Un puñado de travestis festejó la aprobación de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que apunta a que el Estado santafesino “repare las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia, por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia de Santa Fe contra integrantes de esa comunidad”.
Se trata de un proyecto de ley impulsado por Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) que llegó al recinto con los dictámenes de cuatro comisiones a los que había sido girado el expediente.
“Venimos a reparar el atropello cometido en democracia” dijo la autora que fue seguida de exposiciones de varios bloques que respaldaron el dictamen. En cambio, la bancada de la UCR, PDP y Coalición Cívica optaron por la abstención y desde los bloques celestes hubo votación en contra del proyecto. 28 votos a favor, 10 abstenciones y 6 rechazos marcó el tablero electrónico en una segunda votación tras alguna falla en el primer intento.
“Otórguese una pensión mensual no contributiva con carácter vitalicio a toda persona travesti-trans que acredite que, durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos en su identidad de género. El monto a percibir es el equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia”, señala el artículo primero de la norma girada en revisión al Senado.
El derecho para obtener el beneficio es imprescriptible y el trámite lo deberán realizar ante la Caja de Pensiones Sociales, Ley 5110. Entre los requisitos para el otorgamiento, el texto votado prevé documento que acredite de manera fehaciente el registro de detenciones y privaciones de la libertad alegadas; testimonios sobre las privaciones de libertad, brindados en información sumaria tramitada ante la autoridad judicial competente; datos prontuariales obrantes en la Policía de la Provincia de Santa Fe, fondo documental del Archivo General del Servicio Penitenciario, fondo documental del Archivo Provincial de la Memoria o artículos periodísticos debidamente certificados en los que consten las privaciones de libertad; o, historia clínica o informe sobre tratamiento terapéutico recibido, suscripto por profesional interviniente, que dé cuenta de los hechos padecidos.
Se dispone que en caso de muerte de la persona beneficiaria titular, son acreedores del beneficio el cónyuge; conviviente; o los hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad. También el proyecto garantiza para las personas beneficiarias y su grupo familiar la cobertura médico asistencial integral que brinda el IAPOS.
Fue Bruera la encargada de fundamentar las razones del proyecto. “Las sobrevivientes travestis trans, a través de sus testimonios y con sus prontuarios policiales como prueba documental, dan cuenta de las 'detenciones sistemáticas' que han sufrido por parte de las fuerzas de seguridad 'con motivo de su identidad de género', utilizando el Estado el viejo Código de Faltas 'para la represión y la persecución política de sus cuerpos y sus identidades', penando con 'arrestos sistemáticos' la “ofensa al pudor”, la “prostitución escandalosa” y “el travestismo”, remarcó.
“Otórguese una pensión mensual no contributiva con carácter vitalicio a toda persona travesti-trans que acredite que, durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos en su identidad de género. El monto a percibir es el equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia”, señala el artículo primero de la norma girada en revisión al Senado.
El derecho para obtener el beneficio es imprescriptible y el trámite lo deberán realizar ante la Caja de Pensiones Sociales, Ley 5110. Entre los requisitos para el otorgamiento, el texto votado prevé documento que acredite de manera fehaciente el registro de detenciones y privaciones de la libertad alegadas; testimonios sobre las privaciones de libertad, brindados en información sumaria tramitada ante la autoridad judicial competente; datos prontuariales obrantes en la Policía de la Provincia de Santa Fe, fondo documental del Archivo General del Servicio Penitenciario, fondo documental del Archivo Provincial de la Memoria o artículos periodísticos debidamente certificados en los que consten las privaciones de libertad; o, historia clínica o informe sobre tratamiento terapéutico recibido, suscripto por profesional interviniente, que dé cuenta de los hechos padecidos.
Se dispone que en caso de muerte de la persona beneficiaria titular, son acreedores del beneficio el cónyuge; conviviente; o los hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad. También el proyecto garantiza para las personas beneficiarias y su grupo familiar la cobertura médico asistencial integral que brinda el IAPOS.
Fue Bruera la encargada de fundamentar las razones del proyecto. “Las sobrevivientes travestis trans, a través de sus testimonios y con sus prontuarios policiales como prueba documental, dan cuenta de las 'detenciones sistemáticas' que han sufrido por parte de las fuerzas de seguridad 'con motivo de su identidad de género', utilizando el Estado el viejo Código de Faltas 'para la represión y la persecución política de sus cuerpos y sus identidades', penando con 'arrestos sistemáticos' la “ofensa al pudor”, la “prostitución escandalosa” y “el travestismo”, remarcó.
Desde el justicialismo, primero Lucila De Ponti y luego Leandro Busatto dieron el aval. “Pido perdón en nombre del estado santafesino” -señaló Busatto- “esperando que sea ley, justa. Avancemos”.
Agustina Donnet (Igualdad) saludó a la colectividad travesti por llevar el tema al recinto y Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) afirmó que “se debe reparar porque 'hubo vulneración de derechos'. Hay que 'reparar' y 'consagrar nuevos derechos'” subrayó.
Mónica Peralta (Gen) y Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) completaron las exposiciones favorables al proyecto de ley.
Fabián Bastía pidió el permiso del bloque radical para abstenerse al igual que Betina Florito (Encuentro Republicano Federal).
Sobre el final, Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) subrayó que su sector no comparte el diagnóstico ni la solución. “El proyecto viola el principio de igualdad ante la ley. Si hay que reparar debe hacerse por las leyes vigentes, no por leyes especiales”.
Tras la votación, desde la barra hubo insultos de varios de los integrantes hacia Amalia Granata quien se vio votó en contra no había hablado en toda la discusión.
Con información de El Litoral
Tras la votación, desde la barra hubo insultos de varios de los integrantes hacia Amalia Granata quien se vio votó en contra no había hablado en toda la discusión.
Con información de El Litoral
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