NO ES “EL JUICIO DEL SIGLO”, LO DEL VATICANO ES UN ESPECTÁCULO VERGONZOSO

“Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”. El viejo adagio de Juan Domingo Perón puede aplicarse muy bien a la justicia misericordiosa aplicada en el Estado de la Ciudad del Vaticano, donde se está celebrando un juicio que tendría que haberse rehecho por completo, o al menos anulado. 

Por Cincinnato

Al final, se ha decidido que es un juicio que sólo debe repetirse parcialmente. La saga vaticana del juicio sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado continúa así por dos vías paralelas: por un lado, se continúan los procesos ya iniciados; por otro, después de más de dos años de "instrucción sumaria" autorizada por el papa Francisco y llevada a cabo unilateralmente por los investigadores, sin las debidas garantías para la defensa, se empieza de nuevo con varios cargos para los principales acusados. Así, el Promotor de Justicia (el fiscal del Vaticano), por decisión del Tribunal presidido por Giuseppe Pignatone, tendrá que hacerse cargo del proceso, proceder a nuevos interrogatorios y posiblemente incluso redefinir los cargos.

Tras dos años de clamor mediático, ahora se corre el riesgo de que gran parte del juicio se desinfle y que lo que se anunció como "el juicio del siglo" adquiera el tono de un "juicio espectáculo". Y hay que preguntarse cuáles serán las consecuencias para la Santa Sede si surgen violaciones de derechos. 

El "maxi-juicio", hay que recordarlo, se refiere a varios temas, el más destacado de los cuales es el del cardenal Giovanni Angelo Becciu, y hechos que pueden parecer inconexos, pero que ponen en el centro de todo la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y es aquí donde surgen las preguntas. Porque el adjunto (número dos de la Secretaría de Estado) está obligado a informar siempre al papa de todo acto de administración ordinaria, y monseñor Peña Parra, junto con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, decidieron y autorizaron la compra del edificio. El papa no sólo lo sabía, sino que parece que incluso intervino en las negociaciones posteriores a la compra de esa propiedad. Sin embargo, ni Peña Parra, ni Parolin, ni ninguna otra persona involucrada de alguna manera en todas las fases de las transacciones, están afectados por las investigaciones. Los investigadores afirman que los superiores fueron engañados por servidores desleales. En cuanto a los subordinados, sin embargo, los destinos han sido dispares. "Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia", precisamente.

Más allá de las acusaciones, llama la atención la forma en que se llegó al juicio. Porque el papa Francisco autorizó un procedimiento sumario (es decir, sin garantías procesales para la defensa y sin pasar por un juez de instrucción) y luego elaboró cuatro rescripta ex audientia SS. MI. diferentes que intervenían directamente en el proceso y en las investigaciones, otorgando un mandato en blanco a los fiscales vaticanos, autorizando la suspensión de la aplicación de ciertas leyes, permitiendo las escuchas telefónicas sin una ley al respecto, eximiendo de la consideración del secreto de oficio y más. 

El primero de estos documentos se redactó el 2 de julio de 2019, incluso el mismo día de la denuncia del Ior, por lo tanto, en ausencia de investigación previa. A esto se suman las suspensiones del servicio sin seguir la normativa vigente, una serie de interrogatorios realizados sin que las personas supieran siquiera en qué calidad estaban implicadas en el proceso; a los registros en domicilios particulares en suelo no vaticano por parte de la Gendarmería Vaticana; y otra serie de irregularidades procesales que los defensores no han dejado de señalar. 

Hasta el giro del 5 de octubre, con la petición del fiscal Diddi de hacerse cargo de las actas para empezar de nuevo desde cero, las acusaciones de una "garantía de devolución" por parte de los abogados y la decisión de Pignatone de devolver al fiscal sólo una parte de las actas. Esto envía una señal: la acusación es débil, las investigaciones de la Gendarmería y su forma de llevarlas a cabo, así como la tesis del fiscal, deben ser cuestionadas.

Pero, ¿quién podrá defender la imagen pública del papa Francisco, promotor de la dignidad humana, si se denuncian violaciones? ¿Puede el pedido del Tribunal remediar las deficiencias estructurales del sistema judicial del Vaticano? Y de nuevo: ¿puede la orden de Pignatone remediar el daño sufrido por los indagados y los acusados? Estas son las dudas de los observadores internacionales, entre ellos Moneyval, el comité de expertos en lucha contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, que no dejan de constatar que el Vaticano utiliza códigos obsoletos, no acordes con las normas de derechos humanos y que incluso se aplican sin tener en cuenta las garantías que ofrece el derecho canónico, primera fuente de legislación en el Vaticano. Todavía está el Papa-Rey, el papa Francisco, que interviniendo en el proceso, se ha comportado como tal. Pero esto puede ser contraproducente. Porque aunque el fiscal renuncie a sus argumentos, las reclamaciones de quienes han sido injustamente acusados y perjudicados por otros motivos no serán ciertamente anuladas. Y así, la Santa Sede podría tener, además del daño, la burla.


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