“Para debilitar aún más la influencia de la educación familiar se suma también hoy en día el hecho de que, en casi todas partes, se tiende a alejar al niño, cada vez más y desde más temprana edad, de la familia”. Estas palabras son de gran actualidad. Critican el creciente lugar que está tomando el Estado en la educación, siempre con el pretexto de un mejor para el niño. Sin embargo, ¡fueron escritas hace casi 90 años por el Papa Pío XI!
¿Quién es responsable de enseñar y educar a los niños? La respuesta a esta pregunta parece estar resuelta en Francia desde la Revolución Francesa: es el Estado el que reclama y se establece el monopolio de la educación, después de haber dudado durante mucho tiempo entre la "instrucción pública" y la "educación nacional". De hecho, dependiendo del período, todavía correspondía a los padres y a la Iglesia educar a los niños.
Dado que las congregaciones de enseñanza fueron expulsadas del país a finales del siglo XIX, el Estado ocupó, de hecho, el lugar de la Iglesia para enseñar a la mayoría de los niños en Francia. Hoy asume la instrucción y la educación para garantizar un molde de vida social común. Los diversos totalitarismos del siglo XX son parte de este patrimonio y, en el siglo XXI, casi todo el mundo está convencido de la validez de esta situación. Desde el final del Primer Imperio que estableció el monopolio estatal, ningún régimen ha cuestionado esta situación. Puede resultar interesante consultar el Magisterio de la Iglesia para conocer la perenne doctrina católica sobre esta cuestión.
Es precisamente el Papa Pío XI quien, el 31 de diciembre de 1929, publicó una encíclica completa sobre educación: Divini illius magistri, de la que se toman las siguientes citas. En particular, recuerda los respectivos roles de las diferentes sociedades (Iglesia, familia, Estado) en el campo de la educación infantil. Basta con desplegar la declaración pontificia para recordar los principios beneficiosos para la sociedad y para las personas que deben inspirar por sí mismos a los servidores del bien común, independientemente de las situaciones concretas e históricas de cada país.
1 ° La misión de la Iglesia
La Iglesia, que es la sociedad más perfecta por su orden sobrenatural y su fin, tiene dos títulos distintos que justifican su deber de educar a la juventud:
2 ° La misión de la familia
La Iglesia recordó este deber paterno en el Código Canónico de 1917: “Los padres tienen la obligación muy seria de velar, con todo su poder, sobre la educación religiosa y moral, así como la física y cívica de sus hijos; también deben proveer para su bien temporal” (canon 1113), canon al que corresponden los cánones 793 y 1136 del código de 1983.
El Papa Pío XI insiste en el serio deber que tienen los padres de velar por el alma de sus hijos eligiendo una buena escuela:
La familia tiene el primer derecho sobre el niño y, en consecuencia, el deber de asumir esta función educativa. Sin embargo, esto no otorga a los padres ningún derecho sobre sus hijos, sino el que se deriva de su deber de llevarlos a su fin. “De ahí no se sigue que el derecho a la educación de los hijos sea absoluto o arbitrario de los padres, porque queda indisolublemente subordinado al fin último y a la ley natural y divina”.
Entonces, ¿qué lugar se reserva al Estado en la labor educativa?
3 ° La misión de la sociedad civil
Y más precisamente, ¿qué derechos pertenecen a la sociedad civil?
Los derechos en materia de educación de los niños se atribuyen a la sociedad civil, es decir al Estado, "no en virtud de la paternidad, en cuanto a la Iglesia y a la familia, sino en virtud de la autoridad sin la cual no puede promover este bien temporal común, que es precisamente su propio fin. En consecuencia, la educación no puede pertenecer a la sociedad civil de la misma manera que a la Iglesia y a la familia, sino que le pertenece de manera diferente en relación a su propio fin”.
¿Cómo se configura el lugar del Estado junto a la Iglesia y la familia?
El Estado también debe proteger los derechos del niño en caso de que exista una deficiencia de los padres.
El Estado debe eliminar lo que, en la vida pública, sea contrario a la educación moral y religiosa de los jóvenes. Buscará promover la acción de la Iglesia y complementarla según sea necesario.
Finalmente, el estado puede exigir la educación cívica de los niños. Para concluir sobre este tema,
El bien del niño depende, por lo tanto, de una armoniosa complementariedad entre Iglesia y Estado que, lamentablemente, ya no existe desde su separación en 1905.
Casi 115 años después, el Estado pretende ir más allá y consolidar su ideología, una verdadera religión, formando ya al niño lo antes posible y dejando así una huella profunda y duradera en sus futuros ciudadanos, de ahí la rebaja de la edad en educación obligatoria de 6 a 3 años. Por lo tanto, es importante recordar con Pío XI que, sin negar al Estado su misión de velar por el verdadero bien común,
La Porte Latine
¿Quién es responsable de enseñar y educar a los niños? La respuesta a esta pregunta parece estar resuelta en Francia desde la Revolución Francesa: es el Estado el que reclama y se establece el monopolio de la educación, después de haber dudado durante mucho tiempo entre la "instrucción pública" y la "educación nacional". De hecho, dependiendo del período, todavía correspondía a los padres y a la Iglesia educar a los niños.
Dado que las congregaciones de enseñanza fueron expulsadas del país a finales del siglo XIX, el Estado ocupó, de hecho, el lugar de la Iglesia para enseñar a la mayoría de los niños en Francia. Hoy asume la instrucción y la educación para garantizar un molde de vida social común. Los diversos totalitarismos del siglo XX son parte de este patrimonio y, en el siglo XXI, casi todo el mundo está convencido de la validez de esta situación. Desde el final del Primer Imperio que estableció el monopolio estatal, ningún régimen ha cuestionado esta situación. Puede resultar interesante consultar el Magisterio de la Iglesia para conocer la perenne doctrina católica sobre esta cuestión.
Es precisamente el Papa Pío XI quien, el 31 de diciembre de 1929, publicó una encíclica completa sobre educación: Divini illius magistri, de la que se toman las siguientes citas. En particular, recuerda los respectivos roles de las diferentes sociedades (Iglesia, familia, Estado) en el campo de la educación infantil. Basta con desplegar la declaración pontificia para recordar los principios beneficiosos para la sociedad y para las personas que deben inspirar por sí mismos a los servidores del bien común, independientemente de las situaciones concretas e históricas de cada país.
LA MISIÓN DE CADA EMPRESA
1 ° La misión de la Iglesia
La Iglesia, que es la sociedad más perfecta por su orden sobrenatural y su fin, tiene dos títulos distintos que justifican su deber de educar a la juventud:
● La misión y la autoridad del magisterio que Cristo le dio le confieren un derecho inviolable al libre ejercicio de este magisterio. Su misión es enseñar la Verdad (Dios mismo) y toda la verdad revelada por él.● Su maternidad sobrenatural por la que engendra, eleva y nutre las almas en la vida de la gracia. Es responsable de darles todos los medios sobrenaturales necesarios para la salvación: las verdades para creer, los deberes para practicar, las herramientas sobrenaturales para lograr este fin sobrenatural conocido por la fe y deseado por la voluntad movida por la gracia.
Las consecuencias son:
● la independencia de la Iglesia frente a todo poder terrenal, tanto en el origen como en el ejercicio de su misión educativa y● el derecho a juzgar y utilizar todos los conocimientos, como medio para ser empleados o no frente al fin sobrenatural que es propio.
La subordinación de los fines naturales del hombre a su fin sobrenatural se encuentra en la jerarquía de las sociedades naturales (familia y sociedad civil) frente a la sociedad sobrenatural que es la Iglesia.
Esto resultará en una verdadera armonía y armonía entre estas prerrogativas de la Iglesia y los derechos de la familia y de la sociedad civil.
“Por tanto, es de derecho que la Iglesia se convierta en promotora de las letras, las ciencias y las artes, en la medida en que todo ello sea necesario o beneficioso para la educación cristiana en cuanto a toda su obra de salvación de almas, incluso fundando y manteniendo sus propias escuelas e instituciones en todo tipo de ciencia y todos los niveles de cultura”.Esta misión es, además, de gran ayuda para las familias y no puede causar ningún daño al orden civil ya que la Iglesia busca llegar a un entendimiento con el poder público para el bien común.
“Debemos considerar el ejercicio de este derecho no como una injerencia ilegítima, sino como una ayuda preciosa de la solicitud maternal de la Iglesia, que protege a sus hijos de los graves peligros del envenenamiento doctrinal y moral”.Finalmente, su misión es universal: “Enseñar a todas las naciones” (Mt 28,19). En sí misma, le da a la Iglesia el derecho de difundir la verdad a todas las poblaciones.
Esto resultará en una verdadera armonía y armonía entre estas prerrogativas de la Iglesia y los derechos de la familia y de la sociedad civil.
2 ° La misión de la familia
“En primer lugar, la misión educativa de la familia coincide admirablemente con la de la Iglesia, ya que ambas proceden de Dios de manera muy similar. De hecho, en el orden natural, Dios comunica inmediatamente a la familia la fecundidad, el principio de la vida, por lo tanto el principio del derecho a la forma para la vida, al mismo tiempo que la autoridad, el principio del orden”.La familia recibe el derecho a la educación antes que cualquier derecho de la sociedad civil sobre el niño. "El hijo es por naturaleza algo del padre" (Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, HH, q. 10, a. 12). Por lo tanto, la familia conserva el derecho a la educación hasta que el niño pueda mantenerse por sí mismo.
La Iglesia recordó este deber paterno en el Código Canónico de 1917: “Los padres tienen la obligación muy seria de velar, con todo su poder, sobre la educación religiosa y moral, así como la física y cívica de sus hijos; también deben proveer para su bien temporal” (canon 1113), canon al que corresponden los cánones 793 y 1136 del código de 1983.
El Papa Pío XI insiste en el serio deber que tienen los padres de velar por el alma de sus hijos eligiendo una buena escuela:
“Por naturaleza, los padres tienen el derecho de educar a sus hijos, pero también tienen el deber de llevar su instrucción y educación en perfecta armonía con el fin por el cual los recibieron por bendición de Dios. Por lo tanto, los padres deben utilizar todas sus fuerzas y energías perseverantemente para hacer retroceder cualquier tipo de injusticia en este orden de cosas, para tener el reconocimiento absoluto del derecho que tienen a criar a sus hijos de manera cristiana, como es deber, y sobre todo derecho, a rechazar aquellas escuelas en las que existe el peligro de que beban el veneno fatal de la impiedad”, es decir, en las escuelas seculares del Estado y en las escuelas que no son totalmente católicas.Pero es cierto que la Iglesia se ha encontrado, a lo largo de los siglos, con una franca oposición a estos principios.
¿Nace el hombre ciudadano?Una objeción a estos principios nos viene en primer lugar de los estados totalitarios que reclaman prioridad sobre la educación de los niños. El hombre nace ciudadano por primera vez. En efecto, se dirá, ¿no pertenece el niño primero al Estado, a la Nación? como afirman todos los que reclaman el monopolio de la educación de la juventud. La respuesta es más filosófica que teológica: el niño, antes de ser ciudadano, debe nacer. Sin embargo, no recibe vida del estado. Además, ingresa a la sociedad civil no solo, sino a través de su familia.
La familia tiene el primer derecho sobre el niño y, en consecuencia, el deber de asumir esta función educativa. Sin embargo, esto no otorga a los padres ningún derecho sobre sus hijos, sino el que se deriva de su deber de llevarlos a su fin. “De ahí no se sigue que el derecho a la educación de los hijos sea absoluto o arbitrario de los padres, porque queda indisolublemente subordinado al fin último y a la ley natural y divina”.
Entonces, ¿qué lugar se reserva al Estado en la labor educativa?
3 ° La misión de la sociedad civil
Y más precisamente, ¿qué derechos pertenecen a la sociedad civil?
Los derechos en materia de educación de los niños se atribuyen a la sociedad civil, es decir al Estado, "no en virtud de la paternidad, en cuanto a la Iglesia y a la familia, sino en virtud de la autoridad sin la cual no puede promover este bien temporal común, que es precisamente su propio fin. En consecuencia, la educación no puede pertenecer a la sociedad civil de la misma manera que a la Iglesia y a la familia, sino que le pertenece de manera diferente en relación a su propio fin”.
¿Cómo se configura el lugar del Estado junto a la Iglesia y la familia?
“El derecho, en efecto, que tienen [los padres] de educar a sus hijos, como hemos dicho anteriormente, no es absoluto ni arbitrario, sino que depende de la ley natural y divina; por lo tanto, está sujeto al juicio y autoridad de la Iglesia, y también a la vigilancia y protección jurídica del Estado en lo que respecta al bien común; y, además, la familia no es una sociedad perfecta que posea en sí misma todos los medios necesarios para su mejora. En un caso tan excepcional, el Estado ciertamente no reemplaza a la familia, pero compensa lo que le falta y lo provee por los medios adecuados, siempre de acuerdo con los derechos naturales del niño y los derechos sobrenaturales de la Iglesia”.Por ser responsable del bien común, la sociedad civil tiene el derecho de escrutinio y autoridad sobre las familias, sin que esto las prive del derecho a educar a sus hijos. Esta autoridad permite asegurar la ordenación por el bien común de todos los ciudadanos que integran las familias gobernadas.
“Este bien común de orden temporal consiste en la paz y seguridad de la que gozan las familias y los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y al mismo tiempo en el mayor bienestar espiritual y material posible en esta vida, gracias a la unidad y coordinación de los esfuerzos de todos”.Si tiene derechos, el Estado también tiene, en materia de educación, el deber de proteger por sus leyes el derecho anterior de la familia a la educación cristiana del niño y, en consecuencia, respetar el derecho sobrenatural de la Iglesia sobre esta misma educación. “La función de la autoridad civil que reside en el Estado es, por tanto, doble: proteger y promover a la familia y al individuo, pero sin absorberlos ni reemplazarlos”, explica Pío XI, todavía en la misma encíclica.
El Estado también debe proteger los derechos del niño en caso de que exista una deficiencia de los padres.
El Estado debe eliminar lo que, en la vida pública, sea contrario a la educación moral y religiosa de los jóvenes. Buscará promover la acción de la Iglesia y complementarla según sea necesario.
“Es por tanto injusto e ilegal todo monopolio de la educación y la enseñanza que obligue física o moralmente a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas públicas, contrariamente a las obligaciones de la conciencia cristiana o incluso a sus legítimas preferencias”.Cualquier monopolio de la educación por parte del Estado sería, por lo tanto, una grave injusticia, aunque se reservara justamente la gestión de las escuelas necesarias para su buen funcionamiento: escuelas preparatorias para determinados servicios públicos, como el ejército, la policía, la administración.
Finalmente, el estado puede exigir la educación cívica de los niños. Para concluir sobre este tema,
“Por lo tanto, considerando sólo sus orígenes históricos, la escuela es por su naturaleza una institución auxiliar y complementaria de la familia y de la Iglesia; partiendo de una necesidad lógica y moral, la escuela no sólo no debe ponerse en contradicción, sino armonizarse positivamente con los otros dos ambientes, en la unidad moral más perfecta posible, para constituir con la familia y la Iglesia un único santuario dedicado a la educación cristiana. De lo contrario, perderá su fin para convertirse, en una obra de destrucción”.Conclusión
El bien del niño depende, por lo tanto, de una armoniosa complementariedad entre Iglesia y Estado que, lamentablemente, ya no existe desde su separación en 1905.
Casi 115 años después, el Estado pretende ir más allá y consolidar su ideología, una verdadera religión, formando ya al niño lo antes posible y dejando así una huella profunda y duradera en sus futuros ciudadanos, de ahí la rebaja de la edad en educación obligatoria de 6 a 3 años. Por lo tanto, es importante recordar con Pío XI que, sin negar al Estado su misión de velar por el verdadero bien común,
“La misión educativa pertenece ante todo, sobre todo y en primer lugar a la Iglesia y a la familia; que le pertenece por derecho natural y divino, por lo tanto inevitablemente, sin derogación y sin posibles reemplazos”.
La Porte Latine
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