La madre superiora Teresa Agnes Gerlach y la Hna. Francis Therese alegan en su demanda contra Olson que a su llegada, el pasado 24 de abril, Olson se anunció con apenas 30 minutos de antelación, ingresó y exigió que se le entregaran el ordenador, el iPad y el teléfono móvil de Gerlach. Olson había traído consigo a otro monseñor, al canciller diocesano y a un experto en tecnología forense, a los que se permitió entrar en el recinto carmelita, según alegan, y después pasó dos horas interrogando a la Hna. Francis Therese.
Al día siguiente, 25 de abril, Olson volvió a interrogar a cuatro hermanas durante varias horas. Ese mismo día, a la Hna. Francis Gerlach, que se desplaza en silla de ruedas, ya que había sido sometida a una intervención quirúrgica con anestesia general y fentanilo, Olson volvió a interrogarla a pesar de que sufría dolor y estaba muy medicada, según afirmó ella en una declaración jurada.
Pero el 26 de abril, cuando Olson volvió para interrogar nuevamente al resto de las hermanas, ellas manifestaron al obispo que se pondrían a su disposición una vez informadas de la finalidad, objeto y alcance del interrogatorio.
“El obispo montó en cólera y con voz agitada y elevada gritó que se cerraba el monasterio, que no se celebraría ninguna misa, dio un portazo y abandonó el monasterio traumatizando a las hermanas”, se lee en la declaración jurada.
La impresionante propiedad de las carmelitas de Arlington consta de una superficie de casi 30 hectáreas valorada en 5 millones de dólares. Un abogado que representa a las hermanas del monasterio dijo que la propiedad podría venderse por más de 20 millones de dólares
Por lo que se revela en los documentos de la demanda presentada contra la diócesis, la comunidad religiosa también denunció que después de que la superiora cambiase de teléfono, el nuevo “fue monitoreado”, ya que Olson señaló que Gerlach estaba enviando mensajes de texto desde un teléfono nuevo.
“Nunca dimos permiso a nadie para acceder a nuestra cuenta o poder mirar nuestros teléfonos o ejercer cualquier tipo de vigilancia sobre nosotras”, dijo Gerlach en su declaración jurada.
Posteriormente, la diócesis de Fort Worth publicó un comunicado en su web el 16 de mayo en el que se anunciaba que “la madre superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Arlington habría violado su voto de castidad con un sacerdote de fuera de la diócesis”, por lo que se estaría llevando a cabo “una investigación eclesiástica”.
Una comunidad “atemorizada”
“Están emocionalmente traumatizadas. Están asustadas. Tienen miedo”, declaró el abogado Matthew Bobo, representante de la comunidad religiosa. “No salen del monasterio a menos que necesiten atención médica. Rezan siete veces al día. La mayor parte del tiempo están en silencio… Es un ambiente muy privado, enclaustrado y sereno con muy poca interacción con el mundo exterior. Incluso cuando los feligreses asisten a misa, las monjas están separadas de los feligreses, y así, por primera vez, un obispo entra y comienza a emitir mandatos y comienza a ordenarles que hagan cosas y amenazar con prohibir su monasterio, amenazar con echarlas de la Orden, esto es extremadamente traumático y emocionalmente dañino para ellas”.
El abogado de la Hermana Gerlach dijo al Daily Mail que Olson quería los dispositivos electrónicos de las religiosas porque contenían la lista de donantes de la Orden.
“Y esa es una lista que el obispo ha estado intentando conseguir desde que es obispo”, declaró Matthew Bobo, abogado que las representa en los asuntos civiles. También alegó que Olson está tratando de apoderarse de la propiedad de las hermanas, que consta de una superficie de casi 30 hectáreas de bosque en medio de la metrópolis en expansión de Dallas y Fort Worth. Según los registros del condado, la propiedad está valorada en al menos 5 millones de dólares; Bobo afirma que los promotores inmobiliarios estarían dispuestos a pagar cuatro veces esa cantidad.
“Podría plantearse el cierre del monasterio, y entonces esa parte de la propiedad, cuyo valor es de unos 22 millones de dólares, podría pasar a formar parte de la diócesis”, declaró Bobo al Daily Mail. Hizo la misma afirmación a Insider.com: “Son unas 30 hectáreas en Arlington (Texas) a orillas del río Trinity, en medio del metroplex. Valen unos 20 millones de dólares. Eso es lo que intenta hacer”.
En una carta del 26 de mayo dirigida a las religiosas, Insider.com informa de que Olson declaró que no restablecería la misa y la confesión diarias en el monasterio porque “las hermanas están impulsando una falsa narrativa de la investigación pendiente que ha dado lugar a una cobertura mediática local, nacional e internacional y ha incitado al odio y hostilidad contra mí”.
La carta dice que seguirá reteniendo los sacramentos hasta que se retire o se termine la demanda y ellas “cesen con ese comportamiento contrario e impropio de su estado religioso y demuestren amor y obediencia a la Santa Iglesia”, indicó la web de noticias.
Mientras las apoyaban, Bergoglio les dio la patada
El 31 de mayo, las Damas Auxiliares de las Hermanas Carmelitas Descalzas celebraron un servicio público de oración en un parque para las religiosas y luego se dirigieron a las puertas del monasterio para depositar flores. El grupo, que proporciona apoyo financiero y ayuda con víveres a la congregación, dijo en su página de Facebook que 102 personas asistieron al evento.
No sabían que mientras ellas mostraban su apoyo, Bergoglio estaban poniendo a Olson a cargo.
Olson tiene “plenos poderes de gobierno”
En un decreto fechado el 31 de mayo, el Dicasterio Vaticano para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica nombró a Olson “comisario pontificio” de la congregación, convirtiéndolo en el Superior Mayor de la Orden.
El decreto, firmado por el arzobispo José Rodríguez Carballo, secretario de la congregación, no solo otorgaba a Olson “plenos poderes de gobierno”, sino que también daba validez a todas las acciones que Olson había llevado a cabo hasta entonces, declarándolas “sanas” y considerándolas “válidas”: “Este Dicasterio sanciona también todos los actos administrativos y jurídicos ya realizados”, dice el decreto.
Rodríguez Carballo, el encargado de hacer el “trabajo sucio” para su jefe
El comunicado de la diócesis anunciando el “nombramiento” decía que el Vaticano había confirmado que “como Comisario Pontificio, el Obispo Olson es el representante del papa en este asunto”. Al hacerlo, el Dicasterio reconoció y admitió que al obispo Olson se le ha confiado, y se le sigue confiando, la plena responsabilidad de gobierno del Monasterio.
El mencionado comunicado también dice que el nombramiento se produjo después de que las religiosas “cuestionaran la autoridad del obispo”, y reiteraba las acusaciones contra la Hermana Gerlach. “Este decreto responde al cuestionamiento de la autoridad del obispo Olson para llevar a cabo una investigación sobre las violaciones reconocidas del sexto mandamiento del Decálogo y del voto de castidad por parte de la Reverenda Madre Teresa Agnes (Gerlach) de Jesús Crucificado, O.C.D., Priora del Monasterio de Arlington, Texas”, señala y añade: “Por favor, recen por todas las hermanas y por el Obispo Olson”.
El 1 de junio, Olson anunció que había declarado culpable a Gerlach y que utilizaba su autoridad como “comisario pontificio” para expulsarla de la Orden. En otra declaración afirmó que “ahora que Gerlach había sido destituida, restablecería la misa diaria a partir del 7 de junio”, pero “dado el pleito pendiente, la Misa permanecerá cerrada a la participación de los fieles laicos”.
Al día siguiente, el 2 de junio, la demanda de las hermanas fue ampliada para añadir difamación y robo de sus datos electrónicos.
“El 16 de mayo de 2023, los demandados tomaron la decisión de salirse del proceso eclesiástico supuestamente confidencial y hacer público este asunto”, alegando adulterio y violación de sus votos y “falta grave”, indica la demanda. “Estas declaraciones fueron voluntariamente puestas en el foro público y son patentemente falsas y difamatorias”.
Las idas y vueltas continuaron
El 7 de junio saltó la noticia de que la policía de Arlington estaba llevando a cabo una investigación criminal sobre Olson y la diócesis. Pero la diócesis respondió diciendo que “la policía de Arlington estaba investigando a las Carmelitas acerca del uso de marihuana y comestibles en el monasterio, junto con otras cuestiones que la diócesis abordará en otro momento y en un foro adecuado”.
La declaración incluía dos fotos que, según decía, “fueron tomadas por un informador confidencial dentro del monasterio”. Las fotos digitales no contienen metadatos que muestren cuándo o dónde fueron tomadas, pero muestran una mesa y un mostrador cubiertos con varias formas de marihuana, comestibles que contenían las sustancias químicas alucinógenas de la marihuana, instrumentos para fumar y productos para vapear. La marihuana es ilegal en Texas, salvo en estrictas condiciones médicas.
En una declaración enviada por correo electrónico, el abogado Matthew Bobo calificó las acusaciones de consumo de drogas de “absolutamente ridículas”, diciendo que las fotos “podrían haber sido fácilmente montadas y manipuladas por cualquiera, y desde cualquier lugar”, y que son “una mera maniobra de confusión y un montaje de bajo nivel por parte de la diócesis para intentar desviar la atención de los verdaderos problemas”.
El portavoz diocesano Pat Svacina, afirmó que el anuncio de Bobo de una investigación criminal “es otro intento de difundir acusaciones infundadas y escandalosas sobre la legítima investigación del Obispo Olson sobre el Monasterio de las Carmelitas. Los comunicados de prensa del abogado Bobo están diseñados para intentar avergonzar al obispo Olson y socavar su autoridad”.
Scavina niega cualquier irregularidad
“Para ser totalmente claros, ni el Obispo ni nadie en la Diócesis han estado involucrados en ninguna actividad criminal relacionada con el Monasterio. Es absurdo que el abogado Bobo o cualquier otra persona sugiera lo contrario”, se afirma en el comunicado, que añade: “El mero hecho de que el abogado Bobo iniciara y presentara un informe al Departamento de Policía de Arlington no era inesperado dada la agresividad con la que ha litigado esta disputa eclesiástica en la prensa” y “el Obispo está trabajando incansablemente para hacer frente a la aplicación de la ley y en privado de acuerdo con las normas canónicas y dentro de su autoridad como Obispo de la Diócesis de Fort Worth y como 'Comisario Pontificio'”.
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