Por Carlos Esteban
Estaba previsto que Zanchetta, para quien Bergoglio creó ‘ex novo’ un puesto en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA, la inmobiliaria del Vaticano) después de cesar como obispo de Orán, fuera juzgado en la provincia argentina de Salta entre el 12 y el 15 de febrero del año pasado. Hubo que retrasarlo, en espera de los documentos necesarios, en poder del Vaticano.
En 2020, recuerda Crux, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó normas por las que “siempre que las autoridades judiciales civiles emitan una orden ejecutiva legítima que requiera la entrega de documentos relacionados con casos, u ordene la incautación judicial de dichos documentos, el Ordinario o Jerarca debe cooperar con las autoridades civiles”. La norma se basa en la decisión adoptada por Bergoglio en 2019 de levantar el secreto pontificio en asuntos relacionados con el abuso sexual, instruyendo a los funcionarios del Vaticano a cumplir con las leyes civiles y ayudar a las autoridades judiciales civiles en la investigación de tales casos.
Pero, en el caso de Zanchetta, la información solicitada no llegó, según confiesa el fiscal del caso, y la defensa solicitó con tal motivo una prórroga el pasado octubre.
El caso saltó a la luz pública en 2017, cuando el papa aceptó la renuncia de Zanchetta, nombrado obispo de Orán por el propio Francisco, “por motivos de salud”. Poco después habría de conocerse por la prensa local -en concreto, El Tribuno de Salta- que tras la misteriosa enfermedad se escondían acusaciones de abusos de poder, gestión cuestionable y conducta obscena.
Bergoglio explicó en entrevista concedida a la mexicana Televisa que tras aceptar su renuncia, envió a Zanchetta a Madrid para recibir tratamiento psicológico. Después, en palabras del propio Bergoglio, acogió al obispo en su propia casa, la residencia Santa Marta, y le buscó un puesto (que hubo que crear) en la poderosa APSA.
En el mundo secular, Zanchetta está acusado de abuso sexual simple -agravado por ser cometido por un reconocido ministro religioso- contra “GGFL” y “CM”, entonces seminaristas. En el momento del presunto abuso, ambos jóvenes estaban estudiando en el instituto construido durante el mandato de Zanchetta como jefe de la diócesis. La fiscalía ha destacado la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los denunciantes, uno de ellos huérfano y vendedor ambulante. Según un comunicado del Ministerio Público, se espera que durante la audiencia declaren al menos 39 testigos. El tribunal estará compuesto por tres jueces: una mujer y dos hombres.
Zanchetta también debe responder a denuncias de mala gestión financiera, presuntamente cometida a través de la administración del seminario.
En la APSA, Zanchetta fue suspendido temporalmente del cargo en espera de una investigación canónica sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada con seminaristas, pero regresó a su puesto en 2020, a pesar de que estaba siendo investigado tanto por las autoridades civiles como por el Vaticano. Dejó su cargo a mediados de 2021, aunque la Santa Sede nunca emitió una declaración oficial sobre su situación.
La fiscalía pide para los presuntos delitos de Zanchetta una pena que podría ir de tres a diez años de prisión.
InfoVaticana
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