Entre los “obstáculos” detectados para asegurar “la calidad en la provisión de los abortos” mencionan:
1. Falta de campañas de difusión del “aborto como un derecho”
2. La persistencia de “técnicas obsoletas” como el legrado
3. Centros de salud con “rutas de atención poco claras”
4. Objeciones de conciencia que “no se ajustan a la ley”
5 “Sobrecarga laboral” de los profesionales que hacen abortos y
6. Equipos de salud que no informan “sobre la posibilidad y el ‘derecho’ a interrumpir el embarazo”, cuando no se lo solicitan expresamente.
El Proyecto Mirar, una iniciativa creada para “monitorear la implementación de la Ley de aborto” presentó un nuevo informe, focalizado en “las desigualdades en el acceso al aborto” y con vistas a “la calidad en la atención”. Mirar es un trabajo conjunto del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health.
El escrito menciona que “los insumos son una dimensión clave para la calidad de la atención”. “Durante 2021 se distribuyeron 74.071 tratamientos, 4 veces más que en 2020” Y “en 2022 se incorporó la distribución del combipack (1 Mifepristona 200 mg + 4 Misoprostol de 200 mcg)”. Recuerdan que esto fue posible gracias a una donación de la IPPF (25.000 combipacks) y una posterior compra de 50.000 “tratamientos” realizada al Fondo de Población.
“Para el 2023, la perspectiva es continuar con la distribución de ambas drogas, reproduciendo la estrategia de provisión mediante donaciones y compras en el mercado internacional y nacional”. “Otra novedad del 2022 ha sido la puesta en marcha de los procesos de producción de la mifepristona en laboratorios públicos del país”. “Dos de estos laboratorios vienen produciendo misoprostol para abastecer al sistema de salud público (Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe desde el 2019 y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E. desde el 2021). Más recientemente se han sumado los Laboratorios Puntanos de San Luis y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata”.
Se destaca el crecimiento de los servicios públicos de Salud que hacen abortos, que en la Ciudad de Buenos Aires son el 100%, todos los Cesacs y todos los hospitales, incluidos los pediátricos. A nivel nacional la cantidad de servicios públicos de salud que realizan abortos aumentó un 58%, no obstante, lo consideran “insuficiente” porque hay una “sobrecarga de los equipos de salud” especialmente de los que hacen los abortos después del “primer trimestre o segundo trimestre inicial”.
Sorprenden los datos consignados sobre los abortos en la provincia de Chubut. El total en sí mismo (985) supera al de provincias que la doblan en cantidad de población, por ejemplo: Corrientes, Chaco y Misiones. Pero lo más llamativo es la proporción de abortos que se realizaron después del primer trimestre, en el 71% de los casos la práctica se realizó cuando el embarazo superaba las 14 semanas, según consignan. Aclara también que el 96% de los abortos de Chubut se practicaron con medicamentos. Recordemos que de Chubut provino el caso FAL y que fue la primera legislatura provincial en aprobar una ley de aborto.
Se puntualiza que en marzo de 2022, la OMS publicó nuevas directrices para aborto y resaltan que “por primera vez, las recomendaciones de prestación de aborto de la OMS incluyen la ‘autogestión del aborto’ con medicamentos (Recomendación nº50) y a trabajadores de la salud comunitaria y farmacéuticos como proveedores capacitados para el aborto con medicamentos hasta las 12 semanas de gestación (Recomendación nº28)”.
Entre las deudas mencionan “campañas públicas de comunicación y difusión del aborto como un derecho”. Denuncian la persistencia de “prácticas no recomendadas como el uso del legrado” y exhortan “a fortalecer la utilización de la AMEU con más capacitaciones y otras estrategias”.
Entienden que la objeción de conciencia “que no se ajusta a la Ley” también va en detrimento de la “calidad de atención”. Dice: “la objeción es para el que interviene directamente en la práctica” que no debe obstaculizar y tiene que derivar, pero “existen malas objeciones (que no son formalmente ejercicios del derecho a la objeción de conciencia sino prácticas por fuera de la ley), cotidianas del personal de salud en contacto con las personas usuarias pero que no está involucrado directamente en la práctica del aborto: por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos”.
Valeria Islas, directora Nacional de “Salud Sexual y Reproductiva”, una de las referentes citadas en el estudio, entiende que a veces “se piden más requisitos de los que plantea la ley, sobre todo en el primer trimestre” por lo que “hay que ir revisando los micro-procesos de acceso a la atención”.
Se demanda que los profesionales de la salud además de intervenir ante la solicitud expresa de un aborto, “sean activos proveedores de información sobre la posibilidad y el ‘derecho’ a interrumpir el embarazo”, es decir, que ofrezcan el aborto. Para eso hay que “deconstruir hábitos de atención”.
El reporte concluye proponiendo una agenda de temas pendientes en materia de “calidad de la atención de los servicios de aborto”, por ejemplo, relevar experiencias reales de utilización de los servicios para “identificar barreras en el acceso al aborto” y “evaluar si la ley se está implementando de manera apropiada según los estándares que el marco normativo y las recomendaciones internacionales indican”.
NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río
El Proyecto Mirar, una iniciativa creada para “monitorear la implementación de la Ley de aborto” presentó un nuevo informe, focalizado en “las desigualdades en el acceso al aborto” y con vistas a “la calidad en la atención”. Mirar es un trabajo conjunto del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health.
El escrito menciona que “los insumos son una dimensión clave para la calidad de la atención”. “Durante 2021 se distribuyeron 74.071 tratamientos, 4 veces más que en 2020” Y “en 2022 se incorporó la distribución del combipack (1 Mifepristona 200 mg + 4 Misoprostol de 200 mcg)”. Recuerdan que esto fue posible gracias a una donación de la IPPF (25.000 combipacks) y una posterior compra de 50.000 “tratamientos” realizada al Fondo de Población.
“Para el 2023, la perspectiva es continuar con la distribución de ambas drogas, reproduciendo la estrategia de provisión mediante donaciones y compras en el mercado internacional y nacional”. “Otra novedad del 2022 ha sido la puesta en marcha de los procesos de producción de la mifepristona en laboratorios públicos del país”. “Dos de estos laboratorios vienen produciendo misoprostol para abastecer al sistema de salud público (Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe desde el 2019 y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E. desde el 2021). Más recientemente se han sumado los Laboratorios Puntanos de San Luis y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata”.
Se destaca el crecimiento de los servicios públicos de Salud que hacen abortos, que en la Ciudad de Buenos Aires son el 100%, todos los Cesacs y todos los hospitales, incluidos los pediátricos. A nivel nacional la cantidad de servicios públicos de salud que realizan abortos aumentó un 58%, no obstante, lo consideran “insuficiente” porque hay una “sobrecarga de los equipos de salud” especialmente de los que hacen los abortos después del “primer trimestre o segundo trimestre inicial”.
Sorprenden los datos consignados sobre los abortos en la provincia de Chubut. El total en sí mismo (985) supera al de provincias que la doblan en cantidad de población, por ejemplo: Corrientes, Chaco y Misiones. Pero lo más llamativo es la proporción de abortos que se realizaron después del primer trimestre, en el 71% de los casos la práctica se realizó cuando el embarazo superaba las 14 semanas, según consignan. Aclara también que el 96% de los abortos de Chubut se practicaron con medicamentos. Recordemos que de Chubut provino el caso FAL y que fue la primera legislatura provincial en aprobar una ley de aborto.
Se puntualiza que en marzo de 2022, la OMS publicó nuevas directrices para aborto y resaltan que “por primera vez, las recomendaciones de prestación de aborto de la OMS incluyen la ‘autogestión del aborto’ con medicamentos (Recomendación nº50) y a trabajadores de la salud comunitaria y farmacéuticos como proveedores capacitados para el aborto con medicamentos hasta las 12 semanas de gestación (Recomendación nº28)”.
Entre las deudas mencionan “campañas públicas de comunicación y difusión del aborto como un derecho”. Denuncian la persistencia de “prácticas no recomendadas como el uso del legrado” y exhortan “a fortalecer la utilización de la AMEU con más capacitaciones y otras estrategias”.
Entienden que la objeción de conciencia “que no se ajusta a la Ley” también va en detrimento de la “calidad de atención”. Dice: “la objeción es para el que interviene directamente en la práctica” que no debe obstaculizar y tiene que derivar, pero “existen malas objeciones (que no son formalmente ejercicios del derecho a la objeción de conciencia sino prácticas por fuera de la ley), cotidianas del personal de salud en contacto con las personas usuarias pero que no está involucrado directamente en la práctica del aborto: por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos”.
Valeria Islas
Se demanda que los profesionales de la salud además de intervenir ante la solicitud expresa de un aborto, “sean activos proveedores de información sobre la posibilidad y el ‘derecho’ a interrumpir el embarazo”, es decir, que ofrezcan el aborto. Para eso hay que “deconstruir hábitos de atención”.
El reporte concluye proponiendo una agenda de temas pendientes en materia de “calidad de la atención de los servicios de aborto”, por ejemplo, relevar experiencias reales de utilización de los servicios para “identificar barreras en el acceso al aborto” y “evaluar si la ley se está implementando de manera apropiada según los estándares que el marco normativo y las recomendaciones internacionales indican”.
NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río
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