El presidente Alberto Fernández anunció en la apertura de la Asamblea Legislativa, que dentro de los próximos diez días presentará "un proyecto de ley de ‘interrupción voluntaria’ del embarazo".
"Una ley que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar", sentenció.
"En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva".
Luego, dijo que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas con la pena prevista para el aborto y que recurren a él para ‘interrumpir sus embarazos’. "Por lo que esta amenaza penal no sólo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma sino que, también, ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma", afirmó el presidente abortista.
En su discurso, Fernández se refirió a la “necesidad” de satisfacer las necesidades tanto de aquellas que deciden tener sus hijos como las de aquellas que desean acabar con su embarazo. "Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollen accediendo al sistema de salud", sostuvo.
Simultáneamente, el Poder Ejecutivo lanzará un programa de Educación Sexual Integral y Prevención de Embarazos no deseados.
También anunció que junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviará un proyecto para instaurar el "Plan de los mil días", una iniciativa que, durante dos años, garantizará la atención y el cuidado integral de las mujeres embarazadas de bajos recursos y de sus hijos.
"Por esa vía queremos reducir significativamente las tasas de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neurodesarrollo y la salud de madres e hijos de manera integral",dijo el abortista Fernández.
Durante su gira por Europa, el presidente Fernández confirmó su voluntad de impulsar un proyecto de ley para tratar de que el Congreso apruebe la despenalización del aborto y permitir así que cualquier interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo en los centros de salud públicos.
"El ‘problema’ de Argentina es que todo aborto es clandestino. Yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer, que tal vez “necesite” practicar un aborto, no tiene las condiciones económicas necesarias para pagar “ese tratamiento” y termine en manos de un curandero, que la acaba lastimando y a veces matando", dijo el abortista Fernández.
La iniciativa oficial la diseñaron de manera conjunta los ministerios de Salud, a cargo del tristemente famoso Ginés Gonzáles García; el de Mujeres, ‘Géneros’ y ‘Diversidad’, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, y el de Desarrollo Social que lidera Daniel Arroyo.
Desde las asociaciones feministas y otras agrupaciones a favor del aborto criticaron que el proyecto del Gobierno recoja la posibilidad de que los centros de salud privados y sus profesionales puedan justificar su negativa a practicar abortos alegando objeción de conciencia.
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