El Tribunal de Apelaciones de Managua ha sentenciado a Álvarez por la supuesta comisión de los delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato a la autoridad, las cuales suman un total de 26 años y cuatro meses de condena, según ha informado el diario nicaragüense ‘Confidencial’.
Además, el líder religioso perderá su nacionalidad tras haber sido declarado como “traidor a la patria” –tal y como hizo el jueves el Gobierno de Daniel Ortega con las 222 personas excarceladas–, y deberá pasar su pena en la cárcel La Modelo.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó el jueves al obispo de Matagalpa como un “desquiciado, energúmeno y soberbio”, criticando su decisión de aceptar su destierro del país.
“Lo que tenemos es un comportamiento de soberbia, de quien se considera el jefe de la Iglesia en Nicaragua (…) y debe pensar que está a punto de optar el cargo de su santidad el papa. Está desquiciado, pero eso lo tendrán que decir las autoridades judiciales y las autoridades médicas porque tendrán que atenderlo”, aseveró el jefe de Estado nicaragüense en un discurso recogido por ‘La Prensa’.
Álvarez es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y en el país es reconocido por su labor en defensa de los Derechos Humanos frente a la opresión sadinista. De hecho, en 2022 se convirtió en el primer obispo de la Iglesia católica en ser arrestado desde que Ortega se hizo con el poder en 2007.
El presidente nicaragüense tildó anteriormente a la Iglesia de “dictadura perfecta” y de “usar a sus obispos para dar un golpe de Estado” en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hacían llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas de 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.
Con todo, la condena de Álvarez se da un día después de que 222 personas, todas ellas consideradas “traidoras a la patria”, fueran deportadas de Nicaragua en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita, ya que habían sido acusadas de incitar supuestamente a la violencia y el terrorismo, así como de perpetrar acciones de “desestabilización económica”.
La situación de los presos ha sido motivo recurrente de quejas de la comunidad internacional y de organismos como Naciones Unidas. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifró en enero en al menos 245 la cifra de reclusos, entre ellos diez encarcelados antes de las protestas de 2018, consideradas un punto de inflexión.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó también en diciembre la liberación inmediata de 225 personas que permanecían detenidas arbitrariamente por su disidencia frente al Gobierno de Daniel Ortega. En su informe periódico de la situación, denunció las condiciones precarias en que estaban detenidos esos presos, así como el trato humillante y degradante al que se somete a sus familias.
Gaceta
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