SEGUNDO PLENARIO POR ABORTO

Resumen del segundo plenario sobre aborto de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Salud realizado por la Lic. Mónica del Río (NotiVida)

TURNO MAÑANA 

Exposiciones

Soledad Deza, abogada tucumana de “católicas por el derecho a decidir”: aseveró que “la objeción de conciencia nació como una herramienta noble para resistir la opresión y proteger a las minorías”, pero que “el art. 10 del proyecto es una enorme concesión para los que suelen usar su propia conciencia para afectar el servicio de salud pública”, para los que “tratan indignamente a los que no piensan igual”. “Los jefes de servicio no deberían poder ser objetores de conciencia”. “La penalización del aborto es insalubre”.

Nicolás Laferriere, Dr. en Cs. Jurídicas, especialista en bioética: señaló que con esto habría 4 momentos del inicio de la vida: La concepción (momento tradicional que mencionan muchas normas y la CN), la semana 12 (desde que se cobra la AUE), la semana 14 (hasta la que se permite el aborto a demanda) y el nacimiento (momento hasta el que se podría abortar por causales). “No es sólo una falta de coherencia normativa sino también y ante todo una inadmisible discriminación entre los niños”. “El proyecto impone el aborto”. “El aborto sistemático de las personas con discapacidad será una consecuencia de esta ley”.

Andrés Gil Domínguez, constitucionalista: habló de supuestas obligaciones contraídas internacionalmente, basándose en las recomendaciones de los comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos. “No existe ninguna norma constitucional que haga que este proyecto sea inválido”. Para Gil Domínguez “cuando una mujer decide abortar ejerce su autonomía”.

Aníbal Bakir, Presidente del Centro Islámico de la República Argentina: dijo que para el Islam no hay que matar a los hijos “por razones económicas o temor a la pobreza”. “Evitar un daño se antepone a salvar un bien”. Explicó que para ellos el derecho del “ser viviente” prevalece sobre el del “potencialmente vivo” (embrión o feto). Afirmó que “el embrión no es un ser humano hasta los 120 días contados desde la concepción”, que desde los 120 días y hasta el parto es un ser humano y después del parto una persona con personalidad civil. Después de los 4 meses de gestación sólo aceptan el aborto si afecta gravemente la salud de la madre.

Diana Maffia, filósofa feminista: mencionó que el hecho de que el aborto se habilite por plazos no quiere decir que no haya causales, sino que no hay que exponerlas y que con esto “se le reconoce a las mujeres la autonomía”. Para Maffia “el aborto es la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo”. “Si el aborto es un delito la mujer que aborta será tratada como delincuente”. “La penalización no protege la vida”.

Ma. Angélica Gelli, Directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia de Ciencias Morales y Políticas: destacó que la vida comienza en la concepción y que ese bien está protegido jurídicamente. Denunció el eufemismo de hablar de “interrupción del embarazo” y explicó que lo que se está considerando es un “derecho subjetivo” a abortar. Puntualizó que el proyecto entraña una imposición a los médicos de promover el aborto y concluyó que la obligación de los médicos a cooperar con la práctica, neutraliza la objeción de conciencia. “Las instituciones tienen la conciencia de sus integrantes, debe haber objeción de conciencia institucional”. Remarcó que las sanciones previstas para los médicos afectan a la libertad médica y que los médicos se verían obligados a traicionar su juramento hipocrático. Distinguió entre la letra del tratado y las recomendaciones de los comités que monitorean su implementación, que, afirmó “no tienen el mismo valor”.

Leda Guzzi, infectóloga: “el personal de la salud no puede juzgar el comportamiento de las personas sino ser empático”. Mencionó abultadas cifras de aborto a nivel mundial y en el contexto de América Latina y el Caribe. No habló de las de nuestro país, sólo expuso datos del municipio de Morón (BsAs).

Mons. Gustavo Carrara, Obispo auxiliar de Buenos Aires: el prelado que tiene a su cargo la pastoral de las villas afirmó que la pandemia puso de manifiesto la “cultura del descarte” y que el virus del Covid desnudó “el gran virus de la injusticia social”. Advirtió que “las más de 4.600 villas del país en general no tienen acceso al agua potable, que es vida, que es salud”. “La negociación de la deuda externa no puede hacerse a costa de generar más deudas sociales”. “Muchas veces los organismos que prestan dinero lo condicionan a políticas de población”. “En los barrios no se reduciría la desigualdad sino la cantidad de pobres”. Mencionó los reclamos habituales de los curas villeros sobre temas como droga, inmigración o racismo y añadió que los hacen animados por “una profunda convicción sobre la dignidad de la persona humana” y agregó que ahora hacen lo mismo con los niños por nacer. “Si se niega el derecho a vivir todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo” “Cuando una mujer humilde se va a hacer una ecografía no dice vengo a ver un conjunto de células sino vengo a ver cómo está mi hijo”. “No se puede decidir quién tiene derecho a vivir y quién no”. “La pandemia nos mostró que primero está la vida y después la libertad”. Aseguró que para las mujeres pobres los hijos son su mayor tesoro y que a las mamás que sufren condiciones dramáticas hay que acompañarlas en su embarazo, como se hace en los barrios populares. Estimó que esto es “egoísmo disfrazado de libertad”.

Víctor Urbani, ex ministro de Salud de la provincia de Jujuy: afirmó que se estiman 370.000 abortos al año pero que la cifra real se va a conocer cuando se apruebe la ley. “Hay 38.000 egresos anuales por complicaciones de aborto en el sector público”, dijo sin discriminar por las causales de hospitalización. Mencionó un estudio sobre mortalidad materna realizado en Jujuy en el año 2012. Describió los procedimientos abortivos como algo sencillo y económico. “Esta ley no afecta los derechos del niño, salvaguarda los de las mujeres”. Cuestionó a la Iglesia Católica.

Martín Olivera Ravasi, ginecólo (UBA), especialista en medicina materno-fetal (Univ. de Barcelona): recordó que la medicina es una ciencia natural que establece que la vida comienza con la concepción y que el feto es una entidad distinta de la madre con una carga genética propia. “La salud pública es para prolongar la vida y fomentar la salud”. Mencionó realidades que evidencian los fracasos de las leyes de Salud Reproductiva y de Educación Sexual. “No se puede promover el aborto desde la falacia de la salud pública”. Habló de las muertes maternas destacando que más del 80% de ellas no son por aborto.

Aída Kemelmajer De Carlucci, ex Ministro de la SCJ de Mendoza: “el proyecto no contraría sino confirma lo dispuesto por los tratados internacionales que conforman el bloque constitucional” afirmó, y -como Gil Dominguez- se basó en las recomendaciones de los comités de seguimiento. “No hay derechos, aunque sean humanos, que sean absolutos”. Tradujo el dogma de la Revolución francesa “Libertad, Igualdad y Fraternidad” como: “Autonomía, Igualdad y Solidaridad” y reclamó que esto se aplique al aborto.

Néstor Sagués, abogado (UNL), Dr en Derecho (Univ. de Madrid), titular de Derecho Constitucional (UBA): enunció tres hipótesis de aborto que maneja el proyecto: el terapéutico, el derivado de un abuso sexual y el discrecional, y se refirió al último. Le pareció increíble que no se aluda ni una sola vez a la persona que se está gestando y que no se mencione ninguno de sus derechos, “se niega su condición de persona y su derecho a la vida”. “Hay que tener coraje para hacerlo”, afirmó después fundándose en la normativa vigente a la que describió con solvencia. Calificó de “aberración jurídica” el hecho de que se le quiera dar a la madre el derecho a matar a su hijo. Aclaró que las recomendaciones de los comités de seguimiento de los tratados internacionales son “soft law” y que sus integrantes no son jueces, ni sujetos imparciales.

TURNO TARDE

Durante la reunión Cecilia Moreau, presidente de la comisión de Legislación general, anunció que se van a ampliar los expositores en 20 invitados (10 a favor y 10 en contra).

Exposiciones

Mirian Andújar, abogada, ex decana de la Facultad de Derecho de la UNC: marcó algunas contradicciones del proyecto “en sus definiciones políticas”. Recordó que el presidente dijo el 23 de marzo que elegía la vida y acotó que nadie puede dudar de que sin vida no hay política, ni economía, ni derechos. “El comienzo de la vida es una cuestión que se resuelve con evidencias científicas”, mencionó un manual de embriología de 1995 y añadió “esta es la mayor debilidad del argumento de los que dicen que el aborto es el derecho de la mujer a decidir”. Sostuvo que la segunda contradicción está en el “uso político” que se hace al decir que el aborto es para las mujeres pobres, y que, contrariamente, la postura de esas mujeres se hizo palpable en la carta que le mandaron al papa Francisco. La tercera contradicción que señaló es la del “propio texto del proyecto que no termina de decidir si el aborto es un derecho o un delito”. “Cuando la libertad suprime la vida se termina suprimiendo a sí misma”.

Maria Belén Carcedo, Médica de la “Red de profesionales por el derecho a decidir”: enumeró situaciones en que la mujer se plantea acudir al aborto. “Somos más de 2000 profesionales que hacemos atención directa y acompañamos a las personas que deciden abortar”. “El aborto tiene que salir del Código Penal”.

Jorge Aquino, médico y biólogo, investigador del CONICET: aseguró que el ciclo de vida del individuo comienza en el momento de la fecundación. Describió con precisión al cigoto “que es un individuo que pertenece a la especie humana, por lo tanto, es persona humana”. “Es un nuevo ser distinto a su madre” Dio detalles tales como que el cigoto produce proteínas desde el primer día de su existencia, que a los 22 o 23 días se forma la placenta y el corazón empieza a latir, que en la tercera semana el embrión produce su propia sangre, que en la quinta semana ya hay actividad neuronal en su cerebro y que entre la octava y la decimoquinta semana adquiere la capacidad de sentir dolor. “El aborto es un acto intrínsecamente malo”, “nadie sobra”, “nadie vale menos”, “el embarazo no es una enfermedad”. “Salvemos las dos vidas”, remató. 

Paola Bergallo, abogada especializada en “estudios de género”: estimó que el debate es “urgente”, “durante años nos dijeron que esperáramos”, “hace 100 años que esperamos discutir la legislación penal”. Marcó que aún en pandemia la Legislatura porteña adhirió al protocolo de aborto. Evaluó a este proyecto como moderado porque no deja de lado al Derecho Penal.

Margarita Bosch, Dra. en Cs Químicas: resaltó que “estamos ante un proyecto que pretende garantizar el aborto como un derecho humano”. Mencionó que la situación de pandemia dejó muchas enfermedades de lado, incluidas las oncológicas, que hubo pocos chequeos, menos controles, y que las enfermedades progresaron. Respecto a la penalización de la mujer que aborta, dijo haber conocido a muchas que pasaron por esa situación y que ninguna fue penalizada. Remarcó las sanciones previstas para los que se nieguen a dar asistencia a las “demandantes” y mencionó el caso del Dr. Rodríguez Lastra. Advirtió que muchas personas van a estar forzadas a actuar en contra “de las buenas prácticas de su profesión” y de “su propia conciencia”. “La vida comienza con la fertilización como en todas las especies”. “Un embrión no implantado emite señales químicas”.

Carolina Comalera, Lic. en obstetricia de la “campaña por el derecho al aborto”: Contó que desde el 2016 garantiza abortos en Paraná a “personas que lo solicitan”, dijo que se basan en la resolución ministerial que aprobó el protocolo. Según Comalera brindan información completa y añadió que de aprobarse la Ley de los “Mil Días” también la van a incluir en las consejerías. “En un mundo justo las niñas no pueden ser madres”. Sostuvo que el “aborto seguro” es un procedimiento de bajo costo, es farmacológico y en el 90% de los casos ambulatorio.

Siro De Martini, Dr. en Cs. Jurídicas, miembro de la Academia Nacional de Derecho: aclaró que nunca es un buen momento para hablar de un proyecto que pretende legalizar el aborto, pero, agregó, ahora resulta un “inexplicable desatino”, “nos queríamos preparar para una fiesta de Navidad que fuera realmente de paz, amor y unidad”.  Señaló que el proyecto convierte el delito de aborto en un derecho, “el derecho a matar al hijo hasta el noveno mes de gestación”. “El médico se vería obligado a matar a una persona inocente e indefensa, lo que no es ni justo, ni constitucional. En el campo del derecho está claro que el ser que está adentro de la mamá es una persona” -dijo, y citó la normativa vigente que lo avala.  “Es tan persona como ud. y como yo, como sus padres y sus hijos, porque no se puede ser más o menos persona”. Indicó que tampoco hay dudas de que el aborto lo mata, aunque traten de confundirnos con términos como “interrupción”. “El derecho a la vida en el caso de una persona inocente es absoluto”. En consideración a las mujeres que cursan un embarazo en condiciones de vulnerabilidad, dijo que muestran las falencias del Estado: la miseria el hacinamiento y la falta de trabajo, cosas que el aborto no erradica.  Marcó que de ser aprobado el proyecto se crearía la “peligrosísima categoría la de las personas no deseadas”. Remató deseándole “Feliz Navidad” a los legisladores.

Natalia Gherardi, “equipo latinoamericano de justicia y género”- ELA: “el proyecto propone pasar de un régimen basado exclusivamente en causales a un régimen mixto”. Afirmó que los que se oponen al proyecto le quieren imponer “conductas heroicas” a las mujeres. Remarcó que, si bien el proyecto de aborto lo mandó el PE, “le pertenece” al ‘colectivo de mujeres’.

María de Urraza, toco-ginecóloga del Hospital “Mi Pueblo” de Florencio Varela: Denunció que en los hospitales se realizan abortos a simple demanda y en cualquier etapa gestacional. Narró que se hacen abortos tardíos en los hospitales. “Hay fetos de 19 semanas en los inodoros del hospital”. “Los fetos de 24 semana lloran”. Remarcó que las consejerías tienen casi un 100% de efectividad cuando recomiendan el aborto. Mencionó cifras de la provincia de Buenos Aires donde -entre miles de mujeres-, sólo unas 15 decidieron seguir adelante con el embarazo. Declaró que hoy en los hospitales reservan camas para aborto y simultáneamente algunas puérperas tiene que ir a las camillas. Dijo que el 90% de los ginecólogos de los CAPs no hace abortos y que “eso muestra lo que piensan los médicos”.

Magui Fernández Valdez, militante lesbofeminista de "lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto": mencionó que brindan información sobre el acceso al misoprostol: y destacó que ese abortivo cambió desde hace años el acceso al “aborto seguro”. Pidió que el Estado garantice la producción pública de misoprostol, que, según la militante, ahora tiene un precio muy alto. “Aborto legal para todes”, remató.

Ségolene Du Closel, socióloga y bioeticista: mencionó que “los franceses miran a la Argentina con envidia” porque el aborto no es legal, y añadió que “el aborto es algo que dificulta enormemente el desarrollo de una nación”. Dijo que en su país mataron a 9 millones de franceses sin saber cuál hubiera sido su aporte. “En Francia se aborta al 96% de los niños con síndrome de down”, “es racismo cromosómico”. “El aborto es una forma de odio así mismo”. “La elección por el aborto es anti-médica”. “En Francia ya no se hacen operaciones para curar espina bífida”. En Argentina me enseñaron que “siempre hay lugar para uno más”. Les pidió a los legisladores que se pongan en los zapatos de las mujeres que tienen que tomar la terrible decisión.

Myriam Bregman, diputada en la Ciudad de BsAs por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS): “La amenaza penal es un verdadero castigo de clases”. “Consideran que la única función que tenemos las mujeres es la de reproducir”. Dijo que desde hace años piden “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Como en otras ocasiones cargó contra la Iglesia.

Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho (UCA): criticó a la diputada Miryam Bregman por su agresión hacia la Fe católica y pidió respeto. Recordó que hay un principio mandatorio dentro del ordenamiento jurídico argentino que es el “interés superior del niño”, que tiene prevalencia sobre otros intereses. Afirmó que el positivismo jurídico deja en claro, desde la interpretación literal, cuando comienza la existencia de la persona humana. “Nuestro ordenamiento jurídico asocia niño, ser humano y persona humana”. Enfatizó que al momento de aprobarse la Ley 23.849 se dejó expresado que hacía falta esa declaración ante la falta de precisión del texto de la Convención sobre la protección de la persona por nacer. “Esta ley agravia el federalismo”, explicó, cuando, al intentar transformar un delito en un derecho, les impone a las provincias cosas que son de su competencia. 

Roberto Gargarella, abogado especialista en Derechos Humanos: “es indebido usar el derecho penal para tratar cuestiones de salud”. Dijo que esto sería consistente con lo ya hecho por el Congreso, por ejemplo, con la Ley de fecundación asistida. “La Constitución no es una caja que contiene todas las respuestas”, es un “procedimiento” y tenemos que “conversar dentro del procedimiento democrático”. “Hay diversidad de lecturas en la sociedad sobre cómo pensar un derecho”. “Las cuestiones en las que disentimos deben ser resueltas en el procedimiento de la conversación”.

Gisela Reynaga, “Médica por la vida” de Tucumán: inició la exposición con una pregunta: ¿cómo llegamos hasta acá? Narró que asiste diariamente a embarazadas y a mujeres que no pueden quedar embarazadas, y que conoce el dolor de una madre ante el aborto espontáneo. El niño recibe desde la concepción “una impronta biológica”, aclaró que entre madre e hijo se gesta un vínculo que permanece más allá de las circunstancias. “La embarazada es madre desde que se encuentra gestando y tiene que sentirse segura para que la sociedad no se vea privada del valor intrínseco de cada argentino”. Sostuvo que cuanta más seguridad le demos a la embarazada, mayor seguridad tendrá el niño que lleva en su seno. “Los políticos quieren convertir al niño inocente en el chivo expiatorio de sus fracasos”.  “Los médicos salvamos vidas, no somos sicarios”. “Mejor la cárcel que transitar libremente por un país donde se niega el derecho a la vida”.

Sonia Terragona, subsecretaria de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación: habló de la reducción de costos que implicaría la legalización del aborto. Tanto en los “costos privados”, como en “los sistemas de salud” y en los “costos asociados” que genera la morbimortalidad. “Se estima que el 75% de los abortos realizados fuera del sistema en algún momento llegan al sistema de salud, para terminar abortos incompletos o atender sepsis, hemorragias o perforaciones”. Afirmó que los costos se reducirían diez veces con “abortos seguros”. Anticipó que estamos cerca de tener aprobada la producción del misoprostol por un laboratorio público.

Cecilia Ousset, ginecóloga tucumana: dijo que “cuando la mujer quiere abortar prefiere morir antes que maternar”. Sostuvo que con el proyecto de aborto y el Plan de los Mil Días “las ‘personas gestantes’ serían ‘libres de abortar’ y también de tener el bebé si la dificultad fuera económica”. Habló del aborto que practicó en el caso de Faustina, aun siendo objetor de conciencia.  “Necesitamos un marco normativo urgente”.

Fernando Toller, Abogado, Profesor de Derecho constitucional y Derecho humanos de la UA: explicó que el proyecto quiere garantizar el “derecho” al aborto y “está configurado como una ley de fomento del aborto”. “La regla hasta ahora ha sido el derecho a vivir del ser humano no nacido y se la invierte”. “El deseo de un tercero va a ser la fuente del derecho a vivir o de la condena a morir”. “Se discrimina por el origen, entre deseados y no deseados”. “Se garantiza el derecho a abortar hasta la semana 14 sin expresar razón y se puede abortar hasta el noveno mes con causales amplias”. Recordó que el día anterior el Dr. Sebastiani había explicado que al bebé se le da una inyección intrauterina para que su corazón deje de latir (asistolia). Resaltó que en el proyecto hay algo inédito el delito de “dilación” y limitaciones inaceptables para la objeción de conciencia del médico. Remarcó que, por otra parte, “queda en el limbo el tema de la objeción de las instituciones”. “Las instituciones ejercen derechos personales”, afirmó y preguntó “¿por qué si se juntan 4 personas tienen menos derechos que individualmente?”.

Débora Rainieri, Docente e investigadora de la Fac. de Derecho-UCA: destacó que, de ser aprobado, “el proyecto acarrearía tres consecuencias gravísimas para el orden social argentino”: “en primer lugar, la instauración en el orden jurídico de la ley del más fuerte ya que la madre podría decidir si quiere que ese hijo nazca”. Recordó una frase de Jérôme Lejeune: “El grado de civilización de un pueblo se mide por el grado de protección le brinda a los más débiles”. En segundo lugar, expresó “el proyecto humilla, mancilla y desprotege a la mujer, el argumento de la igualdad y la no discriminación que se usa hasta el hartazgo para defender a la mujer del varón, no se usa al comparar a la madre con el hijo”. Les preguntó si pretenden hacer oídos sordos a los cientos de testimonios de las mujeres que contaron en 2018 los efectos y heridas que el aborto les dejó. “¿El médico no podrá ayudarlas a descubrir el valor de la maternidad?” En tercer lugar, dijo, “se pervierte la tarea de los médicos colocándolos en situación de delito si se atreviesen a dilatar, obstaculizar o impedir el aborto. Enarbolan la libertad de decidir de algunos y persiguen la libertad de conciencia, de pensamiento y de asociación de otros”

Marisa Herrera, docente e investigadora de la Facultad de Derecho-UBA: comenzó diciendo que “parecería que hay un diálogo de sordos. Hablamos de un estado laico”. Aseguró que no hay limitaciones de índole constitucional. Los abortos clandestinos nos interpelan. “Hay progresividad de los derechos”. “Los derechos humanos no se plebiscitan y despenalizar va de la mano de legalizar”. “Los órganos de los tratados interpretan y actualizan esos instrumentos”, afirmó y volvió a recurrir a las recomendaciones de los comité de seguimiento. “La maternidad será deseada o no será”. “Que sea ley”.

NOTIVIDA  

Editora: Lic. Mónica del Río