El caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, N.º 19-1392, 597 U.S. (2022), fue un litigio judicial que concluyó con el fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos el 24 de junio de 2022, en el que el Tribunal sostiene que la Constitución de los Estados Unidos no contempla ningún derecho al aborto, anulando los casos Roe contra Wade (1973), que estableció la inconstitucionalidad de toda norma que impidiera o penalizara el aborto voluntario previo a la “viabilidad” del feto, es decir, la posibilidad de su sobrevivencia fuera del útero materno, y Planned Parenthood contra Casey (1992), que confirmó a Roe contra Wade en sus aspectos esenciales.
El caso versaba sobre la constitucionalidad de una ley del estado de Misisipi del 2018 que prohibía la mayoría de las intervenciones abortistas después de las primeras 15 semanas de embarazo. Los tribunales inferiores habían impedido la aplicación de la ley con medidas cautelares. Las medidas cautelares se basaban en la sentencia del caso Planned Parenthood contra Casey, que había impedido a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, generalmente dentro de las primeras 24 semanas, sobre la base de que el derecho a la intimidad protege la elección de la mujer para abortar durante ese tiempo en virtud de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.
El giro conservador del Tribunal Supremo convirtió a Dobbs en un vehículo potencial para desafiar tanto a Roe como a Casey. Más de veinte estados prepararon legislación, incluyendo trece con leyes de activación, para prohibir o regular estrictamente el aborto en caso de que Dobbs anulase Roe y Casey.
Dobbs ganó mucha atención a raíz de las batallas legales sobre la Ley de latidos del corazón de Texas, promulgada en mayo de 2021, lo que llevó a un récord de presentaciones de amicus curiae en Dobbs.
Los argumentos orales ante el Tribunal Supremo se celebraron en diciembre de 2021. El 2 de mayo de 2022, la organización de periodismo Politico publicó un borrador filtrado de la opinión mayoritaria del juez Samuel Alito. Anularía Roe y Casey anulando los “derechos específicos de privacidad”, eliminando la implicación federal y dejando que la cuestión la determinen los estados. A través de una declaración del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, éste confirmó la autenticidad del documento, pero dijo que “no representa una decisión del Tribunal ni la posición final de ningún miembro sobre las cuestiones del caso”.
La decisión se emitió el 24 de junio de 2022, con un fallo de 6-3 que anulaba las sentencias de los tribunales inferiores; un fallo más ajustado de 5-4 anulaba Roe y Casey. La opinión mayoritaria afirmaba que el aborto no era un derecho constitucional y que los estados debían tener poder para prohibir o regular el aborto. La opinión mayoritaria, escrita por Alito, era sustancialmente similar al borrador filtrado. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, no se sumó a la opinión de la mayoría para anular Roe y Casey, pero estuvo de acuerdo con la sentencia que confirmaba la ley de Misisipi.
La decisión fue descrita como una victoria de la derecha cristiana en la política estadounidense. Funcionarios de la Iglesia Católica y de la Convención Bautista del Sur celebraron la decisión, mientras que otras confesiones cristianas y grupos religiosos se opusieron. Destacados políticos republicanos alabaron la decisión, mientras que sus homólogos demócratas la repudiaron. Se produjeron protestas y contraprotestas por la decisión en muchas ciudades de Estados Unidos y a nivel internacional.
Ley de Edad Gestacional
En marzo de 2018, el estado de Misisipi aprobó la Ley de Edad Gestacional, que prohíbe la práctica de abortos después de las primeras quince semanas de embarazo, con excepciones para una emergencia médica o anormalidad fetal severa. La excepción de “emergencia médica” permite la realización de abortos para “salvar la vida de una mujer embarazada” en situaciones en las que la continuación del embarazo “creará un riesgo grave de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante”.
La legislatura justificó esta prohibición sobre la base de que los procesos de dilatación y evacuación utilizados a partir de las quince semanas son, a su consideración, “una práctica bárbara, peligrosa para la paciente materna y degradante para la profesión médica” cuando se realizan intencionalmente por “razones electivas” o “no terapéuticas”.
El gobernador Phil Bryant promulgó el proyecto de ley y dijo que estaba “comprometido a hacer de Misisipi el lugar más seguro de Estados Unidos para un niño por nacer, y este proyecto de ley nos ayudará a lograr ese objetivo”. Agregó: “Probablemente seremos demandados en aproximadamente media hora, y eso estará bien para mí. Vale la pena pelear”.
Los argumentos orales ante el Tribunal Supremo se celebraron en diciembre de 2021. El 2 de mayo de 2022, la organización de periodismo Politico publicó un borrador filtrado de la opinión mayoritaria del juez Samuel Alito. Anularía Roe y Casey anulando los “derechos específicos de privacidad”, eliminando la implicación federal y dejando que la cuestión la determinen los estados. A través de una declaración del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, éste confirmó la autenticidad del documento, pero dijo que “no representa una decisión del Tribunal ni la posición final de ningún miembro sobre las cuestiones del caso”.
La decisión se emitió el 24 de junio de 2022, con un fallo de 6-3 que anulaba las sentencias de los tribunales inferiores; un fallo más ajustado de 5-4 anulaba Roe y Casey. La opinión mayoritaria afirmaba que el aborto no era un derecho constitucional y que los estados debían tener poder para prohibir o regular el aborto. La opinión mayoritaria, escrita por Alito, era sustancialmente similar al borrador filtrado. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, no se sumó a la opinión de la mayoría para anular Roe y Casey, pero estuvo de acuerdo con la sentencia que confirmaba la ley de Misisipi.
La decisión fue descrita como una victoria de la derecha cristiana en la política estadounidense. Funcionarios de la Iglesia Católica y de la Convención Bautista del Sur celebraron la decisión, mientras que otras confesiones cristianas y grupos religiosos se opusieron. Destacados políticos republicanos alabaron la decisión, mientras que sus homólogos demócratas la repudiaron. Se produjeron protestas y contraprotestas por la decisión en muchas ciudades de Estados Unidos y a nivel internacional.
Ley de Edad Gestacional
En marzo de 2018, el estado de Misisipi aprobó la Ley de Edad Gestacional, que prohíbe la práctica de abortos después de las primeras quince semanas de embarazo, con excepciones para una emergencia médica o anormalidad fetal severa. La excepción de “emergencia médica” permite la realización de abortos para “salvar la vida de una mujer embarazada” en situaciones en las que la continuación del embarazo “creará un riesgo grave de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante”.
La legislatura justificó esta prohibición sobre la base de que los procesos de dilatación y evacuación utilizados a partir de las quince semanas son, a su consideración, “una práctica bárbara, peligrosa para la paciente materna y degradante para la profesión médica” cuando se realizan intencionalmente por “razones electivas” o “no terapéuticas”.
El gobernador Phil Bryant promulgó el proyecto de ley y dijo que estaba “comprometido a hacer de Misisipi el lugar más seguro de Estados Unidos para un niño por nacer, y este proyecto de ley nos ayudará a lograr ese objetivo”. Agregó: “Probablemente seremos demandados en aproximadamente media hora, y eso estará bien para mí. Vale la pena pelear”.
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