta que enviamos por
vía electrónica, nos comprometemos a confirmarla con los datos suficientes que
la tornen aceptable y digna de confianza por parte de la sociedad y de sus legisladores.
Mientras
tanto, y nuevamente invocando la representación del Centro de Investigaciones
de la Problemática Familiar, le pido encarecidamente que atienda nuestra
solicitud y vete la ley para cuya promulgación ha sido elevada a la
consideración de esa Jefatura de Gobierno.
Junto
con nuestra encendida petición y en la espera de que será favorablemente
atendida, reciba Ud. nuestro saludo.
Ricardo
S. Curutchet, Presidente del Consejo Directivo del CIDEPROF
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