ITALIA INSTITUYE LA 'PENA DE MUERTE' SOCIAL PARA LOS NO VACUNADOS

Al igual que en Francia, el Tribunal Constitucional italiano, ajeno a su papel de guardián y totalmente supeditado a la narrativa covidiana destilada por los políticos, ha validado todas las restricciones de libertad y discriminación que introduce el Pase Verde italiano.

Por Francesca de Villasmundo


Así, si antes se enumeraban todos los lugares prohibidos a las personas sin tarjeta sanitaria, que luego se convirtió en “tarjeta de vacunación”, desde el decreto del 21 de enero se enumeran los pocos lugares a los que todavía se permite el acceso a las personas no vacunadas. Así de pocos son.

Se acabaron los bancos, las oficinas de correos, las tiendas, la policía (sólo para presentar una denuncia), se acabaron las pensiones de jubilación o los pasaportes renovados, el juzgado (sólo si se le convoca por motivos graves). El nuevo decreto restringe tanto la libertad de los que no tienen el “Pase Verde” que enumera los únicos lugares a los que pueden seguir yendo. 

Sin ningún criterio sanitario

Si bien se ha suprimido la disposición por la que los que no tengan el “Pase Verde” sólo podrán comprar productos de primera necesidad en los supermercados, el resto del decreto instituye una “sentencia de muerte social” o “fin de la vida social” para los no vacunados.

El decreto del 21 de enero enumera todos los lugares públicos a los que pueden acceder las personas sin “Pase Verde”. Al ser la primera legislación introducida tras la “vacunación” obligatoria de los mayores de 50 años, invierte el paradigma de las prohibiciones. 

Hasta ayer, los decretos enumeraban los lugares en los que no se podía entrar sin “pase”. Hoy en día, por el contrario, es evidente que los que no tienen “pase” no pueden entrar en ningún lugar público cerrado a menos que tengan: necesidades de alimentación, razones de salud, razones de seguridad, razones de justicia. Para satisfacer las necesidades alimentarias y básicas, una persona sin “Pase Verde” puede seguir accediendo únicamente a los supermercados y a cualquier establecimiento de venta de alimentos, combustible, medicamentos, atención sanitaria, óptica, productos animales y servicios. Las tiendas, en cambio, no lo son: no se reconoce como una necesidad básica. 

Por “razones de salud”, está permitido entrar en hospitales y otras instituciones sanitarias, tanto como paciente como visitante. Por “razones de seguridad”, incluso los que no tienen “pase verde” podrán entrar en las comisarías para presentar una denuncia. Por otro lado, el acceso a los tribunales y a los servicios sanitarios y sociales sólo se permitirá para ciertos casos especiales “que no pueden ser pospuestos”.

El decreto prevé la realización de controles aleatorios en todos los lugares en los que no se requiera el “Pase Verde”, llevados a cabo por los propietarios de los comercios y los gestores de los servicios públicos enumerados. Esto significa que se legaliza la discriminación en los lugares públicos, con ciertos productos que sólo están disponibles para las personas “vacunadas”. De hecho, en los mismos lugares cerrados, las personas no “vacunadas” pueden solicitar ciertos servicios o ejercer ciertos derechos, pero no otros. Pueden entrar en la misma oficina para presentar una denuncia, pero no para renovar un pasaporte, por ejemplo. 

La guinda del pastel: en una Italia en la que todavía circula mucho el dinero en efectivo, sin el “Pase Verde” ya no es posible ir a un banco o a una oficina de correos, ni siquiera a retirar una pensión. Esto significa que, de hecho, una persona que no tenga el “Pase Verde” no recibirá (por el momento) su pensión. No podrá ir a una tienda, no sólo para comprar cigarrillos, sino ni siquiera para pagar facturas o comprar sellos fiscales. Tampoco tendrá pasaporte, si el anterior ha caducado.

Desde el punto de vista sanitario, todo esto es una aberración, y demuestra la voluntad del gobierno de Draghi de castigar a los no “vacunados”. Porque aunque admitamos, aunque los hechos no lo confirmen, que el “Pase Verde” sirva para frenar un “contagio”, estas normas no tienen sentido. 

¿Por qué una persona sin código QR puede entrar en determinados lugares para ciertos trámites, pero no para otros? No tiene lógica. Si una persona presenta una denuncia en una comisaría de policía, tarda más tiempo y tiene más probabilidades de contagiar a la siguiente, que alguien que simplemente recoge un pasaporte en una ventanilla. No tiene ninguna lógica sanitaria prohibir el acceso a una oficina de correos (incluso para cobrar la pensión) y permitir la entrada libre a un supermercado. Las oficinas de correos ya están confinadas, el acceso está regulado y limitado, y en la mayoría de los casos el tiempo está restringido. Los supermercados, en cambio, siguen teniendo el problema de las colas en las cajas. El decreto no está escrito para resolver estos problemas, simplemente establece lo que es realmente esencial en la vida de un ciudadano, que ya es un concepto arbitrario en sí mismo, y luego prohíbe todas las demás actividades.

El decreto firmado por Draghi parece indicar, por lo tanto, que el “pase verde” no consiste en “reducir las infecciones”. Como muestran también las cifras: la curva de la “pandemia” en los países que nunca la han introducido (como España) es idéntica a la de Italia. No se trata de una “medida sanitaria”. Es sólo la enésima forma subrepticia de introducir la “vacunación obligatoria” para todos, no sólo para los mayores de 50 años, haciendo la vida imposible a los no vacunados. Ahora están potencialmente privados incluso de una pensión y un pasaporte, hasta que tengan el “pase verde” o hasta que el gobierno decrete que terminó “la emergencia”. 

Desde este punto de vista, el nuevo decreto se acerca aún más al modelo chino de créditos sociales: el ciudadano, si no sigue un comportamiento conforme al dictado por el Partido-Estado, no puede acceder a un número creciente de bienes y servicios, reduciendo su vida a una condición cada vez más parecida a la del arresto domiciliario, a medida que va perdiendo puntos.


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