Por Mónica del Río
Como anticipamos, Argentina debía presentar este mes su Tercer “Informe Nacional Voluntario” para el seguimiento de “los avances” en el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 (Vid Notivida Nº 1274, 26/01/2022). Lo hizo el pasado martes en Nueva York, ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, de la ONU.
El Informe, de 357 páginas, comienza con un prólogo del presidente Alberto Fernández en el que ratifica la adhesión de Argentina a la Agenda 2030 y resalta normas que el Gobierno Nacional impulsó para satisfacer “demandas históricas”, entre ellas, la ley de aborto y la de cupo laboral trans, también nombra al Decreto que permitió el DNI no binario.
Tras el prólogo de Fernández siguen los del Canciller Santiago Cafiero, el del Jefe de Gabinete Juan Manzur y el de Claudia Mojica, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en la Argentina.
Mojica pondera la “apropiación nacional” de la Agenda 2030. “La Argentina es un país de referencia mundial en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 y los ODS constituyen hoy para la Argentina una política de estado”. “En nombre del Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, felicitamos al Gobierno y a la sociedad argentina por este Informe Voluntario”.
El propio Informe enfatiza que Argentina salió primera en el ranking mundial de países que implementaron “políticas de género” en el contexto de la pandemia, según publicaron ONU Mujeres y el PNUD.
Recordemos que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 -enviado por el PEN en septiembre y rechazado por Diputados- contemplaba partidas por algo más de $2 billones para la implementación de “políticas con perspectiva de género”, una cifra que representaba el 15,4% del monto total y que equivalía a 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI) (Télam, 3/10/2021).
A continuación, transcribimos unos pocos puntos del extenso documento:
El tercer ODS es “Salud y bienestar” y su séptima meta es “Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”.
En las intervenciones orientadas a cumplir esta meta se lee:
“Tanto en 2021 como en 2022 se regulariza la distribución de misoprostol focalizando en equipos de atención primaria de la salud que garantizan el acceso a la “interrupción” voluntaria del embarazo (IVE) / “interrupción” legal del embarazo (ILE)”.
“Se adquieren y distribuyen métodos anticonceptivos (MAC) en 5600 centros de salud de todo el país”.
“Se han fortalecido las capacidades instaladas para la recepción de la demanda de IVE/ILE a través del fortalecimiento de los equipos de atención telefónica de la línea 0800 de “salud” sexual”.
“Se han sistematizado y fortalecido dispositivos de capacitación y actualización profesional para la promoción y el acceso de “derechos sexuales y reproductivos” con énfasis en: anticoncepción en la adolescencia; aplicación de estándares de calidad en el acceso y atención de la IVE/ILE; detección temprana del abuso sexual contra niñas y adolescentes y prevención del embarazo forzado”.
El presupuesto ejecutado en 2020 para esta meta fue de $ 1.513 y el de 2021 de $ 2.555 (ambos expresado en millones de pesos).
El cuarto ODS es Educación y la quinta meta “Eliminar las disparidades de género”
Entre las intervenciones se menciona:
“En 2021, se cumplieron 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, a partir de lo que se siguió profundizando en el trabajo con las 24 jurisdicciones mediante acciones de formación para sus equipos técnicos, directivos, docentes y de supervisión, continuando con la producción, actualización y distribución de materiales educativos (en diferentes soportes: gráficos, virtuales y audiovisuales)”.
“La Resolución 419/22 reafirma que la Educación Sexual Integral (ESI), en tanto política de Estado, constituye un aporte necesario y fundamental para la construcción de una sociedad diversa, justa e igualitaria ratificando, a su vez, el compromiso de las máximas autoridades educativas de la República Argentina, para fortalecer, extender y profundizar la implementación de la Educación Sexual Integral en cumplimiento de lo previsto en la Ley N° 26.150 y de toda la normativa vigente que la complementa”.
“A la vez, se dio continuidad al funcionamiento del Observatorio Federal de la ESI (OFESI) en todas sus comisiones”.
El quinto ODS es “Equidad de género” y sus metas han sido adaptadas en nuestro país para que no refieran sólo a “las mujeres” sino a “las mujeres y lgbti+”.
En la meta 5.1 que es “poner fin a todas las formas de discriminación” se subraya como “avance” la creación del “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad” que integró -junto al Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación- la comisión redactora de la ley de aborto.
Se destaca, además, a la Ley Nº 27.636 de cupo laboral trans que “consolidó” la “política de Estado” iniciada a partir del Decreto 721/20 del PE. También se menciona a la Ley Nº 27.635, “de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación”, sancionada en 2021.
En la meta 5.2, “erradicar la violencia” se describe el “Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos “de Género” (2020-2022)” y dentro de él a:
· El “Programa Acompañar” para fortalecer la independencia económica de mujeres y lgbti+ en situación de violencia
· La Línea 144 de atención a personas en situación de violencia por motivos “de género”
· El “Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género”
· El “Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género” para brindar apoyo a los allegados de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio.
· El “Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género”
· El “Programa Producir” dirigido a fortalecer proyectos de organizaciones comunitarias en las que participen mujeres y lgbti+ que hayan atravesado situaciones de “violencia de género”
· La “Red de Asistencia Integral de las violencias por “Motivos de Género”
· El “Programa Acercar Derechos” (PAD), que tiene como propósito brindar respuestas integrales a las necesidades de las mujeres y lgbti+ que se encuentran en situación de violencia por “motivos de género”
· El “Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género” (SICVG) que es la primera herramienta nacional de sistematización de información sobre casos de violencias por “motivos de género”.
El presupuesto ejecutado en 2020 para las metas 1 y 2 fue de $ 50.498 millones y en 2021 de $ 250.787 millones.
Para las metas 5a, 5b y 5c no se han podido identificar las intervenciones porque aún no está completo el desarrollo de los indicadores, pero ellas son:
5.a) Emprender reformas que otorguen a las mujeres y lgbti+ igualdad de derechos a los recursos, así como el acceso a la propiedad y a la tierra
5.b) Promover el empoderamiento de las mujeres y lgbti+ particularmente con la tecnología de la información
5.c) Aprobar y fortalecer políticas y leyes para promover la igualdad “de género” y el empoderamiento de las mujeres y lgbti+
El presupuesto ejecutado en 2020 para estas tres metas fue de $ 63.065 millones y en 2021 de $ 249.082 millones.
NOTIVIDA
Editora: Lic. Mónica del Río
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