ABORTO EN EL SENADO: PRIMERA RONDA DE EXPOSITORES INVITADOS

El proyecto de aborto con media sanción de la cámara baja comenzó a ser estudiado en el Senado por un plenario de las comisiones de: Banca de la Mujer, Justicia y Salud. Es cuanto menos curioso que un debate impulsado desde el oficialismo como tema de “salud pública”, no tenga –al igual que en 2018- como cabecera a la comisión de Salud, la única entre las comisiones involucradas presidida por un senador que no apoya la legalización del aborto.

Ayer, en la reunión inicial, disertaron los funcionarios que trabajaron en la redacción del proyecto: Vilma Ibarra, Secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Ginés González García, Ministro de Salud y Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que reiteraron lo expuesto en Diputados. Hoy se abrieron las rondas de expositores invitados:

Pablo Garat, Rector de la Facultad de Derecho (UCA): Destacó que se está discutiendo el texto que viene en remisión de Diputados y que “ese proyecto –sin entrar en las consideraciones que ya se han hecho en la cámara baja- tiene que superar: 1) el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional, 2) el test de convencionalidad respecto a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional -que obligan a la Argentina internacional e internamente- y 3) el test de congruencia con los códigos de fondo. Enfatizó que “todo nuestro orden jurídico se apoya en la regla del ‘interés superior del niño’, que no sólo surge de la Convención de los Derechos del Niño y de su Protocolo facultativo, sino también de la Ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de Niños y Adolescentes”. Reivindicó fundadamente la declaración interpretativa que le hizo Argentina a la Convención y subrayó que las recomendaciones de los comités de seguimiento no sólo no obligan, sino que, además, se deben subordinar al texto de los tratados.

Ricardo Gil Lavedra, abogado constitucionalista y ex diputado nacional: Dijo que los puntos principales a considerar son: 1) la cuestión constitucional, 2) cuál es el alcance de los derechos de la mujer y 3) la cuestión de salud pública. Para Gil Lavedra no hay norma que impida legalizar el aborto. “Un embrión no es una persona” y el “no nacido no es un ser humano”. “Durante el embarazo hay un proyecto de vida”. “Hay que elegir entre clandestinidad y acceso a la salud”.

Úrsula Basset, Doctora en Ciencias Jurídicas (UCA): “Si todas las leyes conforman una conciencia social y un proyecto de país, en esta ley de esa idea de país emergen asuntos cruciales, porque regula la posición de dos sujetos de vulnerabilidad diversa en el derecho y, sobretodo, una idea de paternidad y de maternidad”. “Una idea de cuidado y acompañamiento del sufrimiento humano en situaciones desesperadas y una respuesta que el estado y la sociedad quieren dar a embarazos vulnerables o no deseados”. “Los médicos hacen su juramento hipocrático y los abogados juramos por la Constitución Nacional y nuestra Constitución, explícitamente y sin lugar a dudas, proteger la vida desde la concepción y obligar, literalmente, al estado a proteger al niño desde el embarazo”.

Andrés Gil Domínguez, constitucionalista: Abordó la “compatibilidad entre el proyecto y la Convención de los Derechos del Niño”. Enfatizó que el estado argentino “realizó una declaración y no una reserva”. “Las reservas y declaraciones no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado”, puntualizó. Dijo que el objeto y fin del tratado quedan establecidos por la textualidad del tratado, pero también por los órganos de aplicación. Para Gil Domínguez el objeto y fin del tratado -respecto al proyecto- lo precisa el Comité de los Derechos del Niño, que a la Argentina le pidió más de una vez la legalización del aborto.

María Florencia Álvarez Travieso, politóloga: Aclaró que hablaba como mujer peronista que apostó “por este Gobierno de coalición que dijo que iba a poner a la Argentina de pie”, pero, para eso, acotó, “hay que gobernar junto al pueblo”, “hay que salvar la mayor cantidad de vidas” y “hay que concretar la doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables”. “Los pobres requieren opciones de vida digna no un proyecto de descarte”. Aseguró que Perón y Evita trazaron “un camino claro en la defensa de los niños por nacer” y recordó frases históricas. Mencionó que Carlos Menem y Néstor Kirchner rechazaron el aborto y que Cristina Fernández de Kirchner incorporó el art 19 del Código Civil que protege la vida desde la concepción, otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación, y creó la Asignación Universal por Embarazo. “Los peronistas conocemos de ausencia, de dolor y de muerte y jamás olvidamos la prioridad de defender a los más débiles”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuajo nuestra identidad”.

Gala Díaz Langou, CIPPEC: Afirmó que el 60% de los embarazos no son intencionales y que esa cifra asciende al 68%, en menores de 20 años. Enfatizó que la criminalización del aborto “repercute sobre las trayectorias vitales de las personas”. Dijo que tres de cada cuatro jóvenes que no estudian ni trabajan son chicas que tienen a su cargo el cuidado y añadió que las mujeres de sectores vulnerables dedican en promedio 8,5 horas a esa tarea. “La ley va a reducir las desigualdades”.

María Elena Critto, socióloga: Indicó que las muertes por aborto representaron en 2018 el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil y que hubo 257 muertes maternas de las cuales sólo 19 (7%) se vinculan al aborto procurado. Negó que la legalización del aborto reduzca la mortalidad materna y destacó que en el país se vienen reduciendo los egresos hospitalarios por aborto.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS: aseguró que “la estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres” y que la política criminalizadora “profundiza las desigualdades sociales y lleva a la clandestinidad y a la muerte”.

Alberto Bianchi, constitucionalista: “Estamos frente a una ley que marca una política pública, la del aborto”. “Esta ley está presentada como una ley de derechos, pero es también una ley de obligaciones muy graves que lleva a la criminalización y a la cárcel a los que no cumplen con esas obligaciones”. Los invitó a leer la Convención de los Derechos del Niño para ver si en algún lugar encuentran las palabras: interrupción, embarazo o aborto. Agregó entonces “¿quién nos obliga a sancionar esta ley?” “¿los comités internacionales?” y destacó que “el Congreso argentino no se debería sentir obligado por eso cuando ha dicho que “es niño todo ser humano desde la concepción”. Recalcó que eso la ley no lo va a cambiar y que por el contrario se introduciría una contradicción en el ordenamiento jurídico: “la Constitución, la Convención y el Código Civil van a decir una cosa y el Código Penal otra completamente distinta”. Resaltó que se argumenta que esta es una ley “a favor de las mujeres”, pero hay médicas –mujeres- que se oponen al aborto y van a ser víctimas de la ley.

Luciana Sánchez, penalista de “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”: Habló de su experiencia en la organización a la que perteneció durante los diez años que funcionó y destacó que “cuando se prohíbe el aborto también se prohíbe la circulación de ideas”. Mencionó que “menos del 20% de las mujeres aborta luego de la semana 13” y que esta política va a evitar los abortos en etapas avanzadas.

Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida: Comenzó sentando su posición “en contra del aborto generalizado”. Dijo que “se hablado mucho de los riesgos para la salud de la mujer, pero la salud se debe comprender en un todo, considerando no sólo la salud física sino también la psíquica, que, usualmente, es la más dañada en un aborto”. “La vida humana comienza en el proceso de la fecundación, o sea en la unión del óvulo y el espermatozoide y con la multiplicación celular se va desarrollando un nuevo ser, aunque todavía no es persona, es una persona en potencia”. Según el académico, para evitar los abortos hace falta educación sexual y acceso a los métodos anticonceptivos.

Aída Kemelmajer de Carlucci, ex Ministro de la SCJ de Mendoza: Dijo que no hay que “confundir el derecho con la biología”. Para Kemelmajer el derecho tiene en la base, casi como un presupuesto, la noción de conflicto. Afirmó que “no hay derechos absolutos”. Y que en este caso hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción y otro principio que sostiene “el derecho de las personas a llevar adelante su propio proyecto de vida”, el último se llama “autonomía personal”. “La función del legislador es resolver ese conflicto entre la autonomía de la gestante y la vida del feto”. “Ninguno de los dos derechos es absoluto”.

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista: Indicó que “el proyecto sometido a consideración se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden constitucional y debe ser rechazado”. Recordó que ningún tratado reconoce ni expresa ni implícitamente un “derecho” al aborto. Si bien es cierto que diversos comités de seguimiento de los tratados han formulado observaciones y recomendaciones para que se legalice ese “derecho”, dijo, esas no son disposiciones de cumplimiento obligatorio para nuestro país. “Las recomendaciones no generan obligaciones”. “Si los tratados hubieran querido conferir valor obligatorio a las recomendaciones emitidas por los comités, lo hubieran dispuesto expresamente”. “Se dice que la personalidad tiene característica incremental, pero eso contradice a la biología, la persona es la misma desde la concepción hasta su muerte”. “Una declaración interpretativa no pretende modificar al tratado, sino precisar su alcance”. Hay “niño” desde la concepción dice nuestra ley, con jerarquía supra legal, “esta distinción torna irrelevante la distinción que hace el Ministro de Salud entre vida y persona”. “La definición de niño en nuestro ordenamiento incluye a la persona por nacer, esto posee jerarquía constitucional y es un argumento suficiente para descalificar el proyecto por inconstitucional”.

Melisa García, abogada: habló en nombre “de las abogadas feministas y de la Campaña por el derecho al aborto”. Defendió un supuesto derecho a decidir sobre los propios planes de vida. Habló del patriarcado, de la persecución a las mujeres y de la caza de brujas. “Un sistema de decisión social basada en el 'género' perpetúa las asimetrías de poder”. Según García la protección del derecho a la vida es gradual e incremental conforme al fallo Artavia-Murillo de la Corte Interamericana. “Es preciso desarticular la maternidad como mandato”.

Débora Rainieri, abogada, docente e investigadora (UBA-UCA): 1) “cada vida humana se inicia en la concepción según la biología” y añadió que frente a eso el derecho no tiene más opción que reconocer a esa vida como persona y por tanto sujeto de derechos. 2) “Nuestro derecho distingue a las personas de las cosas y no hay una entidad intermedia”. 3) “Hay que distinguir entre los tratados establecidos en el 94 con jerarquía constitucional y los que no la tienen, esos tratados son la Constitución misma”. 4) “Todo el resto del orden jurídico acompaña este orden constitucional”. 5) el proyecto se asienta sobre una falacia peligrosa “¿podemos decir que es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a la autonomía de la voluntad?”. 6) “No hay razones claras para creer que no hay derecho a nacer antes de la semana 14 y sí después de ella, aunque con las restricciones de las causales”. 7) “Este proyecto favorece a varios actores” “A los organismos internacionales que desde hace tiempo quieren esta ley”, agregó que también serán favorecidas las clínicas clandestinas y los hombres que no se quieren hacer cargo de sus acciones. 8) “El proyecto desconoce las consecuencias dañinas que tiene: para las mujeres, la familia y la sociedad”. Habló del trauma post-aborto. 9) “Este proyecto, en aras de defender la autonomía de la voluntad, avasalla el derecho de los médicos a ejercer la medicina conforme a su juramento hipocrático”. Concluyó que el proyecto es inconstitucional e inconvencional.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA: afirmó que el debate se construyó de manera colectiva y que esta discusión no es exprés ya que lleva “décadas de construcción de consensos”. Dijo que la constitucionalidad de la legalización del aborto “no está en discusión” y que por eso nunca se declaró la inconstitucionalidad del art. 86 del Código Penal. Habló de las diferentes formas de legalizar el aborto: por plazos, por causales o mixto. Manifestó que nosotros tenemos un sistema de causales y que ahora vamos a incorporar un plazo inicial en el que se podrá abortar sin expresar la causa.

María Inés Franck, abogada y licenciada en Cs. Políticas: puntualizó que “si se observa con atención el texto, no tiene en miras la protección de la salud de la mujer o la opción de rechazar la consecuencia de una violación o un abuso, por lo menos hasta la semana 14, donde nada de eso está en juego”. Hasta ese momento se podría tratar de la voluntad de la mujer y de “una autonomía absolutizada”. Estimó que “para los casos más dramáticos el Código Penal –guste o no- ya previó la no punibilidad” y que el proyecto añade el aborto libre hasta la semana 14. Destacó que “se coloca a los médicos no objetores en una situación en la que no pueden hacer prevalecer el criterio científico y médico en las decisiones que adopten”. Señaló que transforman a los médicos en meros ejecutores del deseo de la mujer, si no quieren ser perseguidos. Afirmó que no conoce ninguna legislación sobre aborto que se ensañe tanto con la vida del por nacer: se le retacea la información a la madre y se imponen plazos perentorios. “Todos sabemos que desde el primer momento de la concepción estamos ante una vida humana” y “a la hora de votar, esa vida se debe poner en la balanza con todo su peso real”. “La pérdida de una vida no se puede subsanar”. “Sabemos que la vida es una realidad que queremos cuidar, conocemos los problemas que existen y que golpean especialmente a las mujeres, pero entendemos que no se van a resolver cortando por el hilo de la vida del más débil”.

Marta Lamas, “Católicas por el derecho a decidir”, México: Narró que en la Ciudad de México tienen aborto desde hace trece años. “La mayoría de las mujeres piden aborto entre la semana 8 y la 10”. “El 80% de los abortos son medicamentosos, las mujeres reciben información, se hacen el aborto en la casa y regresan después para una revisación médica”. Destacó que los argumentos a favor y en contra son recurrentes y que este tema no se va a resolver, “tiene que haber una decisión de orden político”. Remarcó que la intervención del clero “progresista” en México, le quitó presión a los que tenían que votar.

Alfonso Santiago, doctor en Derecho, profesor de derecho constitucional de la UA: Comenzó enfatizando que el proyecto es gravemente inconstitucional y que debe ser rechazado. “Desconoce el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana, en el que se funda todo el sistema político y jurídico”. “Cada persona, incluidas las por nacer, es un fin en sí mismo, un sujeto no un objeto, es alguien no meramente algo”. “Esa dignidad es igual y común para todos los seres humanos”. “No puede haber ciudadanos de segunda categoría, con una dignidad inferior y cuyos derechos esenciales no merezcan la misma protección”. “Al desconocer la dignidad de la persona por nacer el proyecto desconoce en cierta medida la dignidad de todas las personas humanas”. “La dignidad es universal, común a todas las personas o no es dignidad humana”. “La pretendida doctrina de la personificación progresiva que algunos han sostenido es incompatible con la letra de nuestra Carta Magna”. Le recordó a los senadores que representan a las provincias y que los más de los textos constitucionales provinciales protegen la vida desde la concepción. “Este proyecto nos define como comunidad política y como Nación”. “Defiendan la dignidad humana”.

Alejandro Osio docente de la UNLPAM: aseguró que la Constitución Nacional no prohíbe el aborto. Citó al fallo Artavia-Murillo y a las observaciones de los comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos. Volvió a decir que “la protección de la vida es gradual e incremental y no absoluta”.


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Editora: Lic. Mónica del Río