Aunque
aún no está publicado en el Boletín Oficial, fuentes del Gobierno de la Ciudad
anticiparon hoy el Decreto 504/2012 con el que el Jefe de Gobierno, Ing.
Mauricio Macri, vetó ayer el proyecto de Ley sancionado en la sesión del 27 de
septiembre, con el pretexto de regular “la atención integral de los abortos no
punibles”.
Entre
los considerandos del Decreto se afirma:
Que
el proyecto de Ley sancionado “contraría expresas disposiciones
constitucionales y del derecho de fondo”.
Que
si la práctica de los abortos se garantiza en los subsectores de la seguridad
social y privados del Sistema de Salud se “restringe en forma absoluta ciertos
derechos de tales efectores –y muy especialmente de los profesionales que en
ellos se desempeñan-“.
Que
el concepto de “peligro para la salud integral” al que el proyecto alude,
introduce “una variable calificativa al Código Penal que implica alterar la
previsión de la norma de fondo”, facultad atribuida constitucionalmente al
Congreso de la Nación.
Que
el acceso al aborto desde los 14 años sin intervención de los representantes
legales viola disposiciones del Código Civil, que “establece que los menores
adultos son incapaces relativos para la realización de los actos de la vida
civil y que ‘sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autoricen
otorgar’, teniendo por representantes legales a sus padres o tutores”.
Que
la obligación de los profesionales de la salud de manifestar su objeción de
conciencia por escrito, en un plazo no mayor a 30 días desde la promulgación
del proyecto o al momento de ingreso en la institución -si éste fuera posterior
a esa pauta-, “restringe indebidamente las libertades individuales y la
intimidad del profesional”. “El derecho de conciencia”, afirma, “debe ser
razonablemente respetado y ejercido en todo momento, sin encontrase sujeto a
limitación temporal alguna”.
Que
la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires no puede dictar normas de
naturaleza penal y que el proyecto prevé sanciones penales para maniobras
dilatorias, el suministro de información falsa o la reticencia para llevar a
cabo el aborto, por parte de los profesionales o directivos de los
establecimientos.
El
Decreto fue refrendado por los ministros de Desarrollo Social, Justicia y
Seguridad, de Salud, de Hacienda, de Desarrollo Económico, y por el jefe de
Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
El
veto fue celebrado por distintas organizaciones provida, que manifestaron
simultáneamente, su preocupación por la vigencia de la Resolución 1252/2012.
NOTIVIDA
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